Oaxaca enfrenta crisis institucional: Crecen denuncias por corrupción y complicidad en la Fiscalía General del Estado
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca enfrenta una severa crisis de legitimidad debido a un descontento social generalizado. A través de redes sociales y diversos portales de periodismo independiente, miles de oaxaqueños han roto el silencio para evidenciar redes de impunidad que operan desde el interior de las propias oficinas de procuración de justicia.
Las acusaciones son graves y constantes; van desde la revictimización y el maltrato diario en las ventanillas, hasta la colusión abierta de agentes del Ministerio Público, vicefiscales y altos mandos con grupos criminales y redes de despojadores de tierras.
El calvario para los ciudadanos comienza desde el momento en que intentan interponer una denuncia. Decenas de testimonios digitales coinciden en que los agentes ministeriales operan bajo una política de desgaste intencional para obligar a las víctimas a desistir.
Lo más alarmante es el cobro sistemático de sobornos; los usuarios denuncian en plataformas públicas que los funcionarios exigen dinero en efectivo o “moches” para que una patrulla salga a investigar, para agilizar un peritaje o para recuperar vehículos. Incluso para aceptar una denuncia.
Esta inacción y opacidad institucional adquiere tintes delictivos en las Vicefiscalías Regionales del Istmo, la Costa y la Mixteca, donde la ciudadanía acusa directamente a los mandos de congelar investigaciones, filtrar información confidencial y alertar a células criminales sobre órdenes de aprehensión.
Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca tiene bajo la lupa un acumulado histórico de más de 4 mil expedientes de investigación contra servidores públicos de todo el aparato gubernamental del estado. Si bien este universo de carpetas abarca malas prácticas en múltiples dependencias, la Fiscalía General del Estado (FGEO) sobresale de manera crítica por la cantidad de quejas presentadas en su contra.
Estas investigaciones exponen un tejido donde el abuso de autoridad, el cohecho y la complicidad con la delincuencia organizada no son fallas aisladas, sino conductas recurrentes que golpean con fuerza a los ciudadanos vulnerables y a las víctimas de delitos de género.
Por su parte, el Fiscal General del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, ha adoptado una postura discursiva orientada a la reingeniería y la depuración institucional. El funcionario afirma mantener una política de cero tolerancia contra los actos que vulneren los derechos de la ciudadanía.
Bajo esta narrativa, su gestión promueve una supuesta reconfiguración de la policía investigadora mediante procesos de selección de perfiles idóneos. Asimismo, para mitigar el impacto de las denuncias ciudadanas en redes sociales, el Fiscal General impulsa el uso de herramientas tecnológicas alternativas de denuncia digital como el chatbot TEO, con el propósito de identificar malas prácticas e iniciar reportes formales por corrupción de manera directa.
No obstante, a pesar de las promesas de depuración emitidas desde la oficina de Bernardo Rodríguez Alamilla y de las detenciones aisladas de algunos elementos, la ciudadanía oaxaqueña percibe estas acciones gubernamentales como simples simulaciones normativas.
La desconfianza colectiva hacia los órganos de control interno persiste. Quienes han recurrido a las redes sociales exigen auditorías externas completamente independientes del aparato estatal y castigos penales reales para desmantelar de fondo las mafias que operan en las diferentes vicefiscalías del estado.
