- Al menos siete muertos, 25 casas incendiadas y decenas de desplazados.
Mientras el gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat Hinojosa “promociona” a la entidad en Nueva York, un grupo armado atacó durante varios días a diversas comunidades de San Esteban Atatlahuca, en la Región de la Mixteca, la más pobre y marginada del estado.
De acuerdo a los primeros reportes, al menos siete personas fueron asesinadas, 25 casas incendiadas y decenas de personas fueron desplazadas de sus hogares por la violencia.
El primer ataque se reportó la noche del jueves 21 de octubre cuando fueron quemadas 25 casas en la comunidad de Ndoyonuyuji, en donde también fueron asesinados los padres del representante municipal, quienes fueron identificados como Remigio Gregorio Reyes García de 69 años de edad y Rafaela Quiroz Sandoval de 66 años de edad.
Ante la inacción de las autoridades estatales y federales, la violencia se recrudeció este sábado 23 de octubre cuando un grupo de aproximadamente 80 personas fuertemente armadas, atacaron las comunidades de Guerrero Grande y, Mier y Terán. Terminando con la vida de cinco personas, tres por arma de fuego y dos dentro de su vivienda incendiada.
Marcos Barrio Avendaño, de 80 años de edad; Marcos Quiroz de 65 años; Tomas García Barrios, de 41 años; Paulina Sandoval Bautista, de 95 años y Teodoro Velasco Sandoval, de 95 años de edad, estos dos últimos perdieron la vida dentro de su vivienda, quemada por el grupo armado.
Tras la difusión mediática de los hechos, este domingo el gobierno del estado emitió un comunicado informando que se esta atendiendo la situación y analizando la forma de que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) y la Guardia Nacional implementen un operativo para “salvaguardar la integridad de las y los habitantes”.
“Derivado de los hechos violentos ocurridos el pasado 21 de octubre en la comunidad Ndoyonuyuji y el 23 de octubre en las agencias Mier y Terán, y Guerrero Grande pertenecientes al municipio San Esteban Atatlahuca, el gobierno Estatal y Federal, instalaron la mesa de seguridad para coordinar el ingreso de los elementos de seguridad en la zona”.
Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) demandó a las autoridades estatales y federales intervenir en la localidad para detener las agresiones que están generando desplazamientos de personas al interior de la comunidad.
Además, dijo que la defensoría envió un equipo de defensores al lugar, además de emitir medidas cautelares para solicitar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, lleve a cabo las investigaciones correspondientes por los homicidios, e implemente el protocolo de búsqueda de personas.
De la misma forma, la Defensoría solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública y en vías de colaboración a la Guardia Nacional, efectuar recorridos en inmediaciones de la población para garantizar el bienestar de los habitantes.
El organismo reiteró la necesidad de crear un padrón de personas en situación de desplazamiento forzado interno que permita dimensionar el problema, ya que a pesar de ser una creciente realidad en el estado, Oaxaca carece de estadística y cifras oficiales sobre las personas internamente desplazadas, lo que ha complicado resolver los problemas de fondo.
Según lo informado por el Centro de Derechos Humanos y Asesoria a Pueblos Indigenas (CEDHAPI), hasta el momento 25 familias se encuentran refugiadas en las instalaciones del INPI en la ciudad de Tlaxiaco, en calidad de desplazados.
Además, alertó que al menos 30 personas entre ellas mujeres y niños, se encuentran refugiados en la iglesia de la comunidad de Mier y Terán, con riesgo de sufrir un ataque.
Por ello, exigieron el inmediato ingreso de las fuerzas de seguridad pública para rescatar a estas personas porque la tarde noche de día este sábado se tuvo conocimiento que dos camionetas con personas armadas se dirigen a la comunidad de Mier y Terán.
Fuentes de la Secretaría General de Gobierno a cargo de Francisco García, comentaron que desde las primeras horas del día, arribaron a la zona elementos de Seguridad Pública, Guardia Nacional y la SEDENA para instalar puestos de control y vigilancia.
De igual forma, agentes de la Fiscalía General del Estado ya investigan los hechos que resultaron con el asesinato de al menos siete personas según versiones de testigos, no obstante, las autoridades no han confirmado el hallazgo de los cuerpos.
Hasta el momento el gobernador Alejandro Murat ha guardado silencio sobre el tema, al igual que la Delegada de Seguridad Federal, Karina Barón.
Ello a pesar de la creciente violencia en las ocho regiones del estado, destacando este tipo de ataques hacia comunidades indígenas, como la masacre de 15 indígenas Ikoots, en San Mateo del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec, el pasado junio de 2020, hechos que continúan en la impunidad.
