26 enero, 2023

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Niegan prisión domiciliaria al exprocurador Jesús Murillo Karam

Murillo Karam dirigió la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Resultado de ella surgió la llamada “verdad histórica”, versión oficial que la actual Fiscalía General considera una fabricación.

El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, acusado de obstaculizar la investigación del caso Ayotzinapa, permanecerá en prisión preventiva justificada.

Un juez federal determinó que Murillo Karam permanezca detenido en la torre médica del centro de detención de Tepepan hasta que su salud se reestablezca de forma completa tras haber sido operado de emergencia en octubre pasado, por lo que fue hospitalizado en diversos centros médicos.

La resolución se da en respuesta a una solicitud hecha por la defensa de quien fuera procurador durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, para que se le otorgara prisión domiciliaria. La cual fue rechazada por el juez argumentando que según las pruebas de la Fiscalía, el estado de salud de Karam ha mejorado.

Los abogados defensores adelantaron que apelarán la resolución, indicando que el estado de salud de su cliente es “reservado y requiere tratamiento”, algo que el mismo juez reconoce al instruir su permanencia en la torre médica, mencionaron.

El juez dio un plazo de tres meses más para el cierre de la investigación complementaria, el cual terminará el 24 de febrero de 2023.

La “verdad histórica”.

Murillo Karam dirigió la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Resultado de ella surgió la llamada “verdad histórica”, versión oficial que la actual Fiscalía General considera una fabricación.

Por ello, el exprocurador fue detenido a finales de agosto, un día después de que el Gobierno de López Obrador reconociera en un informe que la desaparición de los estudiantes fue un “crimen de Estado”.

Siendo el juez Marco Antonio Fuerte Tapia quien determinara que el exfuncionario debe ser juzgado por la supuesta comisión de los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.

Imputaciones que su abogados rechazaron, indicando que muchos de los hechos del caso están sustentados en versiones que, en su momento, pudieron ser sacadas de contexto.

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