25 febrero, 2021

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Vinculan a políticos mexicanos con la mafia rumana

El gabinete de seguridad del gobierno federal detectó una red de políticos de Morena, PT, PVEM, PRI y PRD, así como de funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo que presuntamente protegen y colaboran con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, el trafico de personas para explotación sexual y a la extorsión de comerciantes.

La información de inteligencia apunta que en esta red de corrupción estarían anteriores gobernadores priistas del estado como Félix Arturo González Canto y Roberto Borge, así como diputados del Partido Verde, además de antiguos alcaldes de la entidad, incluido el de Benito Juárez, cuya cabecera municipal es Cancún.

También se detectó a operadores y militantes de Morena y del Partido del Trabajo.

En un documento presentado en octubre de 2020 en el gabinete de seguridad, destaca el líder del Movimiento Nacional por la Esperanza, y quien fuera asambleísta de la Ciudad de México, René Bejarano, a quien se ubicó según los servicios de inteligencia como uno de los principales vínculos de Tudor.

El documento señala que, a través de varios colaboradores, Bejarano usó a Morena e, incluso, actuó con el nombre del titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador para estafar a ciudadanos y empresarios de Cancún.

En el mapa de vínculos y colaboradores presentado el 29 de octubre en la reunión del gabinete de seguridad, Tudor, también conocido como Rechinu, logró tejer en 14 estados una red de funcionarios y empresas fantasmas que, según con información del FBI y la DEA, le permitieron operar en al menos 15 países, teniendo a Cancún como centro de operaciones.

La presencia de políticos de todos los partidos sobresale en la red de contactos del capo rumano: Del Partido del Trabajo y Morena se identificó a José Luis Jonathan Yong Mendoza, aspirante a diputado local de Quintana Roo por Morena e hijo de José Luis Yong Cruz, a quien las autoridades vinculan con el tráfico de indocumentados cubanos.

Por el Partido del Trabajo se señala a José de la Peña Ruiz de Chávez, actual diputado local en Quintana Roo y a Laura Lynn Fernández Peña, presidenta municipal de Puerto Morelos.

Asimismo, al menos dos alcaldes que gobernaron Cancún están en la mira de las autoridades federales, como Roberto Estrada Barba de la alianza PRI, PVEM, Nueva Alianza, y Greg Sánchez, quien la inteligencia detectó que es acusado por el gobierno de Argentina por presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal por la compra en efectivo de un predio campestre cerca de Buenos Aires, valuado en dos millones de dólares.

El expediente cuenta con datos proporcionados por la DEA, que advirtió al gobierno mexicano que el inicio de operaciones de las células romanas data del sexenio de Félix Arturo González Canto, gobernador de Quintana Roo entre 2005 y 2011, quien colaboró para el establecimiento de estos grupos criminales.

Durante su gestión, el priista fue investigado por la Secretaría de Hacienda por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y la Auditoría detectó un desvío de fondos por 20 millones de pesos.

Después, Roberto Borge, quien actualmente está preso, también dio protección a Tudor para que continuara sus operaciones.

A la par que los políticos que protegían a la banda de Tudor, se encuentran funcionarios de la Fiscalía quintanarroense y policías, como Pablo Mauricio Amezcua, quien fue director de Fiscalización del estado y detenido en 2019 en Miami por posesión de heroína y miles de dólares en efectivo.

Amezcua confesó en Panamá que se dedicaba al lavado de dinero con inversión en desarrollos inmobiliarios. La DEA lo identifica como el encargado de conectar vía Cancún-Rumania el tráfico ilícito de sustancias y la trata de personas con fines de explotación sexual.

También, Jesús Aíza Kaluf, quien fue subdirector de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz y secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez, Quintana Roo, en 2014 y actualmente es accionista de tres empresas y abogó ante la Fiscalía General de la República a favor de Tudor y Adrián Cosmin, su principal socio.

La semana pasada, la Secretaría de Hacienda congeló 79 cuentas, entre las que se encuentran las del rumano Florian Tudor, sus empresas y operadores financieros.

(Con información de Milenio y El Mañanero)

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