26 enero, 2023

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Buscan que Segob aplique política de inclusión para personas de retorno

El Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación, estarán a cargo de los trámites de su incorporación, por lo que bastará con la presentación de la respectiva constancia de repatriación expedida por el Instituto Nacional de Migración para que gocen de los beneficios del Sistema Nacional de Salud.

• La iniciativa del grupo parlamentario de MC reforma las leyes generales de Población, de Salud, y Educación

La diputada María Leticia Chávez Pérez (MC), a nombre del diputado Jorge Álvarez Máynez e integrantes de ese grupo parlamentario, presentó una iniciativa que reforma las leyes generales de Población, de Salud, y Educación, en materia de fortalecimiento de políticas públicas de migrantes de retorno.
 
Los cambios a la Ley General de Población plantean que la Secretaría de Gobernación (Segob) implementará mecanismos para facilitarles la incorporación laboral, escolar y a los servicios de salud, así como orientación, información o guía acerca de los trámites que deberán realizar para reiniciar sus vidas, incluyendo opciones de vivienda
 
Además, la Segob, en coordinación con las dependencias y las entidades federativas, aplicará un modelo de política de inclusión para las personas de retorno en materia laboral, educativa y salud, en el ejercicio de los derechos humanos, que recupere la identidad nacional, cultural y de convivencia, debiéndose reconocer su identidad y la validez de los documentos que así determine la ley.

Añade que deberán recibir atención legal, psicológica, de salud mental y médica, apoyo para la tramitación de documentación que les permita identificarse, como acta de nacimiento, constancia de repatriación, de estudios, y Clave Única de Registro de Población.
 
La Secretaría en coordinación con las Secretarías de Salud, de Educación y de Trabajo y Previsión Social y las entidades federativas promoverá acciones de atención interinstitucional y las facilidades necesarias para brindarles la adecuada incorporación, garantizando sus derechos a través de las personas servidores públicas encargadas de la recepción de algún trámite o gestión.
 
También, para permitir que sea aceptada la constancia de repatriación expedida por el Instituto Nacional de Migración como identificación social.
 
Las reformas a la Ley General de Educación señalan que se prestarán servicios educativos para atender a quienes fueron repatriados y se encuentran en situación de vulnerabilidad y rezago educativo para que concluyan la educación básica y media superior, se otorgarán facilidades de acceso, ingreso, permanencia y egreso, para su reintegración y participación activa de sus derechos.
 
Agrega que la revalidación de estudios podrá realizarse sin que sea necesario la apostilla para documentos de escolaridad; asimismo, se podrá dispensar la apostilla del acta de nacimiento extranjera para el acceso y acreditación de estudios.

Las traducciones de documentos extranjeros podrán realizarse por un traductor común, perito oficial, o por el mismo alumno y en su caso serán válidos los documentos que se realicen de manera electrónica.

Por último, las modificaciones a la Ley General de Salud puntualizan que se deberá atender a las familias y personas que fueron repatriados y no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud. Se incorporarán al Sistema Nacional de Salud de manera inmediata a su ingreso al territorio nacional, con apoyo del Instituto Nacional de Migración y de la Segob, con lo cual gozarán de las acciones de protección en salud.
 
El Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación, estarán a cargo de los trámites de su incorporación, por lo que bastará con la presentación de la respectiva constancia de repatriación expedida por el Instituto Nacional de Migración para que gocen de los beneficios del Sistema Nacional de Salud.

El texto menciona que a su regreso a México, la población expulsada de Estados Unidos se enfrenta a otro sistema de exclusión que se realiza por las propias autoridades del gobierno. Las políticas públicas en torno a las familias retornadas en México son escasas e infructuosas o hasta condicionadas.
 
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Migratorios, para opinión.

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