Ciudad de México.- En una sesión dominada por la mayoría morenista frente a una oposición doblegada o ausente, se aprobó la Ley de Amnistía que permitiría la liberación de reos y “descongestionar los centros penitenciarios”, bajo el argumento de aminorar los casos de COVID-19, al interior de los reclusorios.
Aunque se negoció la inclusión de más puntos en el orden del día, todas las propuestas de las bancadas de oposición fueron tajantemente rechazadas por el grupo parlamentario de Morena y sus aliados.
El proyecto de decreto fue aprobado, en lo general y los artículos no reservados, con 68 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones. Por lo que la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, remitió el documento al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El dictamen señala que los hoy presos, “no generaron un daño grave a un bien jurídico tutelado, ni pusieron en peligro insuperable los derechos fundamentales de terceros, ni pone en evidencia la intención del sujeto activo de volver a delinquir”.
También se reconocería que en ciertos casos, el Estado no garantizó plenamente el derecho a un debido proceso de los indiciados o sentenciados.
“Dicho en otras palabras y de manera contundente, la amnistía reconoce que las cárceles del país hay personas que pudieran ser inocentes o podrían haber compurgado su pena en libertad”, se resalta en el texto.
Establece como uno de sus objetivos principales, el “reinsertar al tejido social a diversos grupos que sufren de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, así como por su situación de pobreza, como es el caso de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que no tuvieron una defensa adecuada”.
El proyecto decreta amnistía en favor de mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto en todas sus modalidades, personas obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales.
Asimismo, se beneficiará a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas.
Se aclara que la amnistía se aplicará para dichos casos, cuando las personas no sean reincidentes, respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, y siempre que los ilícitos mencionados se hayan cometido antes de la fecha de entrada en vigor de este decreto.
Respecto del tema del aborto, se favorecerá a la madre del producto del embarazo interrumpido, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, cuando la conducta delictiva se haya realizado sin violencia y con el consentimiento de la madre.
En cuanto a los delitos contra la salud, la amnistía será procedente cuando la persona que los cometió se encuentre en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, tenga discapacidad permanente, o el ilícito lo haya realizado por indicación de su pareja sentimental, pariente consanguíneo, por temor fundado, o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada.
La ley aplicará para las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores, hasta en dos tantos, a la dosis máxima de consumo personal, y cuando no haya sido con fines de distribución o venta.
Se decretará amnistía a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso, por cualquier delito, no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haberles sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.
Respecto al robo simple y sin violencia, se implementará el ordenamiento cuando no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.
La Ley de Amnistía será procedente en cuanto al delito de sedición, cuando se haya invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas, con el propósito de alterar la vida institucional. No aplicará la ley cuando se trate de terrorismo o haya causado privación de la vida, lesiones graves a otra persona o utilizado armas de fuego.
El dictamen deja en claro que no beneficiará a reincidentes, personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas habitación, entre otros.
El documento fue enviado al Ejecutivo, quien tendrá un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la presentación de la misma, para su promulgación o rechazo.
Discusión
El senador del Grupo Parlamentario del PAN, Damián Zepeda Vidales, mostró su rechazo a la propuesta, a la cual calificó como un “capricho de Morena”. Además, lamentó que la sesión no se convocará para aprobar un plan de rescate económico emergente y de apoyo a la salud de los mexicanos.
Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión de Gobernación, refirió que la aprobación del dictamen debería obedecer a razones humanitarias, asegurando que sus efectos, alcances y beneficios tienen un impacto positivo en la impartición de justicia para los grupos más vulnerables.
También señaló que se estaría abonando al descongestionamiento de las cárceles para aminorar el contagio de Covid-19, al interior de las mismas.
Desde la tribuna., el senador Primo Dothé Mata, de Morena, aseguró que un gran sector de los reclusos es inocente o fueron empujados a cometer delitos por la crisis socioeconómica acarreada por gobiernos anteriores.
“Es moralmente obligatorio para la Cuarta Transformación comenzar con un proceso de remediación para esta situación”, apunto.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria lamentó que en esta sesión se haya “limitado la agenda” y no se atienda la crisis en México ni se trabaje para establecer un plan integral que salve vidas, detenga el deterioro de la economía o mitigue los efectos de la pandemia de coronavirus.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Castro, dijo que se trata de un dictamen muy importante y más ahora en tiempos de la pandemia. Es un acto de humanidad para que aquellas personas, que no obstante haber cumplido el 50 por ciento de su pena y tener buena conducta, no pueden salir por su situación de pobreza o por haber sido víctimas de extorsión, puntualizó.
Por su parte, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, de Acción Nacional, señaló que esta ley tiene cierto grado de nobleza, sin embargo, la propuesta se aborda desde una perspectiva incorrecta, debido a que la población que será liberada cometió delitos que repercutieron en las familias mexicanas. Refirió que no existe un plan alternativo para reinsertarlos a la sociedad que incluya, por ejemplo, un esquema de empleos.
Al presentar cuatro reservas -que fueron rechazadas por la mayoría morenista- la Senadora panista Kenia López Rabadan, denunció desde la tribuna, que el senado obedece a las ordenes del titular del ejecutivo federal.
“Aunque les duela, el Senado de la República hoy está de rodillas ante López Obrador” La autonomía de lospoderes con morena, simple y sencillamente no existe”.
“Muchos de ustedes saben que no estarán aquí, si no fuera por su patrón”, declaró en referencia al presidente Obrador, al reclamar la falta de empatía con la ciudadanía, incluyendo a quienes confiaron en los senadores de Morena.
