Ayotzinapa: Crimen de Estado

Gemma Reyes

La desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes normalistas del municipio de Ayotzinapa, fue una noticia que le dio la vuelta al mundo en el año 2014 sobre todo por los altos mandos del Ejército que se encontraban relacionados con los hechos.

Las primeras versiones fueron confusas, solo se sabía que un grupo armado de oficiales había disparado en contra de un camión con los estudiantes a bordo, después se dio su desaparición. Nadie tenía una clara idea del por qué estas personas en particular habían desaparecido, ni el por qué del comportamiento de los oficiales.

Este crimen dejó muchas preguntas que el anterior gobierno no pudo responder de forma satisfactoria a los familiares de las víctimas, ni mucho menos al público en general. Sin embargo, esto cambiaría hasta hace unas semanas que se rindió un informe por parte de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual presentaron evidencia audiovisual sobre los hechos ocurridos en el basurero de Cocula, lugar donde se encontraron cuerpos calcinados, que corresponderían a estudiantes normalistas.

La legítima verdad histórica 

En el mes de marzo de este año, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dieron un informe en el cual presentaron videos y documentación militar que estuvo oculta durante los últimos seis años. En las imágenes exhibidas por este órgano, se puede apreciar cómo es que elementos de la marina y PGR manipularon el basurero de Cocula para poder presentar una escena del crimen.

Los datos presentados revelan que desde el 5 de octubre existía custodia del lugar por parte de los policías estatales. El 12 de octubre se presentaron miembros de la SEDENA para realizar una investigación, respondiendo que no habían encontrado nada. Sin embargo, el 27 de octubre se reporta un hallazgo en el lugar. 

Por otro lado, el informe también arroja que los militares tenían conocimiento de tiempo real del paradero de los estudiantes por mensajes del crimen organizado, coincidiendo así con las investigaciones periodísticas donde señalaban que las autoridades tenían información de los estudiantes y que estos fueron monitoreado por los mismos. 

El reporte indica que hay una autoridad superior que estuvo a cargo de la operación con ayuda de la policía de Guerrero, el ejército, policía federal, la marina, servicios de inteligencia y diversas dependencias de la entonces PGR.

También se señala que existió la creación de documentos para legalizar las anomalías que se presentaron en el caso. Incluso se confirmó que la llamada de las personas que confesaron, y señalaron el lugar de los hechos, nunca existió, además de existir casos de torturas en las confesiones de los presuntos involucrados.

Hasta ahora no se conoce el paradero de los estudiantes y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que se investigarán a los elementos, de la marina, involucrados en el caso y que la investigación continuará un año más.

Ayotzinapa: Cronología de un crimen

El 26 de septiembre de 2014 varios estudiantes salieron del municipio de Ayotzinapa, Guerrero, para emprender un viaje por la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México.

Para el comité de planeación era normal que todos los años los estudiantes retuvieran camiones para poder transportarse a su destino. Esto se les informaba a las líneas de camiones las cuales aceptaban esta situación.

Pero todo cambió cuando uno de los camiones tomó una ruta diferente, puesto que este entra a Iguala, el chofer les dijo que los dejaría fuera de la central, sin embargo, entró a la central camionera con todo y los estudiantes a bordo. Esto causó furor en los estudiantes, ya que para ellos era peligroso estar en un lugar cerrado, por lo que llaman a sus compañeros para que puedan ayudarlos a salir. 

En el altercado, los estudiantes aprovecharon para tomar cinco camiones. Después de un tiempo los normalistas se percataron que algunas patrullas los venían siguiendo, posteriormente estas procedieron a abrir fuego contra los estudiantes. Los testigos señalan que entre 25 a 30 policías municipales dispararon contra el camión.

   El oficial a cargo del operativo procedió a amenazarlos con saber su identidad y que tenían que salir lo más pronto posible de Iguala, porque de lo contrario los matarían. Pero ellos tomaron la decisión de no irse, puesto que el camión que estaba atrás de ellos tenía compañeros que estaban detenidos, por lo que para ellos era importante apoyarlos.

Los estudiantes detenidos nunca aparecieron. Y esa misma noche, ocurren otros dos eventos similares.

Coartada del gobierno

El uso de recursos para detener a los estudiantes fue tan grande que llamó la atención de la prensa local, porque elementos de la policía de Iguala, Cocula, Huitzuco, estatales, ministeriales, federal y el batallón 27 de infantería estuvieron involucrados.

La versión oficial de los hechos, según el gobierno, fue que los normalistas planeaban boicotear el evento político de la esposa del entonces alcalde local de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por lo que él decidió emprender un operativo para detenerlos.

Abarca y su esposa se dieron a la fuga, luego de que se emitieran las acusaciones de la Procuraduría General de la República.

Omisión de pruebas

Información de varias investigaciones revela que desde las primeras ocho horas, después de los hechos ocurridos el 26 de septiembre, el Ministerio Público tenía pruebas periciales que incluían casquillos de uso exclusivo del ejército. Incluso se intentó realizar una inspección al batallón 27 de infantería, la cual fue denegada, puesto que el ejército le argumentó a las autoridades que esta situación no era de su competencia. Después de esto, al Ministerio Público de Iguala se le prohíbe hacer la investigación, dejando a cargo a la policía y al gobierno federal.

Basurero de Cocula

El 7 de noviembre de 2014 el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, rindió un informe en el que aseguró que resultado de la investigación realizada bajo su mando, se había encontrado una fosa con varios cuerpos en el basurero de Cocula, los cuales habrían sido calcinado en el lugar. Cerrando de esta manera la investigación y dando la versión “oficial” hacia el público en general y los padres de familia. 

Al emitirse este resultado los padres de los desaparecidos quedaron inconformes, ya que tampoco se les había asegurado que los restos encontrados ahí fueran los de sus hijos. 

No es posible incinerar cuerpos al aire libre

El equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), realizó el 24 de abril de 2016 un informe que contradice los datos oficiales que brindó el Procurador de la República. 

En el informe emitido por los expertos se señaló que era imposible que los cuerpos de los 43 estudiantes pudieran ser calcinados al aire libre, explicando que para poder incinerar un cuerpo se necesitaría de 700 kg. de madera o 310 kg de neumático con una duración de 12 horas para poder quemar un cuerpo por completo. Ahora, para quemar todos los cuerpos de los estudiantes, se necesitaría de 34 mil 100 kg. de madera o 13 mil 330 kg. de neumático con un fuego de una duración de 60 horas. 

De esta manera se desmiente la información oficial brindada por el procurador, quien señalaba que el fuego tuvo una duración máxima de 15 horas, versión que se contradice con lo establecido por el perito experto José Torero, quien participó en la reconstrucción del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. 

Artículo publicado en la Revista POLIGRAFO, Política Gráfica Objetiva del mes de abril 2022.