Ciudad de México.- Una adjudicación directa es cuando se otorga un contrato sin necesidad de realizar un proceso de licitación, es decir, no existe competencia a la empresa que será beneficiada con alguna partida por parte del gobierno.
Aunque en teoría debiera funcionar para eficientar los procesos gubernamentales o dar pronta respuesta a una emergencia, en la realidad esta práctica se ha empleado durante sexenios, para desviar recursos públicos, favorecer a amigos, familia, grupos políticos o empresariales afines a los gobernantes, e incluso, para financiar campañas políticas, generando cuantiosos dividendos para ciertos sectores, a costa del erario.
Dicha actividad ha sido criticada durante mucho tiempo por sectores empresariales y líderes políticos de oposición, incluido el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien en reiteradas ocasiones denunció la asignación directa como un pago de favores, aludiendo presuntos actos de corrupción.
Pese a ser un férreo opositor de asignar contratos públicos sin licitaciones, durante su administración, es una práctica común, incluso mayor a la de gobiernos anteriores.
En el 2019, al ser cuestionado sobre el aumento en las contrataciones sin licitación, el mandatario aseguró que era para evitar la corrupción y vigilar a quién se le dan los contratos, refiriendo que en el pasado se simulaban los concursos y las asignaciones las decidía el gobierno. Situación que él repite.
Durante el 2020 este método continúa, aunque si bien gran parte podría verse justificada por la emergencia sanitaria que ha provocado la pandemia de COVID-19, una investigación de Mexicanos contra la corrupción, sustentada en documentos públicos, demuestra que la mayoría de las asignaciones directas son de áreas que no tienen que ver con este tema.
“Al separar a las instituciones encargadas directamente de atender la pandemia del resto de contrataciones públicas, resulta que el porcentaje de adjudicaciones directas es incluso superior a la del total del gobierno, ya que sube hasta 82.4%. Esto muestra que el uso y abuso de esta forma de contratación no es atribuible a las compras realizadas para atender la pandemia, sino que forma parte de una costumbre cultivada por todos los gobiernos, sin importar su color partidista”, señala el documento publicado por MCCI.
De acuerdo con el reporte, esta figura ha sido empleada en 78.2% de las contrataciones en los primeros 5 meses de 2020, superando el de todo el 2019, que cerró con 78%, la mayor cifra anual hasta el momento.
Destaca que Fonatur Tren Maya ha dado por adjudicación directa el 92% de los contratos en 2020, mientras que la Guardia Nacional lo ha hecho en el 70% de las asignaciones.
El reporte indica que de continuar esta tendencia, el 2020 sería el año con más adjudicaciones directas en una década.
Las 5 instituciones con más contratos por adjudicación directa
- Diconsa 98.7%
- Canal 11 98.2%
- Secretaría de Cultura 98.9%
- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 99.5%
- Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN 97.3%
