30 septiembre, 2020

Polígrafo Mx

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Vicepresidente del Senado pedirá que FGR atraiga caso de Giovanni López

Ciudad de México.- La muerte de un hombre a manos de la policía en Jalisco, así como las agresiones -incluso a personas de la tercera edad- en Chiapas, Queretaro y Guanajuato, entre otras entidades, por no acatar las medidas sanitarias; han puesto en entredicho las acciones que están implementado los gobiernos estatales para controlar la propagación del coronavirus COVID-19 en sus territorios.

Aunque no es el único caso de abuso de autoridad, el de Jalisco ha generado la indignación de gran parte de la ciudadanía por la respuesta que han dado los gobiernos municipal y estatal, quienes han buscado responsabilizar al joven de 30 años, quien fuera detenido por no portar cubrebocas y posteriormente golpeado hasta la muerte, por los elementos de la policía municipal.

En este sentido, el Vicepresidente del Senado, Salomón Jara Cruz, declaró que Enrique Alfaro -gobernador de Jalisco- ha impuesto un gobierno de terror en la entidad justificándose con la pandemia de coronavirus.

Denunció que las violaciones graves a los derechos humanos se han convertido en una constante, por ello considera que el gobernador podría ser sujeto de un juicio político.

Refirió que la tortura y asesinato del joven Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacan de los Membrillos “es la gota que ha derramado el vaso”.

“Los abusos policiales se multiplicaron desde que el gobernador impuso un toque de queda bajo el argumento que busca proteger la vida de las y los jaliscienses”, recriminó el legislador morenista.

Explicó que dado que el gobernador de Jalisco legitima y justifica el uso de la fuerza pública para imponer medidas de control sanitario, la investigación que realiza la Fiscalía Estatal de Jalisco del homicidio de Giovanni López carece de confiablidad, “por ello solicitaré que la Fiscalía General de la República ejerza su facultad de atracción en este lamentable caso”, informó.

Añadió que la investigación debe determinar la responsabilidad de los presidentes municipales de Ixtlahuacan de los Membrillos y de Tala, en donde se ha documentado el uso excesivo de la fuerza pública en el marco de la utilización obligatoria de cubrebocas en espacios públicos en la entidad.

Jara Cruz señaló que Jalisco no es la única entidad en donde se han impuesto medidas punitivas que son claramente violatorias de los derechos humanos, “en Cadereyta, municipio de Querétaro, policías sometieron a una mujer de la tercera edad por no usar cubreboca; y en Guanajuato ha ocurrido lo mismo”, añadió.

Por lo anterior, solicitará la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de que analice y determine el alcance de las afectaciones en las entidades en donde se ha restringido el ejercicio de los derechos humanos.

“Estos gobernadores de oposición actúan como verdaderos virreyes, que amenazan a la Federación con abandonar el pacto fiscal, ignoran el Decreto de Emergencia Sanitaria y las facultades que otorga al gobierno federal e imponen sus leyes aunque contravengan la legislación federal. Esta situación no puede continuar y el Congreso debe asumir sus responsabilidades para garantizar los derechos humanos y la integridad de la República”, finalizó el senador Salomón Jara Cruz.

La respuesta del Alcalde

El alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, dijo desconocer cómo ocurrieron los hechos, así como los cargos en contra de Giovanni López, ya que eso “solo se le informa al juez municipal”.

“Lo que por alguna ocasión, ya que investigando de manera extraoficial fue que había tenido problemas con la gente de la Guardia Nacional, que los andaba retando a golpes, pero es de manera extraoficial, no sé nada más”, expresó.

Sobre las causas de muerte del joven, quien se encontraba bajo la custodia de la policía municipal, Eduardo Cervantes dijo que luego de que ese no es su trabajo y añadió que “si hay algún detenido por alguna falta administrativa no me informan de eso”, sino únicamente cuando son temas “de trascendencia”.

Cervantes Aguilar señaló que una vez que tuvo conocimiento de la muerte del joven dio aviso al Ministerio Público de la Fiscalía Estatal para que se hiciera cargo de las averiguaciones correspondientes, dependencia que, dijo, no le solicitó el despido o suspensión de algún elemento, aunque reconoció que no se inició una investigación adicional dentro de la corporación.

“Vino policía investigadora para deslindar responsabilidades y que se hiciera lo que se tuviera qué hacer, he tratado de no entorpecer el tema, no he preguntado yo mucho, todo lo que han pedido de documentos yo les dije que les dieran todas las facilidades de todo y si si hay alguna responsabilidad en contra de algún elemento, que se ejerza la ley, ese es mi posicionamiento”, manifestó.

Sobre los señalamientos de la familia del joven albañil, quienes acusaron que el Alcalde les ofreció 200 mil pesos para no publicar el video donde mostraban el abuso policial así como no continuar con las denuncias, Cervantes Aguilar rechazó que esa fuera su forma de actuar, aunque las declaraciones del funcionario y su administración, se dieron después de darse a conocer el caso.