Colima.- El estado de Colima, en el pacífico mexicano, es conocido por ser un destino turístico y una creciente área de negocios e inversiones, sin embargo, la inseguridad y la ingobernabilidad, son los nuevos referentes de la entidad.
Al asesinato de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa clandestina en Colima. se suma el de siete policías estatales ejecutados por el crimen organizado, así como las decenas de denuncias por secuestro, extorsión y desapariciones, que se han documentado desde hace varios meses.
Ante este panorama, legisladores locales exigieron la dimisión del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y al secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, señalando que si no pueden con la responsabilidad de garantizar la seguridad a la población, presenten su renuncien o soliciten licencia al cargo.
Durante una comparecencia virtual ante el Poder Legislativo, donde debían explicar las circunstancias que motivaron el envío de 10 policías estatales, sin uniformes ni vehículos oficiales, a escoltar a empresarios que visitarían el estado de Jalisco, cuyo desenlace fue la privación de la libertad y asesinato de siete elementos.
El secretario de Seguridad Pública, Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, también fue convocado sin embargo no asistió ya que momentos antes presentó su renuncia, acto calificado como una cobardía por parte de los congresistas.
La comparecencia se realizó de manera privada, por lo que solo se cuenta con las versiones que enviaron en sus comunicados, no obstante, diversas fuentes señalan que el gobernador se intentó lavar las manos de su responsabilidad, culpando al ahora ex secretario de seguridad el coronel Enrique Sanmiguel Sánchez, lo que generó la molestia de varios representantes.
Peralta Sánchez afirmó que la decisión de enviar a los policías a escoltar a los empresarios fue tomada por el entonces secretario de Seguridad Pública, sin consultarle, motivo por el cual le perdió la confianza y aceptó su renuncia.
Según el comunicado del Congreso local, entre las diputadas y diputados que pidieron la separación del cargo del mandatario y del secretario de Gobierno se encuentran Arturo García Arias; Claudia Aguirre Luna; el coordinador de la fracción de Morena, Vladimir Parra Barragán, y la presidenta del Congreso, Araceli García Muro.
En ninguno de los dos comunicados se señala que el mandatario se pronunciara sobre la petición de licencia, pero sí se mencionó que el secretario de Gobierno, Arnoldo Ochoa, lamentó que los legisladores “optaron en la comparecencia por aspectos políticos que en nada contribuyen a solucionar el tema de la inseguridad.”
Tras expresar su confianza en que la Fiscalía General del estado e instituciones investigadoras esclarecerán los hechos, el mandatario colimense indicó que se dará todo el apoyo a los familiares de los policías y añadió que no le corresponde explicar qué fue lo que pasó, porque las investigaciones están en curso.
Refirió que se enteró del asunto por una llamada del ahora exsecretario de Seguridad, cuando los elementos ya habían desaparecido en el cumplimiento de una comisión que se les ordenó en el estado de Jalisco, derivada de un oficio de petición enviado por los empresarios.
Peralta precisó que el documento mediante el que fue solicitado el apoyo policiaco está fechado el 26 de mayo, firmado por Ricardo Martínez Alfaro, del Grupo Acerero del Norte, quien indicó que asistirían directivos y cuerpo técnico de Altos Hornos de México y del Grupo Acerero del Norte a visitas de campo.
“Se establece con mucha claridad que las visitas son de origen técnico y son continuación a negociación con empresas de minería en el occidente de México, apoyándose en el puerto de Manzanillo, en beneficio de mineral y embarque, lo cual implica inversiones importantes en el estado de Colima y la consecuente generación de empleos para muchos colimenses”, refirió el gobernador, según el comunicado del Congreso.
Aunque el oficio iba dirigido a él, Ignacio Peralta aseguró que fue enviado por su secretario particular al titular de la SSP para valorar si se apoyaba a los empresarios, siendo él funcionario quien tomó la decisión de apoyarlos, sin ser informado el gobernador, hasta que se reportó la desaparición de los policías y particulares.
En el boletín del gobierno estatal se indica que el jefe del Ejecutivo reconoció que “si bien en una primera ocasión hubo una petición de apoyo por parte de los empresarios, de la que el gobernador sí estuvo enterado, pidió al secretario de Seguridad Pública la atendiera para que conforme a la normatividad vigente tomara una definición; sin embargo, en las demás peticiones el entonces titular de Seguridad Pública ya no le enteró”.
Responden Diputados
La diputada Claudia Aguirre preguntó por qué se envió a los policías estatales en vehículos no identificados con las insignias del gobierno estatal, a lo que el gobernador respondió que esa fue una decisión que se tomó en la SSP, y el fundamento es responsabilidad de quien tomó la determinación.
La diputada Araceli García consideró muy lamentable la renuncia de Enrique Sanmiguel, pues “más que un acto de solidaridad, es un acto de cobardía” y, recordó que el exsecretario de Seguridad Pública ha estado implicado antes en casos en los que ya se había exigido su renuncia, por lo que consideró que es responsabilidad del propio gobernador no haber actuado en su momento.
Peralta Sánchez señaló que se aplicará toda la fuerza de la ley del estado para esclarecer esos casos e indicó que el hecho de haber aceptado su renuncia no afecta para que se siga la investigación y, en caso de que Sanmiguel sea responsable, se actué.
“Él está a disposición de la autoridad y así lo establece en su renuncia, para que se le investigue como un ciudadano común y corriente”, apuntó.
El diputado Vladimir Parra subrayó que al ser el cuarto secretario de Seguridad Pública que renuncia en esta administración, no es un tema sólo de los secretarios, sino de los responsables de la política de seguridad, quienes son el propio gobernador y el secretario general de Gobierno, y estimó que es momento de que haya acciones contundentes de fondo en el estado para recuperar la paz.
“No es posible que no haya patrullas y seguridad para la gente y haya elementos cuidando a exgobernadores; queremos saber cuántos servicios privados se dan, a quienes y a cuáles empresas, cuánto se recauda de ello y por qué se privilegia a los privados antes que a la gente”, soltó.
La legisladora Livier Rodríguez expresó que “estamos en un estado fallido en Colima, ya no sólo desaparecen ciudadanas y ciudadanos, profesores, ciclistas, jóvenes, etcétera, ahora también desaparecen la diputada y policías. ¿Qué nos espera a los ciudadanos?”.
El diputado panista Fernando Antero consideró importante que más allá de los lamentables hechos, la investigación no sólo sea para los responsables sino también para funcionarios inmersos en una posible responsabilidad.
La diputada Martha Meza Oregón, titular de la Comisión de Seguridad Pública, solicitó al gobernador que independientemente del seguro de vida que tengan los policías, el gobierno proporcione una pensión de por vida a sus familiares y no queden desamparados.
Ejecutados por el crimen organizado
Tras presentar su renuncia en supuesta solidaridad con las familias de los policías asesinados y para ponerse a disposición de las investigaciones, Sanmiguel Sánchez envió un texto sobre los hechos para ser leído por el secretario general de gobierno, Arnoldo Ochoa ante los legisladores.
En dicho escrito, Sanmiguel coincidió en la versión del gobernador y aceptó que fue él quien consideró viable brindar a los empresarios seguridad perimetral, pero expuso de manera expresa que los siete policías “cobardemente fueron ejecutados” por la delincuencia organizada.
Senadora pide renuncia del gobernador
La Senadora por Colima, Gricelda Valencia de la Mora, señaló que el número de desaparecidos en el estado ha ido en incremento de manera preocupante durante la gestión de José Ignacio Peralta como Gobernador.
“No ha podido controlar la inseguridad y eso es grave, así que el que debe renunciar es usted Señor Gobernador, el artículo 138 de nuestro marco Constitucional así se lo exige“, declaró
En el 2016, año en el que Peralta inició su función, se presentaron 217 casos de desapariciones; en 2017 se incrementaron a 376; en 2018 a 595, y el año pasado, 2019 fueron 764 casos, sin tener aún cifras de los casos acumulados en este 2020.
La senadora añadió que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reporta que el Estado de Colima “tiene el vergonzoso quinto lugar de extorsiones a nivel nacional”, a pesar de ser uno de los estados con menor extensión territorial y por lo tanto, con menos población.
En lo que va de 2020, se cometen 2.29 extorsiones por cada 100 mil habitantes. Le siguen los delitos de homicidios dolosos, con una tasa de 14.39 por cada 100 mil habitantes y lesiones dolosas con una tasa de 24.96 por cada, 100 mil habitantes.
