29 noviembre, 2020

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Proponen otorgar estímulo fiscal para empleadores de ex convictos

  • Sería equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado, aplicable al ISR, indica Eugenia Galaz

La senadora Eva Eugenia Galaz Caletti presentó una iniciativa para otorgar un estímulo fiscal al Impuesto Sobre la Renta (ISR), equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado, para aquellos patrones que contraten a personas que estén cumpliendo o hayan cumplido con una pena por la comisión de algún delito o condenados por algún hecho ilícito.

La legisladora de Morena dijo que su propuesta busca crear un incentivo para que las empresas brinden una nueva oportunidad a quienes estuvieron recluidos en algún centro penitenciario o sujetos a algún proceso penal y cumplieron su sanción de alguna otra manera, como el desarrollo de trabajo comunitario.

Cuando este sector de la población queda absuelto, no pueden encontrar una fuente de empleo con facilidad, puesto es común que empleadores y organizaciones soliciten una carta de antecedentes penales para poder considerar a un candidato como idóneo a un puesto de trabajo, además de contravenir la Constitución, esto representa un obstáculo para ellos, apuntó.

Con la modificación al artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se espera que estas personas se incorporen a un empleo formal y, sobre todo, evitar la repetición de delitos para que no regresen a prisión.

Galaz Caletti señaló que, en los últimos años, se adoptó una política que dejó como responsable a los centros penitenciarios de la eliminación de acciones delictivas y la reinserción social, objetivos que no se alcanzaron por las limitantes del sistema.

Refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad, uno de cada cuatro reos que actualmente se encuentran en alguno de los 338 centros penitenciarios del país, es reincidente; mientras que el 44 por ciento declaró haber pasado más de dos años fuera de la cárcel tras cumplir su sentencia.

Además, los delitos por los que fueron sentenciados en la ocasión anterior a su nuevo arresto fueron: robo 60 por ciento, posesión ilegal de drogas 12.9 por ciento, la portación ilegal de armas se ubicó con 9.7 por ciento, lesiones 8.8 por ciento, mientras que los homicidio 5.4 por ciento, apuntó.

La iniciativa se remitió a la Cámara de Diputados.