Ciudad de México.- De acuerdo a las nuevas tarifas de transmisión que estableció la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el costo de traslado de las energías renovables, será de entre cuatro a ocho veces más, que el precio actual.

El aumento era uno de los principales reclamos de la paraestatal, la cual denunció en reiteradas ocasiones que el trato que mantenía con las empresas privadas era desfavorable para la entidad pública.

Las empresas afectadas iniciaron operaciones antes de la reforma energética de 2014 y operaban dentro de un esquema conocido como “autoabasto” por el que suministraban a fábricas o comercios.

Bajo este modelo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció como un beneficio a cambio de invertir en infraestructura para conectar las plantas con la red eléctrica, tarifas especiales para el traslado de su electricidad a los consumidores.

Sin embargo las nuevas políticas tarifarias podrían afectar la mitad de toda la capacidad eólica y solar instalada por la iniciativa privada, principal impulsora del auge de la industria verde en el país.

La tarifa pasa de 0.051 pesos por kilowatt hora en junio a 0.27 pesos para la alta tensión, y de 0.101 pesos a 0.89 pesos para la baja tensión, el salto más significativo.

La medida, que no menciona fecha de entrada en vigor, aumenta los costos de 52 plantas eólicas y solares que producen unos 4.200 MW y acumulan una inversión de alrededor de 8.700 millones de dólares.

Pese a suponer apenas un 2% de la electricidad producida, los proyectos agrupan a alrededor del 45% de la capacidad instalada total de energía eólica y solar en el país. Además, hay otros 2.179 MW en construcción que serán potencialmente afectados, con una inversión de casi 5.000 millones de dólares.

Un directivo de una de las empresas líderes del sector afirma que el incremento hará “menos atractivo” el esquema de autoabasto y pondrá en peligro la solvencia de los proyectos.

“No van a ser capaces de hacer frente a sus obligaciones financieras con los bancos. No es raro que el proyecto esté endeudado en un 70% u 80% de la inversión”, explica.

El impacto, además, puede llegar a las empresas, desde tiendas a fábricas, que se suministraban a partir de estas plantas y que, de acuerdo a estimaciones del sector, representan más del 10% del PIB.

Al incrementarse los precios de la electricidad, aumentan los costos de su operación, advierte el especialista Víctor Ramírez, quien ve un doble efecto, inflacionario y de empleo.

“Van a tener que incrementar los precios finales de los productos y servicios que ofrecen y eso también puede sacarlas del mercado”, explica.

El experto apunta a que, como resultado, algunas empresas pueden abandonar el esquema de autoabasto en favor de la CFE.

Este anuncio se da unas semanas después de que la CRE aprobara el aumento de las tarifas, sin publicar el monto exacto del mismo.

Los anteriores cargos, apuntaba el organismo, “no reflejaban los costos justos y proporcionales por la prestación del servicio”.

Por su parte, el director de CFE, Manuel Bartlett, ha repetido en varias ocasiones que busca “piso parejo” respecto a las productoras privadas.

La transmisión pagada por algunas renovables es menor al costo real, asegura Bartlett, y eso ha acarreado a la CFE pérdidas de 22.920 millones de pesos en los últimos tres años, algo más de 1.000 millones de dólares.

Si bien las autoridades ya habían manifestado su intención de aumentar las tarifas, la dimensión y lo súbito del incremento ha disparado las alarmas.

“Se podría haber hecho de forma paulatina y no de golpe o esperar a que terminaran los contratos que tenían una fecha de caducidad”, sostiene Ramírez.

El golpe tarifario amenaza con ahondar la batalla legal en la que está inmerso el Gobierno mexicano tras una serie de decisiones de disputada legalidad para reforzar la eléctrica estatal en detrimento de los productores privados.

Hasta ahora, cada uno de los cambios regulatorios ha sido llevado a los tribunales por las empresas afectadas y luego suspendido.

En un momento en que el Banco Mundial prevé un caída del 7,5% del PIB mexicano para este año, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, advirtió hace dos semanas que con el cambio de reglas “va a seguir lastimándose la atracción de inversiones” y anticipó nuevos amparos judiciales.

“Nos llevará a que una enorme cantidad de personas, de empresas y contadores de servicios que se sienten afectados por esta medida y que pedirán al poder judicial por esta solución”, dijo.

Con información de El País

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