- SCJN admite a trámite acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B
- Artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no forma parte del proyecto de decreto.
El Senado de la República envió al Ejecutivo federal los artículos aprobados por ambas cámaras del Congreso de la Unión, que forman parte del proyecto de decreto para reformar tres ordenamientos jurídicos y expedir una nueva ley en materia electoral.
La Asamblea aprobó, con 72 votos a favor y 50 en contra, el dictamen por el que no se aprueba la modificación que realizó la Cámara de Diputados al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el pasado 15 de diciembre, por no apegarse a lo dispuesto en el artículo 72, fracción E), de la Constitución Política.
Posteriormente, el Pleno avaló, con 70 votos a favor y 50 votos en contra, un acuerdo por el que el Senado de la República, como Cámara revisora y en coincidencia con el acuerdo de la Cámara de Diputados del 15 de diciembre de 2022, manifiesta su determinación de remitir al Ejecutivo federal:
Única y exclusivamente, los artículos aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para su sanción, promulgación y publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Sin incluir, precisa el documento, el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para los efectos de lo establecido la fracción E, del artículo 72 de la Constitución Política.
Por tal motivo, explicó el presidente del Senado, Alejandro Armenta, el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no se modifica y se mantiene en los términos de la ley vigente.
Además, señaló que el Senado manifiesta su determinación de remitir al Ejecutivo federal, única y exclusivamente, los artículos aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Al hacer uso de la palabra en la discusión en lo general, César Cravioto Romero, senador de Morena, destacó que la oposición lleva nueve meses mintiendo sobre este tema, “a eso se han dedicado los últimos 40 años, y ahora quieren realizar su movilización para frenar esta reforma, que lo que busca es frenar el derroche y la corrupción en el INE”.
Por Acción Nacional, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román expresó que esta reforma está llena de “rencor y odio”, pues el fondo es “debilitar y destruir” al árbitro electoral. Hoy culmina esta etapa legislativa que continuaremos como oposición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado, advirtió que hay un vacío legal en esta sesión, porque se actúa al margen de la Constitución, por lo que consideró que estas acciones son “regresivas, producto de la cerrazón”, parara aprobar “una reforma tóxica, pervertida y antidemocrática”.
Eunice Renata Romo Molina, senadora del PES, manifestó que las y los senadores de oposición no ocupan su tiempo para discutir sobre la eliminación de la cláusula que contiene el proyecto de dictamen, no quieren un sistema de partidos institucional ni que se termine el derroche del dinero de la población, por el contrario, convocan a marchas en favor de un instituto que avaló fraudes electorales.
Del PRD, el senador Juan Manuel Fócil Pérez dijo que el “Plan B” de la reforma electoral es un retroceso para la democracia, los derechos de los ciudadanos, los militantes de los partidos políticos, además de que viola la Constitución y traiciona la lucha histórica de la izquierda. Advirtió que con la reforma se deja sin empleo al 85 por ciento del servicio profesional electoral del Instituto Nacional Electoral.
El senador del Grupo Plural, German Martínez Cazares, mencionó que con la aprobación de la reforma electoral el país está regresando por lo menos 30 años; recordó que en las elecciones de 2006, Andrés Manuel López Obrador exigía democracia, pero con estas modificaciones se atenta contra ella, “yo no hago leña del árbol caído, porque veo crecer un bosque de corrupción, entre la política, la democracia y el crimen que no limita este Plan B”.
Posterior a las cinco rondas de discusión en lo general, las y los senadores de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, Lilly Téllez, Gina Andrea Cruz Blackledge, Estrella Rojas Loreto, Minerva Hernández Ramos, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Erandi Bermúdez Méndez, Julen Rementería del Puerto y Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, presentaron reservas al documento, mismas que no fueron aceptadas por la Asamblea.
De la misma manera, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, el senador Manuel Añorve Baños, del PRI; el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz y Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, presentaron reservas al dictamen, que tampoco fueron aceptadas por las y los legisladores.
Del Grupo Parlamentario de Morena, el senador Ricardo Monreal Ávila, la senadora Martha Guerrero Sánchez y el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, también presentaron reservas al dictamen, las cuales fueron rechazadas por el Pleno, por lo que el dictamen quedó en sus términos.
La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, manifestó que las y los senadores de Morena tienen la consigna de “destruir al INE y a la democracia, porque claramente se quieren robar la elección”.
El senador del Grupo Plural, Gustavo Enrique Madero Muñoz, aseguró que con esta reforma se “mantiene vivo” el contenido de la denominada “cláusula de la vida eterna”.
En tanto, el senador de Morena, Ovidio Salvador Peralta Suárez, indicó que a la oposición la democracia es lo que menos le interesa, “por eso les digo fuerte y claro que el INE si se toca, García Luna si se toca, no más burocracia dorada en este país”.
SCJN admite a trámite acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como diversos Diputados y Senadores integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, contra el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, desechó la presentada por el partido político del Estado de Jalisco denominado Hagamos.
También dictó proveído en el que concedió la suspensión de dicho Decreto para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila, sobre la base de que: i) se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal; ii) contiene modificaciones legales fundamentales y, iii) porque de no concederse, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste.
