Ciudad de México.- La liberación de José Ángel Casarrubias Salgado alias “El Mochomo”, presunto dirigente del Cártel Guerreros Unidos, señalado como responsable de ordenar el asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; evidenció un nuevo caso de corrupción al interior del Poder Judicial, implicando a varios funcionarios.
La magistrada del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, María del Socorro Castillo Sánchez, ordenó la liberación de Casarrubias Salgado, argumentando que la orden de aprehensión que se ejecutó al detenerlo, era de 2014 y contenía diversos errores técnicos. Además, indicó que no contaba con elementos y pruebas suficientes para culparlo del delito de delincuencia organizada y desaparición forzada.
De acuerdo a información recabada por dependencias de seguridad, para que “El Mochomo” obtuviera su libertad, se pagaron 2 millones de dólares a tres funcionarios del juzgado.
La Fiscalía General de la República confirmó que la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) tiene “autorizadas por un juez competente, intervenciones que señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado, para que decretara la libertad”.
El jueves 2 de julio la SEIDO reveló la conversación telefónica entre Francelia Salgado Patiño, madre de “El Mochomo” y su abogado, Arturo Rodríguez García, quienes refirieron la supuesta entrega de dinero al personal del Juzgado a cambio de la libertad del implicado.
La Fiscalía detallo que con esa información, entre otra, se obtuvo el arraigo del supuesto líder de la organización Guerreros Unidos y adelantó que solicitará una nueva orden de aprehensión en su contra por el caso de la desaparición de los estudiantes normalistas.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha presentado una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre “posibles actos de corrupción y vicios jurídicos” en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, para “deslindar responsabilidades de manera contundente”, puntualizó el organismo judicial a cargo de Arturo Zaldívar.
El presidente Andrés Manuel López Obrador también hizo pública la acusación de corrupción en la liberación de José Ángel Casarrubias.
“Nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad y se tienen las pruebas; o sea, hubo dinero de por medio. Entonces, se va a actuar castigando a los responsables”, dijo el presidente durante su conferencia matutina del jueves.
Después de que Casarrubias dejara el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, fue detenido de nuevo con una orden de presentación de un Ministerio Público Federal de la SEIDO.
El abogado de Casarrubias Salgado argumentó que la aprehensión de su cliente es “ilegal, pues fue privado de la libertad, sin que se le mostrara una orden de aprehensión y presentación”.
Sin embargo, “El Mochomo” se mantendrá bajo arraigo durante 40 días, tiempo que permitirá a la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa terminar las investigaciones y presentar pruebas que lo incriminen por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
José Ángel Casarrubias fue detenido el pasado 24 de junio en Metepec, Estado de México, después de que su propio hermano, Sidronio Casarrubias Salgado, otro supuesto líder de Guerreros Unidos detenido en 2014, declarara que el grupo criminal participó en la desaparición de los 43 estudiantes, sucedida entre el 26 y el 27 de septiembre de ese mismo año en Iguala, Guerrero.
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