Oaxaca.- Durante los primeros años de gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa, la administración federal estuvo a cargo de su exjefe y amigo, Enrique Peña Nieto, lo que permitió hacer un uso discrecional de los recursos públicos destinados a Oaxaca.
Prueba de ello son las observaciones no solventadas en la Cuenta Pública Federal del año 2018, en donde Oaxaca muestra un déficit de más de 4 mil millones de pesos sin comprobación, recursos que en gran parte eran destinados para la reconstrucción tras los sismos del 2017.
Pese a los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación para solventar los gastos, así como las facilidades brindadas por la instituciones federales al otorgar plazos ventajosos para presentar la documentación; las autoridades no fueron capaces de comprobar que los recurso se emplearan para el fin que correspondían, por ello, deberán regresar el dinero al gobierno federal, ocasionando otro daño al erario de Oaxaca, una de las entidades con mayores rezagos sociales del país.
De acuerdo al Diputado oaxaqueño e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Daniel Gutiérrez, cerca de 2 mil millones corresponden al Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed), dependencia encargada de la reconstrucción de escuelas, las cuales dijo, “no aparecen”. Así como de Sedatu, dependencia responsable de la reconstrucción.
A ellas se suman Centros de Salud, Palacios municipales, viviendas, obras de infraestructura e incluso las tarjetas que entregó el gobierno de Peña Nieto.
El también integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dijo que estas son algunas de las razones por las que no se aprueba la Cuenta Pública 2018.
Ante esta situación, el legislador de Morena aseguró que como Diputados Federales están pidiendo que se aplique todo el peso de la Ley a los responsables de este daño al erario, “porque es culpable tanto el que desvía recursos como el que no tiene la capacidad para ejercerlo”, espetó al recordar que se aprobó una reforma para inhabilitar tanto a los que roban como a quienes por omisión permiten estas acciones.
Respecto al caso particular de Oaxaca, indicó que se deberán hacer efectivas las observaciones de la Auditoría, lo que implica el reintegro del dinero o en caso contrario fincar responsabilidades, como está sucediendo en la Estafa Maestra, con Rosario Robles, quien se encuentra en prisión acusada por omisiones que derivaron en el desvío de al menos, 5 mil millones de pesos.
