Por Juan Carlos Hernández A.
La oportunidad que ofrece utilizar la Controversia constitucional en México ha sido de gran ayuda para resolver los excesos, equivocación y desprecio por el respeto a las leyes y por salvaguardar el estado de derecho. Tal es el caso del INE que espera que la Suprema Corte resuelva un problema causado por la Cámara de Diputados, al aprobar un presupuesto insuficiente hacia 2022, y de cara a la posible realización de la consulta de revocación de mandato.
Este proceso con las características y amplitud que se estipulan en la propia Ley Federal en la materia, que, entre otras cosas, exige instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral federal; es decir, alrededor de 160 mil casillas, que es la base del cálculo que se hizo para solicitar la partida precautoria que la Cámara se negó a aprobar. Con el presupuesto asignado hace que sea materialmente imposible la realización de una consulta de revocación de mandato.
En tanto, tras los pronunciamientos que dicen que el INE cuenta con los recursos suficientes y que se usen los sueldos de los consejeros y sus fideicomisos, el órgano electoral ha explicado que eso no es posible, ya que los sueldos están protegidos por el Poder Judicial, y los recursos de los fideicomisos tienen un fin específico ordenado conforme a la ley en la materia, no se pueden destinar a otros fines.
El INE, aclaró que, la controversia constitucional que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el recorte al presupuesto solicitado por el organismo para 2022, precisa que el órgano tiene una serie de obligaciones constitucionales los cuales generan costos, y una consulta de revocación de mandato de forma que garantice la integridad a la que la ley obliga.
Por lo que, se pide que se declare que hay una inconstitucionalidad en el presupuesto tal como fue aprobado, y se ordene a la Cámara de Diputados una reasignación que permita hacer adecuadamente el ejercicio de revocación de mandato. Una y otra se ha explicado que, en caso de que se asigne un monto y no se llegue a realizar la consulta, el dinero regresa a la Secretaría de Hacienda.
Como señala el consejero electoral Jaime Rivera, presidente de la comisión de presupuesto del Instituto “debido a que en la sentencia emitida por el Tribunal Electoral determinó el uso del papel como otro formato para recolectar firmas, se le concedió al INE ampliar plazos para que pueda hacer las verificaciones correspondientes, y será el día 25 de diciembre la fecha límite para que se manifieste la voluntad ciudadana que quiera que se realice la consulta.
Ala vez que recordó que “el INE ha estimado un costo necesario de tres mil 830 millones de pesos, por ello los recursos otorgados por la Cámara de Diputados son claramente insuficientes, por lo que se crea una situación jurídica de incumplimientos, por un lado, se crea la ley de revocación de mandato, y por otro, decidió no dotar de los recursos para llevarla a cabo”
Las controversias constitucionales históricas que se han presentado en México han sido ordinariamente efectivas y generalmente se provoca en muchas de las ocasiones revisar las leyes y legislar en su oportunidad, para garantizar la legalidad en torno a instancias promoventes constituidas en nuestro país. Veremos que venga.
Publicado en la revista Opinión Política y reproducido con autorización expresa del autor.
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