Ante la creciente violencia y la falta de condiciones de seguridad para que los pasantes de medicina desempeñen su labor, la Universidad Autónoma de Durango informó que sus alumnos no seguirán en lugares en los que “hayan sufrido alguna situación que vulnere o amenace su seguridad o ejercicio libre de sus funciones”.
A dicha medida se sumó la Universidad Juárez del Estado de Durango, la cual informó que procederían “al retiro de médicos pasantes en servicio social de los lugares donde no se cumpla con lo establecido en la Norma Oficial sobre servicio social y campos clínicos, principalmente de las zonas de mayor riesgo en el estado”.
Lo anterior con el propósito de salvaguardar la integridad física de los estudiantes. Esto tras el homicidio de Eric David Andrade Ramírez, un joven de 24 años, pasante de medicina que fue asesinado el pasado 15 de julio en el Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, mientras atendía a un paciente.
Ante el crimen, el gobernador José Rosas Aispuro señaló que se realizarán las investigaciones para esclarecer los hechos y castigar al o los responsables.
El sábado, el mandatario anunció la detención de una persona presunta responsable, al tiempo que se comprometió a reforzar la seguridad en centros hospitalarios y clínicas rurales.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, A.C. (AMMEF, A.C.) publicó un desplegado asegurando que no permitirán “que se sigan vulnerando nuestros derechos, ni que estudiar medicina represente un riesgo para nuestra integridad y nuestra vida”. La misiva fue suscrita por el Colectivo Médicos en Formación, la Asamblea Nacional de Médicos Pasantes de Servicio Social, la Asamblea Nacional de Médicos Internos de Pregrado y la Asamblea Nacional de Médicos Residentes.
Los organismos recordaron que el Servicio Social es el último proceso para poder titularse en la carrera de medicina; una de sus modalidades más comunes en cómo se realiza, es el servicio social rural, el cual se caracteriza por brindar atención a la salud en primer nivel de atención a comunidades, normalmente alejadas y con pobres niveles de seguridad.
Realidad que ha sido ignorada e incluso cuestionada por las propias autoridades federales, quienes han emprendido un programa de importación de personal médico desde Cuba, quienes brindarían apoyo a clínicas y hospitales urbanos, lo que generó diversas críticas en su contra.
En respuesta, el gobierno federal abrió una convocatoria para plazas médicas en distintas regiones del país, siendo precisamente en las zonas de alta marginación y violencia, donde se registraron los niveles más altos de rechazo.
