Oaxaca es una de las entidades donde la violencia hacía las mujeres se ha convertido en una verdadera crisis, con más de 560 feminicidios y miles de denuncias por violencia, durante la actual administración que encabeza Alejandro Murat Hinojosa.
Esto a pesar de la declaratoria de Alerta de Género que se emitió desde el 2017, año en que la Secretaría de la Mujer, a cargo de Ana Vásquez Colmenares, debía iniciar con el diseño e implementación de políticas públicas que buscaran prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacía las mujeres.
Sin embargo, lejos de fortalecer el trabajo institucional y brindar seguridad, certeza o acompañamiento a las víctimas, la titular de dicha dependencia se ha limitado a participar en eventos sociales y foros sin trascendencia real en la vida de las oaxaqueñas. Agravando los riesgos que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes a diario.
Muestra de ello fueron las marchas y manifestaciones que se vivieron en la entidad oaxaqueña, así como el reclamo de activistas y víctimas de violencia de género, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Centro de Convenciones de Oaxaca, evento que fue encabezado por el gobernador y su esposa.
Entre las mujeres denunciantes destacó la presencia de Jennifer Barroso, quien desde hace varias semanas ha hecho pública una denuncia en contra de elementos de la Fiscalía General del Estado quienes supuestamente abusaron de ella, por lo que habría sido recluida en un centro psiquiátrico sin su autorización. Señalamientos que según la propia víctima, han sido ignorados por las autoridades, quienes incluso la han revictimizado. Siendo las redes sociales el medio de difusión que le ha permitido atraer la atención.
Su caso, se suma al de decenas de mujeres que ante la indiferencia de las instancias que debieran protegerlas, deben acudir a la difusión pública de sus casos en busca de que alcancen los suficientes “likes” para que sea un tema de interés y atraiga la atención de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de procurar el bienestar de las mujeres, niñas y adolescentes oaxaqueñas.
Como María Elena Ríos, una joven que fue agredida con ácido supuestamente por órdenes de un exdiputado local, sin embargo, debió convertirse en tema nacional para que las autoridades oaxaqueñas le brindaran la atención necesaria. O María del Sol, otra joven, fotoreportera y servidora pública que fue asesinada en Juchitán de Zaragoza mientras descansaba tras una jornada cubriendo una campaña política a la que fue asignada de manera ilegal. Crimen que hoy sigue en la impunidad.
Y aunque la Secretaria de la Mujer, la Fiscalía y hasta el DIF, se han empeñado en negar esta realidad, los reclamos hechos directamente al gobernador y su esposa, son solo algunas evidencias de que aún existe mucho por hacer en la materia y quienes están al frente de dicha tarea, no dan los resultados mínimos esperados.
Según cifras oficiales, del 1 de diciembre de 2016 al 10 de diciembre de 2021, se han registrado 3 mil 168 agresiones en contra de mujeres, niñas y adolescentes. Aunque organizaciones civiles han señalado que la cifra es mucho mayor, indicando que tan solo en el 2021, se presentaron al menos 5,700 denuncias por violencia familiar.
A unos meses de concluir la administración muratista, la violencia hacia las mujeres va en aumento al igual que la impunidad y la falta de capacidad o voluntad institucional para prevenir y resolver esta crisis de inseguridad, que en tan solo dos meses ha dejado más de 20 mujeres asesinadas, incluidas menores de edad y una bebé de 3 años, sin que hasta el momento exista una respuesta contundente por parte del Estado, por el contrario las ha revictimizado y violentado sus derechos.
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