Oaxaca.- La crisis sanitaria distrajo momentáneamente la atención, de otras pandemias que llevan bastante tiempo azotando la entidad oaxaqueña y para las que tampoco hay cura, ni políticas públicas que procuren detener su avance. La violencia de género y la impunidad, son dos de ellas.
El pasado 15 de junio, la organización Consorcio Oaxaca, que defiende y promueve los derechos de las mujeres así como de las víctimas de violencia, denunció una amenaza de muerte en su contra y de una de sus integrantes; madre de una joven foto periodista asesinada en medio de una serie de irregularidades, en donde se involucra a autoridades estatales y al Partido Revolucionario Institucional, Soledad Jarquín.
De acuerdo a la denuncia pública, la mañana del lunes 15 de junio, en la puerta de las oficinas de Consorcio Oaxaca se encontró una bolsa negra con pedazos de carne, al parecer una cabeza de animal.
Al lado de la bolsa se encontraba una cartulina con la inscripción “VAJALE DE HUEVOS PERRA LA PRÓXIMA ES LA TUYA ATTE. CJNG”.
Aunque en el mensaje se hace referencia a un grupo del crimen organizado, las defensoras responsabilizaron de manera directa al Gobierno de Alejandro Murat.
“Es evidente que el Gobierno de Alejandro Murat pretende disfrazar el asunto como un tema del Crimen Organizado, situación que es perversa, como lo es su régimen. Desde este momento responsabilizamos al Gobernador Alejandro Murat, al Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez y a Raúl Ernesto Salcedo Rosales, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, de la vida y la seguridad tanto de Soledad Jarquín, de su familia así como de cada una de las integrantes de Consorcio Oaxaca”, declararon mediante un comunicado.
El colectivo señala que esta agresión puede ser resultado de la campaña “Hasta que la Justicia Llegue” en exigencia de claridad en el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, la fotoperiodista asesinada el 2 de junio 2018 en Juchitán de Zaragoza, mientras cubría una campaña del PRI a la presidencia municipal.
Dicha campaña ha sido impulsada por Soledad Jarquín Edgar, periodista feminista, madre de María del Sol y apoyada por innumerables organizaciones civiles, organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos y embajadas, indicaron.
Agregaron que el proceso de exigencia de justicia para María del Sol ha estado marcado por “constantes ataques” en contra de Soledad Jarquín y las mismas voluntarias.
Asimismo -añaden- durante la campaña, se han presentado varios incidentes de intimidación en contra de la periodista; y por si no fuera suficiente -refiere la misiva- desaparecieron el espectacular colocado en el cerro del Fortín en exigencia de justicia.
“Repudiamos y denunciamos la acción del Gobierno de Murat que ataca de manera contundente nuestra labor, pues sin lugar a duda ello deja en evidencia que nuestra labor nos ha hecho merecedoras de una amenaza de muerte; toda vez que la campaña ”Hasta que la Justicia Llegue” puso en evidencia la impunidad y complicidad de los diferentes niveles del Gobierno de Oaxaca en el caso de María del Sol Cruz Jarquín.”
Consorcio Oaxaca exigió garantías de seguridad e hizo un llamado a la comunidad internacional a estar atentas a lo que devenga posterior a su denuncia, “en relación a nuestra labor, nuestra vida y nuestra seguridad”.
Según cifras de Educación Alternativa y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, durante los tres años de la administración del priista Alejandro Murat Hinojosa, han desaparecido 800 mujeres en Oaxaca. Que se sumarían a las 500 desaparecidas en la entidad desde la década de los ochenta.
De ese total, en 2020 se han denunciado 118 casos, indicaron las organizaciones y colectivos de búsqueda.
En el primer año del priista se contabilizaron 97 desapariciones, sin embargo la cifra se incrementó de manera alarmante a partir del segundo año del gobierno de Murat, alcanzando los 326 casos en 2018 y 259 un año después.
De total, más de 70% de desaparecidas se encuentran en el rango de los 12 a los 25 años de edad. Siendo en su mayoría estudiantes, empleadas y comerciantes.
Desde 2018 a la fecha, destaca el informe, cinco regiones tienen el 81% del total de casos en Oaxaca: Valles Centrales (391), Istmo (84), Papaloapan (66), Mixteca (58) y la Costa (54).
Acorde a Ley General de Víctimas, las autoridades de los tres niveles de gobierno y los tres Poderes Constitucionales, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada, están obligadas a velar por la protección de las víctimas, les proporcione ayuda, asistencia o reparación integral (LGV, 2017). Sin embargo, recalcaron, todos han fallado, lamentaron las activistas.
A este nivel de impunidad que no permite avanzar en las investigaciones, se suma la indiferencia que han mostrado las autoridades, al no haber enviado la terna para elegir al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, como lo establece la Ley en Materia de Desaparición Forzada, aprobada desde hace seis meses en la entidad.
Por su parte, el gobierno del Estado, por medio de la Fiscalía General y de la Secretaría de las Mujeres, externó su preocupación por las amenazas en contra de las defensoras de derechos humanos e informó que, activó los mecanismos de protección a su favor e implementa los procesos de investigación para dar con los responsables de la agresión.
Organizaciones como ONU Mujeres, ONU Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Inmujeres, así como la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, se manifestaron en contra de las amenazas en contra de Soledad Jarquín y las activistas oaxaqueñas, exigiendo se garantice su integridad y el cese a estos actos intimidatorios y violatorios a los derechos humanos de las víctimas y sus defensoras.
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A. C., es una organización feminista dedicada desde hace 17 años a la promoción de los derechos de las mujeres así como a la protección de defensoras y defensores de Derechos Humanos en Oaxaca, en México y en la región mesoamericana.
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