Hablemos de política, por Diego Martínez Sánchez / @diegomtzsanchez
La filtración de millones de documentos de la SEDENA en el hackeo conocido como “Guacamaya Leaks” y que fue abiertamente desestimado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha evidenciado nuevamente, la violación sistémica a las leyes y derechos humanos por parte del gobierno federal y particularmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, al realizar espionaje ilegal a civiles, activistas y periodistas.
De acuerdo a la investigación “Ejército Espía”, realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Social Tic, así como los medios de comunicación Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias; documentos oficiales confirman el uso del programa de espionaje Pegasus para intervenir las comunicaciones privadas de defensores de derechos humanos y comunicadores que dan seguimiento a las denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.
Una práctica común empleada por gobiernos autoritarios en contra de la disidencia y oposición, como ocurría en México durante los regímenes pasados, donde el aparato del Estado fungía como ente intimatorio y represor. Algo que fue criticado y constantemente denunciado por los grupos opositores, pero ignorado por el colectivo y en muchos casos, silenciado por la fuerza. Incluso el hoy presidente denunció que antes de ser parte de la oposición, el gobierno federal conocía toda su información, situación que se agravó cuando dejó el PRI y se unió al naciente PRD. Señalando que hasta su familia fue espiada.
Sin embargo, lejos de desterrar esta práctica, el hoy mandatario no solo la defiende, también ataca y denosta a quienes la evidencian y hacen pública, pese a contar con pruebas que demuestran dicha actividad ilícita por parte de la SEDENA.
Cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina por la periodista Nayeli Roldán de Animal Político, el presidente intentó justificar el actuar de la Secretaría de la Defensa argumentando que no es espionaje, sino “inteligencia”, no obstante, la comunicadora no le dejó margen de acción y el titular del Ejecutivo perdió el control. Desesperado comenzó a desacreditar a quienes elaboraron el reportaje, tomando el papel de víctima asegurando que tanto Proceso, como Aristegui, Artículo 19, Animal Político, R3D y Social Tic, siempre han estado en contra de su movimiento.
Por más de 40 minutos, López Obrador trató inútilmente de explicar por qué el ejército viola la Ley para espiar a ciudadanos y sobre todo a los activistas y comunicadores que dan seguimiento a los supuestos abusos que cometen en el ejercicio de sus funciones de seguridad pública. Tampoco pudo aclarar la compra del software de espionaje, algo que había negado en reiteradas ocasiones.
Desde ese día, el presidente y sus huestes, han intentado desacreditar tanto al reportaje como sus autores, no obstante, la realidad es innegable y la evidencia, confirmada por dependencias oficiales, da cuenta del tipo de gobierno que está implementado la Cuarta Transformación, uno donde el ejército controla todos los sectores públicos e incluso privados, empleando los recursos del estado para acabar con la oposición y la critica imparcial, apostando por un adoctrinamiento y control de masas sustentando en ideologías autoritarias y fascistas.
El reportaje, publicado por algunos de los medios de comunicación más importantes del país, los mismos que eran grandes amigos de la 4T cuando evidenciaron la Casa Blanca de Peña Nieto o los negocios turbios de Felipe Calderón; indican que el espionaje por parte del estado tiene su origen en el Centro Militar de Inteligencia, una estructura secreta dentro del Ejército que —según documentos internos— obtiene información a través de “medios cerrados”, y tiene personal especializado e infraestructura tecnológica dedicada a “procesar y obtener información sensible sobre los temas que sean del interés del Alto Mando”, es decir, del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, en quien López Obrador tiene “absoluta confianza”. Activando más alertas sobre el innegable proceso de militarización y militarismo que vive el país, y que advierte un mayor riesgo a las vísperas del proceso electoral del próximo año.
En Corto: Oaxaca y sus 100 días de transformación
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz cumplió sus primeros 100 días de gobierno y lo “celebró” con una marcha por la ciudad y un mitin político en el Zócalo capitalino, emulando pobremente al Presidente López Obrador, incluso en el discurso, culpando al pasado por los fracasos del presente, presumiendo una simulada lucha contra la corrupción mientras la violencia y el caos se apoderan de la entidad, la cual ocupa el primer lugar en feminicidios con al menos 43 mujeres asesinadas durante la actual administración.
Sumadas a las decenas de víctimas que han dejado conflictos sociales, pugnas entre grupos criminales y otros homicidios dolosos que mantienen a Oaxaca con el 100% de impunidad en estos crímenes, de acuerdo con el Índice de Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022. Herencia, claro, de años de desatención, corrupción y fallidas políticas públicas, todas ellas criticadas por quienes hoy ostentan el poder y al menos en teoría, deberían tener la capacidad para dar soluciones si no a todas, al menos a las principales demandas sociales. Sabemos que eso no se logrará en 100 días, pero tampoco se logrará en un sexenio si aquellos que prometieron “otra transformación”, están enfocados en conflictos internos, compromisos políticos e intereses personales, al igual que quienes los precedieron.
Por un lado la carrera presidencial y la “división temporal” entre los grupos que apoyan a los diversos aspirantes y por el otro, la confrontación a nivel local, por los espacios de elección que se renovarán el próximo año: los escaños en el Senado de la República, las Diputaciones federales y locales, así como las presidencias municipales. Todo un botín, el cual se disputan dos grupos, uno el de los funcionarios vinculados con el crimen organizado que buscan impunidad y por el otro, los políticos forjados en el lucrativo negocio del chantaje social. Pero de ellos hablaremos en una próxima edición.
Por ahora dejaremos que el también Presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO), continúe festejando, aunque todo sea una simulación que tarde o temprano, chocará con la realidad. Y ante la ausencia de una oposición, el morenista deberá tener cuidad con lo que sucede en casa, porque más de uno ya se siente gobernador.
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