Recursos son para reforma laboral a la que se comprometió México.
Ciudad de México.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se pronunció en contra del presupuesto que se preve asignar al Poder Judicial de la Federación para el 2022, en el que la Cámara de Diputados no contempla el gasto para la aplicación de la reforma judicial.
En una conferencia de prensa, Zaldívar señaló que los ajustes planteados por los legisladores al monto solicitado por el Poder Judicial implican la no asignación de 3,000 millones de pesos adiciones, que se pidieron concretamente para el cumplimiento de la reforma de justicia laboral.
Arturo Zaldívar aseguró que mantener una reducción al presupuesto del Poder Judicial puede tener consecuencias internacionales para el Estado mexicano, ya que no se trata de recursos para la operatividad del Poder Judicial, sino para cumplir un compromiso dentro del tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), precisó.
Dijo que los 3 mil millones de pesos que posiblemente no se asignen fueron solicitados para concluir la tercera etapa de la reforma en materia laboral a la que se comprometió México con sus socios comerciales del norte.
“Se está comprometiendo un proyecto prioritario del Estado mexicano, y lo reitero mucho porque no es sólo la Federación, los estados de la Federación o los tres poderes de la Federación, es el Estado mexicano en la comunidad internacional”, aseguró.
“Este elemento es esencial para una relación sana con Estados Unidos, así de simple; sin esto, la relación no camina, eso es lo que está en juego y es importante que la gente lo sepa”, insistió Zaldívar.
El Ministro advirtió que la reforma laboral no es de cumplimiento optativo, sino una obligación constitucional de las autoridades mexicanas, e incumplir esa obligación generaría una serie de consecuencias “muy desfavores” para el país.
“De verdad, no alcanzo a entender yo qué razones pudieron tener quienes dictaminaron el presupuesto para no considerar esencial o relevante algo que es una obligación constitucional”, dijo.
“Exhorto respetuosamente” a los legisladores a que se pueda ponderar la situación, para que los beneficios del T-MEC lleguen a la gente más pobre y no se ponga en riesgo la reactivación económica ni la justicia social.
“Hay muchas necesidades, por lo que todas las instituciones deben actuar con solidaridad y en unidad”, pidió.
Zaldívar agregó que, desde que asumió la presidencia de la SCJN en 2019, el Poder Judicial ejerce 10% menos de presupuesto en términos reales respecto de 2018 y años previos.
Con estos recursos, defendió, se ha logrado mantener el funcionamiento del Poder Judicial, implementando nuevas políticas públicas, y además se está trabajando en la consolidación de la reforma judicial “sin haber pedido un solo peso más de presupuesto”.
Por ejemplo, indicó que, aun con menos presupuesto, se han construido 42 tribunales en 22 entidades y hay reducción en los tiempos de los juicios.
“Con estos recursos hemos logrado todos los resultados (…) Tenemos un presupuesto anual 7,000 mdp menos que lo que se ejercía anteriormente. Los 3,000 mdp que pedimos, aun si se nos asignaran, significan un gasto 4,000 mdp menos que el que se ejerció en 2018”, expuso.
