Oaxaca.- La inseguridad e impunidad que gobiernan en Oaxaca han sido evidenciadas una vez más, tras el asesinato de un adolescente de 16 años a manos de policías municipales en Acatlán de Pérez Figueroa, así como la tortura de dos jóvenes y el asesinato de uno de ellos, en complicidad con policías y la Sindico Municipal de San Pablo Huitzo. 

También la denuncia hecha a través de redes sociales, en contra de Policías Estatales que secuestraron, torturaron, robaron y extorsionaron a dos jóvenes en las propias instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Ernesto Salcedo. 

En el primer caso, el joven Alexander M. de 16 años, fue ejecutado por un policía municipal quien supuestamente lo confundió con un criminal, aunque en una primera versión aseguró que había sido un accidente. De acuerdo a testigos, el joven circulaba en una motocicleta junto a nueve amigos en sus respectivos vehículos, cuando la patrulla municipal los embistió al no detenerse en un reten sanitario, realizando disparos con una escopeta en contra de ellos. Uno de los misiles alcanzó al joven, provocándole la muerte, mientras otro adolescente se encuentra grave. 

Familiares denunciaron que los propios elementos de seguridad intentaron plantarle un arma a la víctima, quien era un conocido deportista y destacado estudiante. Lo que provocó la indignación de la sociedad y generó la rápida intervención del gobierno estatal, cuya reputación en redes sociales, es su prioridad. 

Hasta el momento, solo un elemento de policía ha sido puesto a disposición de la autoridades vinculado como probable responsable de homicidio calificado, sin embargo la exigencia de justicia es en contra de todos los involucrados, incluidos los mandos de la policía y el propio presidente municipal. 

A principios de año el Diputado por el Distrito I, con cabecera en Acatlán de Perez Figueroa, Gustavo Díaz Sánchez, denunció en un video en redes sociales, que el comandante de la policía municipal estaba vinculado con desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales. Sin embargo la denuncia hecha por el también presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, fue ignorada. 

En el segundo caso, dos jóvenes originarios de San Pablo Huitzo, en la región Mixteca, fueron levantados por la policía municipal, tras un problema por una bicicleta, sin embargo, tras ser golpeados fueron entregados a un grupo de civiles, quienes después de torturarlos, los arrojaron a un barranco dándolos por muertos, no obstante, uno de ellos logró sobrevivir. 

Tras el homicidio de su hermano, el joven sobreviviente narró los hechos en un video que fue difundido en redes sociales por su propio abuelo, quien documenta las heridas del joven mientras señala a la Sindica Municipal y a los policías municipales, como los primeros agresores y cómplices de los homicidas de su congénere. 

Este crimen se cometió el pasado 6 de mayo, sin embargo aunque la Fiscalía tomo conocimiento de los hechos, hasta la fecha no existe un solo detenido o indiciado. Lo que ha despertado la indignación al sumarse los casos de abusos de autoridad que permanecen impunes en el estado. 

En un tercer caso, los jóvenes afectados fueron detenidos por al menos 12 elementos de la policía estatal, quienes abusaron de su autoridad para encarcelarlos por cinco horas sin presentar pruebas ni cargos en su contra, más que el haber transmitido su detención en vivo por Facebook, por lo que debieron pagar 4 mil pesos para ser puestos en libertad. 

Los jóvenes fueron golpeados y extorsionados en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Publicada ubicadas en San Bartolo Coyotepec, sin embargo el área de comunicación social de la dependencia, no quiso hacer declaraciones al respecto. 

Hasta el día de hoy, el Gobernador de Oaxaca se ha limitado a expresar sus condolencias y a simular una respuesta institucional, responsabilizando a las autoridades municipales buscando lavarse las manos de la incompetencia que ha demostrado su Gabinete de Seguridad. 

Ya que ha pesar de la jurisdicción municipal, es la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la que debe validar a todos los elementos de policía del estado, incluidos los municipales, y no solo eso, es el Estado el que otorga el armamento y las acreditaciones para portación, supuestamente al completar un entrenamiento policial. Situación que parece inexistente.

Esto son solo algunos de los cientos de casos de homicidios, ejecuciones extraoficiales, secuestros, desapariciones y torturas, por parte de elementos de seguridad pública, que han sido denunciados en los últimos años,  

Aunada a la incapacidad que ha demostrado la Fiscalía General del Estado, la indiferencia institucional del gobierno de Alejandro Murat, ha permitido que la violencia, inseguridad e impunidad, hayan aumentado en las ocho regiones de la entidad, colocando Oaxaca en los primeros cinco lugares nacionales de impunidad en homicidios dolosos, con un 97.8% de casos sin resolver. 

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