Hablemos de política, por Diego Martínez Sánchez
El 18 de marzo del 2004, el entonces gobernador de Oaxaca, José Murat Casab fue “víctima” de un ataque armado, al menos así lo intentó hacer parecer el mandatario oaxaqueño. Sin embargo, la inverosímil versión dada a las autoridades fue rápidamente descartada por la extinta Procuraduría General de la República, que concluyó que se había tratado de un “autoatentado” evidenciando una serie de irregularidades e ilegalidades cometidas por las instituciones locales y por el propio Murat Casab, quien fue acusado por falsedad en declaración y manipulación de evidencias.
De acuerdo a su primer círculo, todo se trató de una borrachera fuera de control, no obstante, al ostentar el poder Murat contó con total impunidad llegando al grado de victimizarse y, denunciar una “campaña negra” en su contra orquestada desde la oposición y el gobierno federal emanado de Acción Nacional. Una estrategia que ha ido perfeccionando con los años y que al parecer, enseñó a sus más cercanos colaboradores.
Como el Notario (suspendido), Jorge Merlo Gómez, quien huyó del país al ser acusado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por los delitos de “falsificación de documentos, ejercicio ilícito del servicio público y violación de otras garantías”, por lo que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), emitió una ficha roja para su captura. La cual sucedió en Turín, Italia.
Merlo Gómez es señalado como uno de los operadores del llamado “Cártel del Despojo”, una organización criminal conformada por servidores público, Notarios y representantes populares, dedicada al despojo inmobiliario en diversos estados del país. Siendo Oaxaca su principal base de operaciones y los gobiernos de José Murat y su hijo, Alejandro Murat, las eras de mayor auge y protección para este grupo delictivo.
Tras su captura en Italia, el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó la extradición de Merlo Gómez para ser juzgado por las leyes mexicanas, sin embargo, por razones que aún no están claras, el gobierno italiano lo dejó en libertad sin informarle a las autoridades locales su decisión o las medidas que ésta implica.
El aviso de que gozaba de plena libertad llegó a Oaxaca por voz del propio Merlo quien publicó una serie de videos en sus redes sociales en una clara burla al gobierno estatal, a la Fiscalía y a sus víctimas.
Esto provocó cuestionamientos y reclamos, principalmente a las autoridades, generando un ambiente de confusión que permitió al imputado captar la atención de los medios de comunicación para más tarde aprovechar la difusión al denunciar una supuesta agresión a su familia.
En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el Notario prófugo de la justicia explicó que unas personas ingresaron al domicilio de su madre, una mujer de la tercera edad, a quien le habrían roto la cadera. En el lugar también se encontraba su sobrina de 22 años y 1.5 m de altura, a quien supuestamente maniataron y “posiblemente” le rompieron dos costillas. Afortunadamente, la hija de Merlo Gómez se pudo esconder y ahora se encuentra en Italia con su padre, según lo dicho por él. Mientras su madre y sobrina, siguen el proceso de denuncia y atención con perspectiva de género en la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales donde han recibido las mejores atenciones por parte del Vicefiscal Alejandro Alfonso Ramírez Hernández, quien ocupa el cargo desde el gobierno de Alejandro Murat.
El supuesto ataque, en un país como México, es una historia fácil de creer, al igual que la manipulación de las instituciones, el tráfico de influencias y hasta el sacrificio de amigos o familiares, con tal de mantenerse en el poder y la impunidad. O inventar cuentos tan fantásticos como aquel “autoatentado”.
Declaraciones tan absurdas como la supuesta exoneración por parte de la –inexistente– Corte Internacional Europea y de paso, por el Gobierno de Italia, ante delitos cometidos en Oaxaca.
Ya que según Jorge Merlo, durante seis meses el gobierno italiano y la dichosa Corte, estudiaron su caso y mandaron a traducir el Código Penal del estado de Oaxaca en los artículos referentes a las imputaciones que se le hacen, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales; tomando la decisión de declararlo “no culpable o inocente” de los delitos que se le imputan al no existir evidencias en su contra, por lo que es “libre” en toda la Unión Europea.
Además, aseguró que él había aceptado la extradición de manera voluntaria, pero al escuchar declaraciones del Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, sobre su caso y el combate a la corrupción del sexenio anterior, decidió retirarla.
Según el Artículo 16 del Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana; cuando la persona reclamada manifieste su consentimiento en la extradición, ésta podrá ser concedida con la mera solicitud de detención provisional y sin requerirse la de extradición. Además, establece la irrevocabilidad de dicha decisión.
Mientras que el Artículo 19, refiere que la persona extraditada “no podrá ser sujeta a procedimiento penal, juzgada, o detenida con fines de ejecución de una sentencia, si se encuentra sometida a algún otro procedimiento restrictivo de la libertad personal en el Estado Requirente, por un delito cometido con anterioridad a la entrega y distinto de aquél que dio lugar a la extradición”, a menos que haya regresado voluntariamente.
Por otro lado, el Artículo 12 señala que se pondrá fin a la detención provisional, como la ejecutada contra Merlo Gómez; si, dentro de los sesenta días siguientes a la detención de la persona reclamada, la Autoridad Central del Estado Requerido no ha recibido la solicitud formal de extradición.
No obstante, puntualiza que de presentarse dicho escenario, esto no impedirá la extradición de la persona reclamada si posteriormente el Estado Requerido recibe la solicitud formal de extradición, de conformidad con las condiciones y límites del Tratado.
Por su parte, la Fiscalía oaxaqueña solicitó información a la Fiscalía General de la República y a la Interpol, sobre la situación jurídica de Jorge Merlo Gómez, detenido en Turín el pasado 9 de abril de 2023, pero libre desde fecha desconocida. Dejando en duda el papel que está desempeñado tanto la Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica de la FGR, como el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, principales dependencias responsables del proceso.
Ya que si bien el proceso de extradición suele ser complejo y complicado, cuando existen voluntades puede salir adelante. Pero si se intenta entorpecer, la diligencia no solo se vuelve complicada, se puede tornar imposible. Porque uno pensaría que al ser un gobierno de la Cuarta Transformación el que intenta luchar contra la corrupción de un importante sector político, recibiría el apoyo de la federación y sobre todo, del Presidente López Obrador. Sin embargo, pareciera no ser así. ¿Tendrá algo que ver la buena relación que presumió el titular del Ejecutivo Federal con el exgobernador priista Alejandro Murat?
En unas horas el hoy gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz rendirá su primer informe de gobierno y sin duda el combate a la corrupción e impunidad, deberá ser un tema central.
