Chiapas.- La muerte del político chiapaneco Miguel Arturo Ramírez López a causa del virus COVID-19, resultó en la detención del médico especialista que lo atendió, acusado de “abuso de autoridad” por la hija del finado.
Arturo Ramírez López falleció el pasado 7 de julio en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), en donde fue atendido por el especialista Gerardo Vicente Grajales Yuca.
Pese a los esfuerzos del equipo de salud, no fue posible salvar su vida por los estragos causados por el virus, sin embargo la hija del dos veces diputado local, Karen Alejandra Ramírez Molina, procedió legalmente denunciando al galeno.
De acuerdo a la FGE, Ramírez Molina interpuso en una demanda penal en contra del médico el pasado 18 de julio ante la Fiscalía General del Estado, por el delito de abuso de autoridad al supuestamente solicitarle medicamentos para atender a su padre.
La Fiscalía de Chiapas confirmó que efectivamente, después de haber llevado a cabo diligencias de investigación, a través de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Gerardo Vicente “N” por la posible comisión del delito de abuso de autoridad en Tuxtla Gutiérrez.
Según la FGE, de acuerdo con la carpeta de investigación, Gerardo Vicente “N” “en su calidad de servidor público del área COVID del Hospital de Especialidades Vida Mejor, dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), solicitó a la persona denunciante equipo e insumos para tratar a su padre, siendo que de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado el nosocomio cuenta con los medicamentos y el equipo necesario para atender a los pacientes”.
Y que por estas acciones se le ejecutó orden de aprehensión librada por el juez de control competente, ante quien fue puesto a disposición, acogiéndose al término constitucional y decretando la medida cautelar de prisión preventiva justificada, aseguró la dependencia.
No obstante, familiares, compañeros y activistas, denunciaron irregularidades y abusos de autoridad por parte del gobierno del estado que encabeza Rutilio Escandón, dada su relación con el finado.
Señalaron que Ramírez López era un político influyente en Chiapas, pues había sido presidente municipal de Solosuchiapa, así como diputado local y federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En 2016, asumió el cargo como coordinador de la zona norte de la Entidad, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). También fue presidente de la comisión de Hacienda, cuando a través del Partido Acción Nacional (PAN ) logró el cargo de diputado local en el Congreso de Chiapas.
Actualmente era dirigente estatal del partido local Mover a Chiapas.
Por su parte, compañeros y personal médico, han reconocido a Grajales Yuca como un urgenciólogo destacado en la lucha contra la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19.
Incluso destacaron que ha atendido a políticos, funcionarios y sus familiares, entre ellos la madre del gobernador, Rosa Cadenas, al secretario de Protección Civil, además de algunos padres de diputados locales.
Como jefe del área de Covid, Grajales Yuca atendió también al secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, posteriormente, aunque no era derechohabiente, llegó recomendado y grave el ex diputado local y ex líder del partido Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, quien no sobrevivió al virus.
La esposa del médico denunció que las pruebas contra su esposo son recetas médicas que no llevan su firma, y que todo son dichos verbales de la citada hija del político priista, panista y del verde ecologista; Karen Alejandra Ramírez Molina, quien también ha sido funcionaria del partido que dirigía su padre.
Además señaló que el delito no es grave, por lo que no ameritaba prisión preventiva y de acuerdo al marco del nuevo sistema de justicia penal, le debieron notificar primero para desahogar las diligencias, sin embargo, fue detenido bajo engaños y llevado preso al penal de el Canelo, el pasado sábado 25 de julio al medio día, acusó.
Dijo que el único delito del médico es estar exigiendo a sus superiores, más medicamentos, insumos, equipo de protección, además de ventiladores para los enfermos de Covid-19.
Entre el personal médico empezó a circular un volante donde se exige la libertad del Grajales Yuca y se denuncia irregularidades en el proceso.
“La carpeta de investigación se integró de forma exprés y aún existiendo irregularidades en la integración de la investigación se dictó por el juez una orden de aprehensión que hasta el momento lo tienen privado de su libertad”.
El Comité Ejecutivo de la Sección 50 del SNTSA también se manifestó por la detención arbitraria del Dr. Gerardo Vicente Grajales Yuca y exigieron el debido proceso y no criminalizar el acto médico.
