Por Juan Carlos Hernández A.
Derivado de las últimas declaraciones desde hace ya 30 días al menos y contando, sobre la motivación de querer hacer modificaciones a la ley electoral, y en la que se proponen entre otros puntos el cambio a la institución electoral que se ha formado a través precisamente reforma electoral 2014 y que la ha fortalecido, en su estructura, proceder y que gracias a ello se sostiene como garante de la vigilancia democrática que hoy por hoy goza el país: el Instituto Nacional Electoral.
Hoy día tenemos que, al tenor de algunas de las actuales narrativas que circulan en la discusión pública, y que parecen propugnar una especie de refundación del modelo electoral, desdeñando las instituciones electorales: INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justo las dos emblemáticas instancias responsables de administrar la elección y de calificarla, en su caso.
Pues bien, resulta que ahora se plantea un cambio de 360 grados, que incluye no solo cambio de siglas (de INE a INEC) sino más allá, pues también se pretende proponer la modificación de sus integrantes a razón de 7 y ya no 11 consejeros electorales, como también de recortar los recursos financieros a los partidos políticos y solo darles para la etapa de campaña electoral. En fin, varios cambios que no se termina de ver las bondades y que solo se argumenta la de una simple: ahorro.
No es una discusión que le competa dar a la autoridad electoral, sino que se tendrá que dar en el Congreso de la Unión, sin embargo, han sido convocados por diversos organismos empresariales y de la sociedad civil, a la reflexión y la defensa del INE, en la cual se hacen extensiva la participación de la ciudanía, a través de redes sociales, entrevistas y llamados de distinta estrategia de comunicación.
La ciudadanía parece tener confianza en la democracia, en ello se manifiesta su participación electoral y ahora también, quizá en la defensa de la institución que es considerada como patrimonio y modelo para organizar elecciones; y se adhieren a la forma de ser representados y fortalecer a las instituciones democráticas que abonan al país estabilidad política.
En todo caso y por salud política en cualquier reforma electoral tiene que ser resultado de un diagnóstico de lo que funciona y de lo que no funciona, no sería loable tomar una recomendación única para de ahí iniciar una análisis o discusión;
por lo que, la discusión y revisión que se genere entorno a los planteamientos de reforma, deberán ser en beneficio y en aumento a las garantías constitucionales para todos: electores, partidos políticos, instituciones electorales, por lo menos, pero no lo contrario.
Habría que preguntar si en verdad es necesaria una reforma electoral, tal como se propone o se ha dado a conocer. Muchos más podrán ser los temas a tratar, empero las elecciones se pueden organizar con la actual y última reforma electoral del año 2014, cuando se cambió de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, (Lgipe) que hoy día rige el quehacer de la organización de los procesos electorales y que da artículo tras artículo, la instrucción cabal del cumplimiento de la misma hacia el órgano electoral, este que es un consolidado hacedor de estabilidad política: El INE.
Ante ello, la simpatía y aceptación ciudadana se manifiesta en pro de su defensa y se manifestará no solo en las vías de canales de comunicación sino de forma presencial, en las calles de las diferentes ciudades del país. Veamos qué se logra, en bien del país y de la democracia. ¡Sea pues!
