POR GENARO ALTAMIRANO
Detrás del homicidio de la anciana dueña de un rancho en Santa María Jacatepec, Tuxtepec, para despojar y fraccionar 26 hectáreas forestales, se encuentran involucrados notarios, autoridades municipales y funcionarios del estado, encabezados por el ex director jurídico y el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), Marco Antonio Chávez Arano y Gabriel Cué Navarro.
De acuerdo a una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, los integrantes del Cártel del Despojo en la Cuenca del Papaloapan pretenden poner a la venta los predios despojados, después de talar sin permiso árboles de caoba, cedro y palmera real, en el que se refugiaban loros de cabeza amarilla en peligro de extinción. La acción ya fue frenada por orden ejecutiva del estado.
Como los cabecillas eran autoridades forestales en Sedapa, evitaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a pesar de las solicitudes de la familia despojada.
La Fiscalía General del Estado encabeza la investigación sobre la muerte de la señora María Rafaela Cruz Hernández y/o Rafaela Cruz Hernández, registrada el 7 de marzo del año 2020, en extrañas circunstancias. Según la denuncia penal, la señora fue asesinada en la misma propiedad despojada, ubicada en la carretera de Valle Nacional a Tuxtepec, en la desviación al balneario natural de Arroyo Zuzul, de Santa María Jacatepec. Después habrían certificado una muerte por un paro cardiorespiratorio, debido a una hipertensión. La víctima fue sepultada en el panteón de Jacatepec, en espera de justicia.
En este crimen se señala como autores materiales a Heriberto García Matadamas y a Otilia Melgar Martínez, empleada doméstica de la víctima.
Una vez muerta la dueña, los notarios públicos Jorge Armando Lopez Mier, número 37 con residencia en Salina Cruz y Alejandro José Vidaña Luna, número 106 de Cosolapa, se encargaron de falsificar documentos y formular nuevas escrituras para realizar operaciones de compra-venta. En estos hechos se encuentran involucrados además el presidente municipal de Santa María Jacatepec, el hasta hoy delegado del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca en Tuxtepec, así como el titular de la dependencia, Jorge Armando Zarate Medina, alias “El Ratoncito”.
Asimismo participó el registrador del Instituto de la Función Registral en Tuxtepec, José Pérez Rodríguez y el mismo titular de esa oficina Gilberto Gamboa Escobar, hijo del notario favorito de José Murat.
Los delitos por los que se les acusa son: homicidio, delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsedad de declaraciones, delitos de ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones, suplantación de identidad, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, fraude, despojo de inmuebles, daños, encubrimiento y robo.
Por los mismos documentos falsificados se sabe que las 26 hectáreas se las dividieron Heriberto García Matadamas, la trabajadora doméstica Otilia Melgar Martínez y el ex director jurídico de Sedapa, Marco Antonio Chávez Arano, representante de Gabriel Cué Navarro. Fue el mismo Chávez Arano el que después del despojo celebró una supuesta compra del rancho con el presunto homicida García Matadamas, el 13 noviembre de 2021.
Para devastar los terrenos forestales y poner vigilancia armada en la propiedad, así como para ofertar los lotes, los involucrados buscan la participación de lideres sociales de Tuxtepec.
Con la acción judicial se pretende asegurar el rancho para investigar el homicidio, mientras que por los juzgados civiles se demandó la nulidad y acción reivindicatoria, exigida por la albacea testamentario Maria Teresa Cruz Hernandez, hermana de la víctima, cuya acreditación sorprendió a los despojadores.
La demandante y su familia pidió la protección del Gobierno del Estado para evitar que atenten en su contra, debido a que ya fue amenazada de muerte por los sospechosos del crimen. Por ahora se refugia en domicilios de Oaxaca y Veracruz, ante el temor de ser ejecutada.
Los despojadores habían falsificado una carta poder de esta señora y la cual presentaron al notario público número 26 de Salina Cruz, Emmanuel Roberto Toledo Medina, el 22 de septiembre del año 2000. Dicho fedatario falleció el 19 de febrero de 2019, según datos proporcionados por la Dirección de Notarias, que resguarda sus libros desde el 5 de marzo de 2019, por lo que la operación de los despojadores es increíble.
Las denuncias penales y civiles van contra Gabriel Cué Navarro, a quien se identifica como el cerebro de la acción de despojo.
Cué Navarro llegó a la Sedapa el 16 de abril del año 2020, por indicaciones de Alejandro Murat, como un favor a su primo, el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Bolaños Cacho Cué, hoy aliado de Morena.
Es licenciado en mercados y relaciones internacionales y no sabe nada del campo pero se le asignó la secretaría porque su papá es el dirigente ganadero Gabriel Cué Sacre.
En su función fue acusado de incluir a un familiar directo como beneficiario del programa Mecanización Agrícola donde le fue entregado un tractocamión de 120 que se otorgaron en San Juan Bautista Tuxtepec. Además se le señala de sumar a otros familiares y amigos a la nómina oficial.
Luego de evitar en dos ocasiones rendir cuentas a los diputados de la presente Legislatura, el 31 de agosto pasado compareció y fue atacado a huevazos por campesinos que tomaron el Congreso. En el pleno, los legisladores exigieron su renuncia por falta de resultados, pero Alejandro Murat lo ratificó.
Hoy, Cué Navarro vuelve a pedirle a su primo que lo salve de este asunto criminal, lo que pone a prueba al gobierno de Salomón Jara.
Sin embargo, una muestra de que el gobernador no permitirá esa impunidad la dio a conocer el pasado lunes, en su conferencia de prensa, cuando denunció la venta de aretes de identificación del ganado bovino.
El titular de la Sedapa, Víctor López Leyva, dijo en la misma conferencia que no se tienen evidencias de la entrega de aretes para ganado bovino en Tuxtepec, ya que eran vendidos para que los compradores accedieran al Programa de Fomento Ganadero (Progan), que le da derecho a beneficios económicos de los gobierno estatal y federal.
De acuerdo al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFEO), el programa Fortalecimiento al Sistema Nacional de Identificación Animal Bovino tuvo una inversión de un millón 999 mil 999 pesos por 89 mil aretes, tan sólo en la Cuenca del Papaloapan, región que operó directamente Cué Navarro.
En tanto, en el Istmo de Tehuantepec, se vendieron 52 mil aretes más, que tuvieron un importe por 799 mil 999 pesos. Y finalmente, en la Costa se comercializaron 68 mil aretes tipo bandera con un monto por un millón 19 mil pesos. En estos tres daños al erario, no existe comprobaciones, por lo que se inició una investigación oficial.
En los dos años que estuvo al frente de la Sedapa, Gabriel Cué Sacre manipuló un presupuesto de cien millones de pesos de la federación y un millón del gobierno estatal, tan sólo en materia de sanidad animal y lo cual ya se está investigando tras las actuaciones de la OSFEO.
El ascenso del poder de Gabriel Cué Navarro se lo debe a su primo hermano Raúl Bolaños Cacho Cué.
Los padres de ambos son hermanos: Gabriel Cué Sacre y María del Socorro Cué Sacre. Ellos son hijos de Gabriel Cué Ahuja y Eva María Sacre Ebrahim. Esta es la hermana de Antonio “Tonche” Sacre Ebrahim, papá del ex presidente municipal de Tuxtepec Antonio “El Gordo” Sacre. Es la aristocracia tuxtepecana. Los Sacre son descendientes de libaneses, mientras que los Cué provienen de una familia judía española. Y como todo mal de familia, Gabriel Cué Navarro privilegió la ostentación, exhibicionismo y narcisismo, que lo ha movido a la ambición desmedida.
De ahí que Gabriel Cué Navarro pida la protección del senador, hoy aliado de Morena, para buscar la impunidad con la que se ha manejado.
De esta manera el caso de despojo del rancho en Jacatepec desvela no sólo la diferencia de clases sociales de Oaxaca, sino dibuja la juniorcracia privilegiada por los Murat y la aplicación de la justicia a la que está obligado el gobierno de Salomón Jara, que proviene de la lucha social indígena. Revela también la ambición de uno de los herederos de familias más ricas de la Cuenca, ante la política contra la impunidad, inspirada en los principios juaristas.
Por eso, el Patricio afirmaba que “el primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley; la felicidad común debe ser su norte, e iguales los hombres ante su presencia, como lo son ante la ley; sólo debe distinguir el mérito y la virtud para recompensarlos; al vicio y al crimen para procurar su castigo.”
Ante esta criminalidad de ex funcionarios, Salomón Jara nada debe tener de contemporizaciones con los hombres viciados y con los que se han acostumbrado a hacer su voluntad como moros sin señor.
Estos antiguos funcionarios no pueden soportar el yugo de la ley, porque están acostumbrados al constante empeño del poder absoluto.
Juárez concluía que los servidores públicos nunca deben abusar del poder humillando a sus semejantes, porque el poder termina, pero el agravio perdura. Y la ley los alcanza.
