Por Diego Martínez / @diegomtzsanchez
La detención de Emilio Lozoya y el carácter de testigo protegido que le otorgó el gobierno mexicano a cambio de su colaboración en las investigaciones por diversos actos de corrupción durante la administración de Enrique Peña Nieto y algunos de sus antecesores, es por el momento, el arma política más eficiente de la cuarta transformación.
Sin embargo eso no implica que sea la única o que sus adversarios estén desarmados. Ejemplo de ello es la adelantada batalla entre algunos de los políticos oaxaqueños más renombrados de los últimos años. Tanto por buenos, como por malos, pero sobre todo, por la capacidad que han demostrado para mantenerse aferrados al poder y sus cuantiosos beneficios.
Durante los últimos días los nombres de Ulises Ruiz Ortiz, Salomón Jara Cruz, José Murat Casab y su hijo, Alejandro Murat Hinojosa, quien actualmente es gobernador de Oaxaca; han figurado en los titulares de medios nacionales. Este último, en una intensa campaña publicitaria con la que busca posicionarse como un mandatario exitoso. Idea que se ve opacada por los encabezados que acompañan su apellido y las constantes malas notas que da su administración sobre los problemas que enfrenta la entidad.
Aunque también hay cosas positivas en Oaxaca, y una de ellas es el innegable apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador hacía uno de los pueblos más marginados, explotados y olvidados del país. Haciendo de esa hermosa tierra en el sureste mexicano, un eje crucial en su plan de desarrollo nacional. Lo que ha provocado una lucha por el control político, social y sobre todo, financiero de la entidad, siendo el máximo botín a ganar y para algunos, la puerta a una posible campaña presidencial.
Pero vayamos por partes.
Hace unos días, en un hecho que preocupó a más de un político oaxaqueño, la Fiscalía General de la República emitió órdenes de aprehensión en contra del ex procurador de Oaxaca durante el gobierno de Ulises Ruíz y, de varios agentes ministeriales bajo su mando, acusándolos por desaparición forzada de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario.
La FGR logró la detención de seis elementos y un ex director, quienes enfrentan el proceso desde una prisión en Jalisco, mientras el primer funcionario se encuentra prófugo. Esto generó que los conocidos detractores de Ruiz Ortiz exigieran se le incluya en las investigaciones. Solicitud que ha sido -hasta el momento- ignorada por las autoridades.
Días después, en una campaña mediática local se reavivó la eterna denuncia en contra del actual Senador por Oaxaca, Salomón Jara Cruz, sobre quien pesan señalamientos por la supuesta malversación de recursos públicos, poco más de 1,200 millones de pesos que debió ejercer durante su paso como Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero en el Gobierno de Gabino Cué Monteagudo, y cuyo destino no ha podido comprobar a ciencia cierta.
Aunque Jara ha reiterado que no tiene nada que ocultar asegurando que no ha cometido ningún ilícito durante su vida como servidor público. Sin embargo los señalamientos por desvío de recursos y supuestos nexos con el crimen organizado, son nota constante en la entidad oaxaqueña, parte de una evidente campaña en contra del representante de la cuarta transformación en Oaxaca que busca ser nuevamente candidato a gobernador.
Aunque Jara Cruz ha señalado al gobierno de Alejandro Murat y directamente al área de Comunicación Social, de ser los responsables de financiar y orquestar dicha campaña, hasta el momento no existe una denuncia formal en contra de Murat o alguno de sus funcionarios.
Por su parte, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa también es señalado en diversos medios de comunicación nacionales y locales, por diversos actos de corrupción como la supuesta contratación de decenas de empresas fantasma con el fin de simular facturaciones y desviar recursos públicos. Esquema similar al que habría empleado Billy Álvarez, presidente del Cruz Azul acusado por lavado de dinero; para financiar la campaña de Murat Hinojosa a la gubernatura.
A ello, se suma la aparente participación de su padre y exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab en los sobornos que habría pagado Emilio Lozoya a legisladores y líderes partidistas por órdenes de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, para aprobar las Reformas del Pacto por México, acuerdo que según el propio Murat fue resultado de su intervención directa y sus dotes de negociador.
De acuerdo a las declaraciones que ha hecho Lozoya como parte de su colaboración en las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, Murat Casab habría recibido 84 millones de pesos por ser el intermediario en el proceso de negociación. Aunque tal cifra parece insignificante para un trato de tal magnitud.
Sobre estos señalamientos tanto Murat Casab como Murat Hinojosa, han preferido mantener silencio, quizás confiando que el tiempo y las buenas relaciones con la actual administración federal, borren este mal momento.
En cualquiera de los casos, las acusaciones, denuncias y señalamientos no tienen sustento jurídico -aún-. que permita ejercer acciones en contra de alguno de ellos, y posiblemente nunca lo tengan, ya que el verdadero objetivo pareciera no ser la justicia o el castigo por algún daño causado al Estado y a la ciudadanía, sino alimentar la hoguera en las vísperas de un proceso electoral que definirá el rumbo de Oaxaca y México, durante -al menos– los próximos 10 años. Siendo el preámbulo a una lucha de poder que como siempre, tendrá a los más vulnerables y necesitados, como moneda de cambio y carne de cañón.
Según el plan del Presidente Obrador el sureste mexicano será el motor del desarrollo del país y el sustento tanto social como económico de su plan de gobierno, el cual va más allá de su sexenio y por ello, el control de esta importante región será una prioridad presidencial. Y quien pueda entregarle o al menos garantizarle el control de Oaxaca, podrá escoger con libertad su recompensa.
Durante los próximos meses observaremos la escalada de este conflicto y la integración de nuevos y viejos actores que intentarán mantener o contender por un nuevo cargo de elección popular o representación proporcional. Y como lo ha dicho el propio Presidente, deberán escoger de qué lado estarán.
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