Ciudad de México.- Los órganos de inteligencia del gobierno de México, reconocieron que a pesar que la extinta Procuraduría desde el sexenio pasado dijo haber desinstalado el sistema de espionaje Pegasus, no existe una orden directa para dejar de usar el programa que se supone ya no tienen.
A pesar de su oferta de transparencia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha emitido documento alguno para dar por terminado el programa espía Pegasus que le dejó como herencia Enrique Peña Nieto.
Aunque reiteradamente el morenista ha insistido en que esta Administración no ha espiado a nadie, lo cierto es que no existe un documento oficial emitido por la Presidencia que ordene el cese del uso del software adquirido durante el sexenio pasado.
Aparentemente el distanciamiento de este Gobierno con el malware es ficticio, pues a mediados del año pasado, ciudadanos mexicanos fueron infectados utilizando Pegasus, el programa de espionaje creado por la compañía israelí NSO Group.
La empresa siempre ha defendido que solo vende Pegasus a gobiernos. Varias dependencias adquirieron el programa en el sexenio pasado, entre ellas la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y los servicios de inteligencia.
Desde entonces, activistas, periodistas y abogados, apoyados por peritos tecnológicos de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, denunciaron intentos de pirateo en sus celulares. Eran mensajes de texto, de contenido personal, siempre acompañados de un enlace web.
Los peritos certificaron que los enlaces eran en realidad la llave que usaría Pegasus para apoderarse del teléfono, ya que al instalarse en programa en el celular de la víctima, los clientes de NSO Group tenían acceso a todo su contenido.
Alejandro Calvillo, de la organización El Poder del Consumidor, que durante años ha buscado imponer un impuesto a los refrescos, reportó que en 2016 su teléfono fue infectado con el malware y fue uno de los primeros casos que salieron a la luz en el país.
En pocos meses se dieron a conocer más, entre ellos el de periodistas críticos con el Gobierno como Carmen Aristegui o abogados del equipo legal de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Tras el escándalo, la entonces Procuraduría abrió una investigación, sin embargo tres años y un Gobierno después aún no hay resultados.
Las sospechas siempre apuntaron a la propia Procuraduría, y es que las investigaciones periodísticas mostraron los contratos de la dependencia con los intermediarios de NSO Group en México.
A principios de 2019, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) concluyó su investigación sobre la relación de la Procuraduría y el software, y detectó que la PGR había gastado 32 millones de dólares en el programa, que llegó a mencionar que no lo había usado e incluso informó que ya hasta había desinstalado el programa.
Sin embargo, Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales asegura que no tiene sentido gastar millones de dólares para no utilizarlo, y la desinstalación es problemática “porque no está claro qué información se pudo haber perdido, sobre todo cuando hay una investigación en curso”.
En tanto, los servicios de inteligencia siempre han negado haber adquirido el sistema de espionaje, hasta que en mayo pasado, la Secretaría de Seguridad Pública lo reconoció en un comunicado: “El programa Pegasus es una plataforma de origen israelí adquirida en la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto en 2014 por el CISEN, hoy CNI. Su licencia venció en 2017, sin que se renovara posteriormente”.
No obstante, el ataque del año pasado, con afectación a ciudadanos mexicanos, renueva las sospechas sobre el uso que las dependencias han hecho del malware. Si los servicios de inteligencia no renovaron la licencia y la PGR, hoy Fiscalía lo desinstaló, entonces ¿quién estuvo detrás de los ataques de abril y mayo de 2019 en México?
A través de solicitudes de información para saber si la Presidencia emitió en algún momento un memorándum que obligase a las dependencias públicas a desinstalar el programa de vigilancia de sus equipos se encontró lo siguiente:
La Fiscalía General de la República, evadió olímpicamente la pregunta.
El Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN), dice que “no cuenta con registros” de haber recibido esa disposición. Sedena admite no tener “evidencia documental” de tal solicitud. La Secretaría de Gobernación aclara que “no existe ninguna orden” en ese sentido.
Y, la Secretaría de Seguridad, pese al comunicado emitido en mayo, reconoce no haber encontrado registro tras “una búsqueda exhaustiva”.
En tanto que la Consejería Jurídica de la Presidencia asegura que el Gobierno no envió ninguna orden oficial a sus dependencias para cancelar o suspender el uso de Pegasus desde que llegaron al poder en diciembre de 2018.
(Con información de El País y El Mañanero)
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