- Propone González Yáñez consejos municipales ciudadanos con facultades para aplicar ingresos que se obtengan por la recaudación de derechos de esta actividad.
La minería es sumamente importante para el crecimiento económico de México, pero está actividad debe ser socialmente responsable y respetar los derechos de los habitantes de las zonas en las que se desarrolla, en especial de los pueblos originarios, afirmó el senador Alejandro González Yáñez.
El legislador del PT consideró que una porción de los recursos que genera este sector tiene que destinarse directamente a las comunidades mineras, a través de transferencias directas y sin intermediarios, con el objetivo de canalizar recursos para educación, cuidado y protección de la salud, construcción y mantenimiento de caminos, calles y carreteras.
González Yáñez presentó una iniciativa para crear consejos municipales ciudadanos que tengan la facultad de aplicar directamente los ingresos que se obtengan en la recaudación de derechos por la minería y reducir el riesgo de actos de corrupción en el ejercicio de éstos.
“Me encuentro completamente comprometido con la lucha por el desarrollo de las comunidades y municipios mineros, los cuales han sido víctimas del saqueo y el despojo desde la época virreinal”, expresó.
Propuso que estas instancias se coordinen entre sí, a través del sistema local ciudadano, para la construcción de obras y la implementación de acciones que beneficien a dos o másmunicipios.
Además, sugirió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita los lineamientos para el funcionamiento de los consejos municipales y de los sistemas locales ciudadanos, y que la Auditoría Superior de la Federación revise el ejercicio de los recursos de forma periódica y aleatoriamente.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el sector minero-metalúrgico es sumamente importante para el crecimiento económico de México. Durante 2020, la minería representó 8.3 por ciento del Producto Interno Bruto industrial y generó 2.3 por ciento del PIB nacional.
Hasta 2018, en nuestro país había tres mil 97 unidades económicas mineras no petroleras en las que laboraban 141 mil 782 personas.
Los depósitos minerales son esenciales para los procesos productivos, pero, acotó el legislador del PT, constantemente son explotados por particulares, “en beneficio propio y sin fomentar el desarrollo de las regiones afectadas o, peor aún, sin reparar el daño ocasionado”.
Por ello, es fundamental que los recursos retornen a las comunidades, asentó Alejandro González Yáñez en el proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Derechos y que fue remitido a la Cámara de Diputados.
