Por Diego Martínez Sánchez
Si por desgracia ha tenido que hacer uso de algún servicio médico público en el estado de Oaxaca, entenderá que las carencias en el Sector Salud no son pocas, por el contrario, son abismales y cada día aumentan. Ello a pesar de contar con uno de los mayores presupuestos cada año, así como miles de trabajadores a su disposición, o al menos así lo muestra la plantilla laboral que nos cuesta más de 5 mil millones de pesos anualmente, aunque muchos de estos empleados jamás se han parado en un hospital o incluso, en una oficina de salud.
En caso de que nunca haya tenido que visitar alguno de estos centros de salud, bastaría con hacer una búsqueda rápida en internet para documentar las denuncias por carencias materiales, insumos y personal, hasta noticias sobre mujeres dando a luz en baños o jardines de estas mismas instituciones.
Pero esta situación no es nueva, es consecuencia de décadas de saqueo desmedido.
Desde hace varios años, más o menos inicios del 2006, la entonces Secretaría de Salud de Oaxaca, que ya enfrentaba diversas carencias, se convirtió en agencia de colocación laboral para varios funcionarios, quienes en colusión con los propios Sindicatos, inflaron la nómina a niveles estratosféricos, sin que existieran recursos presupuestados para tal fin. Lo que inició con uno de los peores escándalos de corrupción que ha vivido la entidad oaxaqueña, no solo por el monto que supera los más de 16 mil millones de pesos, también por el tiempo que ha “funcionado” este desfalco.
De acuerdo a las cifras más reservadas, desde el 2007 a la fecha, se han contratado y basificado a más de 7 mil personas que no cuentan con los perfiles idóneos para el cargo, pero peor aún, que no tienen fuente presupuestal, lo que ocasionó que los diferentes titulares que ha tenido la dependencia en contubernio con los líderes sindicales en turno, ocuparan las aportaciones de los trabajadores regularizados para pagar las nóminas infladas.
Esto no solo dejó a miles de trabajadores irregulares viviendo una fantasía, afectó de manera directa el fondo de pensiones de miles de empleados que cumplieron en tiempo y forma su vida laboral, quienes no pudieron (o no han podido) jubilarse cuando ellos pensaban, ya que no se hicieron sus aportaciones a las instituciones correspondientes. Situación similar la que enfrentan aquellos que ven en riesgo su patrimonio al no haberse cubierto las cuotas de vivienda.
Toda esta situación se vivió (o agravó) tanto en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, como en la administración de Gabino Cué Monteagudo y, una parte del sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, quien ha tenido que comenzar a poner orden ante la llegada del INSABI.
Con esta reestructuración impulsada desde el gobierno federal, la administración muratista se ha visto en graves aprietos, ya que al haber hecho acuerdos políticos con las dirigencias sindicales, el despido de toda la base irregular ha sido casi imposible, generando manifestaciones, marchas y plantones por parte de los trabajadores engañados, ya que muchos de ellos incluso pagaron por esas plazas, otro de los grandes males que aqueja todo el sistema burocrático de la entidad y que ha causado pérdidas millonarios al erario público, las cuales aumentan cada año.
Conflicto que se suma al desfile de Secretarios de Estado que ha tenido el gobernador mexiquense, aunque este podría ser el único mensaje de que algo incomodó a las dirigencias sindicales, al grado de movilizar a sus bases para “atacar” directamente a los titulares de la dependencia, algunos de los cuales enfrentaron todo el rigor de la grilla interna, optando por renunciar al cargo.
Desde hace casi 30 días, un grupo de trabajadores de Salud mantienen tomada la Casa Oficial, exigiendo que se continúe pagando la planilla laboral que han inflado desde hace 14 años, sin importar que no exista dinero para ello, y que los recursos que se han empleado hasta el momento, se han tenido que tomar de otros fondos, incluidos los recursos para materiales, insumos, equipo médico, instalaciones y hasta medicamentos, lo que ha provocado más actos de corrupción al interior de los Servicios de Salud.
Además, ha sido la propia corrupción y los procesos amañados, lo que ha generado un estatismo en las rotaciones de plazas, ya que al no poderse jubilar, los empleados no liberan los espacios para nuevas contrataciones cayendo en un circulo vicioso.
No obstante, uno de los problemas más graves y que requiere atención inmediata, es la falta de personal médico y el exceso de administrativos. Ya que en Oaxaca, por cada doctor o enfermera, hay un empleado de escritorio, cuando las cifras internacionales de eficiencia y eficacia en la atención médica a la población, establecen una relación de 4 a uno, escenario que se aleja abismalmente de la situación que viven los Servicios de Salud en el estado.
Según datos del propio gobierno, con al menos ocho sindicatos, los Servicios de Salud cuenta con una plantilla de 18,388 empleados, no obstante, durante la pandemia poco más de cinco mil continuaron trabajando. Demostrando el excedente de personal no médico o de actividades esenciales.
Otro dato perturbador es el incremento en el presupuesto para pagar la nómina de los SSO, pasando de 1,820 millones de pesos en el 2008, a 5 mil 327 millones en 2021. Lo que implica la mayor parte de los 7 mil 716 millones que se etiquetaron de presupuesto total para este ejercicio fiscal.
Sumado a las prebendas que exigen los Sindicatos, que van desde vehículos, recursos para renta de oficinas, terrenos baldíos, renta de locales y la aprobación de contratos leoninos, en perjuicio del Estado, como los de contratación de personal de limpieza y otros proveedores, en donde se pagaban productos y servicios a sobreprecio, con previa autorización de los sindicatos, cuyos líderes se sospecha recibían grandes comisiones. Ya que si algo es cierto, es el cambio de vida que sufren todos los dirigentes sindicales y sus colaboradores cercanos, a unos meses de llegar al cargo, el cual no sueltan hasta que alguien más se los arrebata.
Todos estos gastos implican la reorientación de millones de pesos que deberían emplearse en mejorar las condiciones en que se presta el servicio médico a la ciudadanía; medicamentos, insumos, herramientas y mejores instalaciones. Objetivo que se ha planteado el gobierno federal con el INSABI, por lo que el gobierno de Alejandro Murat deberá entregar la casa limpia y cuentas claras, si es que desea continuar en la gracia del presidente López Obrador, quien de acuerdo a fuentes cercanas a la oficina de la presidencia, ya dio el ultimátum al mandatario oaxaqueño, no solo en Salud, sino en todos los rubros que han sido señalados por la Auditoría Superior de la Federación y la propia Unidad de Inteligencia Financiera, los cuales, aseguran, no son pocos.