Oaxaca.- A dos años de haberse declarado la Alerta de Género en Oaxaca, la violencia en contra de las mujeres no ha cesado, por el contrario, se continúa manifestando en todas las formas posibles e incluso, va en aumento ante la incapacidad de las autoridades para prevenirla, sancionarla y erradicarla, como reza el titulo de Documentos, Comités y Consejos que no han servido para nada más que justificar gastos.

Prueba de ello es una nueva denuncia por abuso de autoridad en contra de una mujer, que fue encarcelada junto a su hija de tres años de edad, por defenderse de su pareja, un hombre identificado como Donato Marcial Martínez, quien la agredió dentro de su domicilio.

Los hechos se suscitaron en el municipio de San Juan Mazatlán, en la sierra Mixe de Oaxaca, comunidad que se rige por usos y costumbres, y que por segunda ocasión se convierte en foco de críticas por el actuar misógino y violatorio a los derechos humanos de las mujeres.

De acuerdo a las primeras versiones, el pasado sábado 6 de junio, la mujer de 44 años de edad, fue agredida en su propio domicilio por Donato Marcial, de 46 años, quien ingresó violentamente portando un arma de fuego. Por lo que la víctima se defendió.

Al llegar la policía municipal, los agentes detuvieron a la mujer y su hija de tres años, quienes debieron pasar la noche en la cárcel de la comunidad, siendo liberadas el día domingo alrededor de las cinco de la tarde, sin que se acreditara delito alguno en su contra.

Vecinos que presenciaron los hechos y que se mostraron inconformes con la detención, denunciaron el actuar de las autoridades, particularmente de Zósimo Francisco Domínguez, quien se autonombra síndico “popular” de  San Juan Mazatlán y a quien señalan como el responsable de dar la orden para encarcelar a la mujer y su pequeña hija.

En esta, como en muchas comunidades de Oaxaca, los conflictos socio políticos son constantes, por lo que en algunos casos existen dos autoridades, una constitucional y una comunitaria, como es el caso de San Juan.

Según medios locales, el presidente municipal constitucional, Macario Eleuterio Jiménez, dijo desconocer el motivo de la detención e ignoró el tema.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se comenten este tipo de abusos en dicha comunidad.

En octubre de 2019 se dio a conocer el encarcelamiento de una mujer indígena, junto a sus hija de ocho años y un pequeño de dos, sin que existiera un delito de por medio, más que la orden del síndico municipal Victorino Cabrera Andrés quien se habría molestado porque la mujer preguntó por su esposo, quien llevaba más de 48 horas detenido.

En esa ocasión, la familia debió pagar 15 mil pesos para ser puestos en libertad.

De ambos hechos existen evidencias gráficas que muestran a las mujeres y a sus hijos al interior de los separos, sin embargo el actuar de las autoridades estatales y federales ha sido limitado, ineficiente e insuficiente.

Víctimas y ciudadanos, han solicitado la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Hasta el cierre de esta edición no existe una declaración por parte del gobierno del Estado ni de la Defensoría.

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