19 septiembre, 2020

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Arbitraje Internacional ordena a CFE pagar 260 MDD a contratistas

Ciudad de México.- La Corte de Arbitraje Internacional de Londres ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pagar 260 millones de dólares a un grupo de empresas que se vieron afectadas durante el proyecto Chicoasén II, cuyo contrato se rescindió por cuestiones ajenas a ellas.

Las denunciantes son las mexicanas Caabsa, Omega y Dycusa, así como la china Sinohydro, quienes ganaron en enero de 2015 el proyecto para construir una central hidroeléctrica en Chiapas, sin embargo, desde el comienzo de la obra se reportaron bloqueos y agresiones por parte de grupos ejidales y sindicales de la CTM, un sindicato afín al PRI.

La central, que tendría capacidad para generar 240 megawatts, se iba a construir bajo el esquema de Obra Pública Financiada (OPF), por 323 millones de dólares, pero sólo tuvo un avance de 23 por ciento debido a varias interrupciones durante la ejecución de los trabajos.

El último bloqueo se liberó el 21 de junio del 2017, tras la intervención del Gobierno estatal, sin embargo el 18 de agosto de ese mismo año, los contratistas interpusieron la demanda arbitral por causas imputables a la CFE, que entonces estaba a cargo de Jaime Hernández.

En marzo de 2018, la CFE rescindió el contrato atribuyendo incumplimientos del contratista.

Ahora la CFE, bajo el mando de Manuel Bartlett, impugnará la resolución de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres ante una jurisdicción nacional, pues el fallo se basó en la obligación de liberar el sitio de la obra, lo cual no correspondía a la empresa estatal.

La compañía que dirige Manuel Bartlett Díaz dijo que impugnará el laudo ante autoridades jurídicas mexicanas con base en recursos procesales previstos en el Código de Comercio.

“El resultado adverso se basó esencialmente en el argumento de que, a juicio del tribunal arbitral, CFE no garantizó el acceso al sitio de la obra, la cual fue tomada por grupos políticos de la zona. Lo que evidentemente de ninguna manera constituía una obligación a cargo de esta Empresa Productiva del Estado”, agregó la compañía estatal en un comunicado.

CFE dijo que el caso fue una “herencia litigiosa” del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, la cual encargó el proceso legal a una firma externa de abogados, sin precisar el nombre.

“Se trata, pues, de una herencia litigiosa de la pasada Administración, la que decidió encomendar la atención de dicho procedimiento a una firma externa de abogados”, agregó.

En enero de 2015, el consorcio formado por las firmas mexicanas y la filial de PowerChina SinoHydro ganaron un contrato por 386 millones de dólares para construir la hidroeléctrica en el río Grijalva en Chiapas, con una capacidad de 240 MegaWatts.

Esta planta, que tardaría en construirse 42 meses, entregaría electricidad a 537,000 hogares en el estado sureño.

(Con información de Reforma, CFE y Forbes)