Veracruz, foco rojo para la Cuarta Transformación
“Ultrajes a la autoridad”, ¿el nuevo método de represión social y control político?
La entidad veracruzana lleva varios años hundida en un espiral de violencia e impunidad que incluso llevó al último gobernador priista, Javier Duarte, a la cárcel señalado por corrupción y vínculos con el crimen organizado; sin embargo, ni los posteriores gobiernos de Acción Nacional y ahora Morena, han podido resolver los altos indices de criminalidad, por el contrario, la situación pareciera agravarse.
Aunado a ello, el estado se ha convertido en uno de los escenarios principales de la batalle que existe al interior del Movimiento de Regeneración Nacional y, en lo que pareciera ser el campo de prueba para políticas autoritarias y el uso del Estado como herramienta de represión.
El 11 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto Número 848 que reformó diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Veracruz, entre ellas el tipo penal de “Ultrajes a la autoridad” y “Delitos contra las Instituciones de Seguridad Pública”, estableciendo medidas más severas y supuestos que han abierto la puerta a violaciones a los derechos humanos y abuso de poder, como lo han documentado tanto organismos locales como nacionales e internacionales.
Como Artículo 19, quien emitió un comunicado desde el 19 de marzo alertando que con dicha reforma “se añaden supuestos que posibilitan el uso arbitrario de este tipo penal”, alertando que éste ha sido utilizado por las autoridades para “restringir la labor periodística, el ejercicio de la protesta y el derecho a la libertad de expresión”.
Por ello a través de la misiva firmada por la Red Veracruzana de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer A.C., Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en Inglés) y Artículo 19, exigieron al Congreso de Veracruz derogar en su totalidad el delito de ultrajes “por contravenir estándares internacionales y su impacto negativo al ejercicio de derechos humanos”; recordando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el delito de “ultrajes a la autoridad” va en contra del principio de legalidad, debido a su ambigüedad.
Sin embargo, el llamado fue prácticamente ignorado al igual que cientos de denuncias por detenciones arbitrarias y abusos por parte de agentes de seguridad en contra de la ciudadanía.
No obstante, tras la detención de varios políticos y el caso particular de seis jóvenes que fueron encarcelados injustamente durante casi cuatro meses bajo el cargo de ultrajes a la autoridad; el tema tomó relevancia nacional, haciendo un eco muy particular en el Senado de la República a través del titular de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal Ávila, quien denunció abuso de poder y violaciones a los derechos humanos en el estado gobernado por su correligionario Cuitláhuac García Jiménez.
En respuesta, García Jiménez aseguró que en Veracruz no habría impunidad y si Monreal quería defender delincuentes “allá él”. Comenzando una confrontación mediática que ha escalado hasta el ámbito legislativo y judicial, advirtiendo que el conflicto está lejos de acabar.
El 21 de diciembre, el Senador Monreal informó que entregó al Congreso de Veracruz un documento solicitándoles que “con pleno respeto a su autonomía y de acuerdo con el paradigma de los derechos humanos”, derogara el tipo penal de ultrajes a la autoridad, previsto en el Capítulo XIII del Código Penal estatal, el cual -agregó- ha dado lugar a eventos en los que se acusa de manera arbitraria a personas, privándolas de su libertad y aunque mencionó el caso de los seis jóvenes, denunció que existen cientos de casos similares.
Acusó también al gobernador de Veracruz de hacer un uso faccioso de las instituciones y manipular la Ley para venganzas políticas. Señalamientos que García negó.
“En Veracruz hay varios casos que confirman que el delito de “ultrajes a la autoridad” se ha instrumentado para legitimar el abuso de autoridad en contra de las y los ciudadanos […] en una democracia moderna esto no es admisible”. – Ricardo Monreal
Tan solo un día después de estas declaraciones, José Manuel del Río Virgen, Secretario Técnico de la JUCOPO y estrecho colaboradores de Monreal Ávila, fue detenido por el homicidio del candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia del municipio de Cazones de Herrera, Rene Tovar. Caso por el que también fue arrestado Omar Ramírez Fuentes, alcalde electo de dicho municipio.
La detención de Del Río Virgen provocó una reacción intempestiva por parte del Senado de la República, al grado de crear una Comisión Especial para “investigar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz”, una de las entidades con mayores índices de violencia e impunidad del país.
Dicha Comisión fue presidida por el Senador Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, quien al igual que David Monreal participó de manera activa en la defensa de su compañero, y aunque los resultados obtenidos en un mes de trabajo fueron limitados, el impacto político sí es significativo.
El 21 de diciembre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 146/2021 por violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad personal de los seis jóvenes detenidos y recluidos ilegalmente en el CERESO de Pacho Viejo.
En su recomendación, la CNDH explica que se vulneró el derecho de acceso a la justicia al no existir pruebas que sustenten el actuar de las autoridades involucradas en el caso, por lo que pidió que se presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, para que se proceda penalmente en contra de los responsables y se reparen los daños a las víctimas.
Además, pidió la derogación del delito de ultrajes a la autoridad para evitar nuevas violaciones a los derechos humanos. Demanda a la que se sumaron Colegios y Barras de Abogados, quienes señalaron la fragilidad del Estado de Derecho ante la violación de tratados internacionales y de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución. Pidiendo que se investigue a las corporaciones de seguridad para evitar abusos de autoridad, detenciones arbitrarios y la fabricación de delitos.
El organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra, informó que también investiga el caso de José Manuel del Río, el cual ha sido calificado como una revancha política por parte del gobernador, quien anunció el pasado 13 de enero, que aceptará en su totalidad la recomendación de la CNDH y enviará una iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad.
Determinación a la que se sumó al Fiscalía General a cargo de Verónica Hernández Giadáns, quien reconoció que existieron irregularidades en la detención de los seis jóvenes y aseguró que se actuará conforme a la Ley.
Hasta el momento no se ha notificado que el gobierno de Veracruz haya enviado una iniciativa para derogar el delito de Ultrajes a la autoridad, pero en el Congreso local ya se discute la propuesta que presentó el Diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, con dicho fin.
Mientras tanto, en la arena política los partidos de oposición aprovecharon para señalar todo tipo de supuestos abusos de autoridad y actos autoritarios por parte del gobierno morenista de Veracruz, por lo que tanto Senadores como Diputados y hasta el propio Presidente, debieron salir a respaldarlo.
Al iniciar el periodo ordinario en la Cámara de Senadores, el legislador Dante Delgado ocupó el pleno parlamentario para expresar su sentir respecto a la desintegración de la Comisión Especial, a la que renunció tras la oposición del bloque oficialista.
“Deseo dejar constancia, en este pleno, que quienes levantaron la voz para pretender proteger a un gobernador impresentable, impreparado, arbitrario, señalando que la comisión designada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) era ilegal, han cometido un acto de barbarie legislativa”, declaró Delgado.
Pero sus reclamos fueron en vano, ya que la decisión de no seguir investigando las violaciones a derechos humanos y los abusos de autoridad en Veracruz, ya estaba tomada por parte del Grupo Parlamentario mayoritario, Morena. Dejando solo a su Coordinador en los reclamos por el encarcelamiento de su colega.
No obstante, el problema está lejos de ser resuelto. De acuerdo con Edgar Zavaleta Flores de la agrupación Pro Libertad y Derechos Humanos en América Global, en una reunión con Legisladores locales se detalló que en una sola semana llegan a ser detenidas hasta 200 personas por el delito de ultrajes a la autoridad, debido a manipulaciones que se realizan desde el sistema judicial para imputar dicho delito.
Se suma la fractura política y el duro golpe que asestaron al poderoso coordinador de los senadores morenistas, quien insiste en que será el abanderado de Morena para contender por la presidencia en el 2024, aspiración que se va desvaneciendo cada vez más. Al igual que su influencia y poder al interior del Movimiento de Regeneración Nacional.
Prueba de ello es el apoyo que expresó públicamente el titular del Poder Ejecutivo Federal al asegurar que confía plenamente en Cuitláhuac García. Calificándolo como uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz.
“El estado padeció de muchos gobernadores mediocres y ladrones. Ese era el principal problema. Ahora por primera vez en bastante tiempo se tiene un gobernador honesto, integro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie, le tengo toda la confianza”, declaró López Obrador durante su habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional.
El mensaje fue claro, los intereses de Monreal no prosperarán. Por el contrario, desde hace varios meses el presidente ha comenzado a limitar la influencia del Senador, tanto en el gobierno federal como en el partido. Medida que de no aplicarse correctamente podría complicar aún más, el escenario político electoral de este año, con vistas al 2024, poniendo en riesgo el avance y permanencia de la Cuarta Transformación.
El caso de Yolli García Álvarez
Aunque estos son solo algunos de las decenas de casos que pudieran registrar irregularidades, el que más llamó la atención fue el de Yolli García Álvarez, excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), detenida en Xalapa el 26 de marzo de 2020, imputada por ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición en un mismo hecho, algo que ha sido calificado como “irregular”, además de permanecer en prisión pese a que los delitos no lo ameritan.
Por ello, su arresto y permanencia en prisión han sido señaladas como una represalia a resoluciones emitidas por el organismo que presidió y que molestaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Quien colocó en el puesto de García Álvarez, a una cercana colaboradora, lo que ha significado una reducción de hasta el 98% en las recomendaciones que hace este órgano de transparencia hacia su administración, en materia de rendición de cuentas.
El juez del caso, Gregorio Esteban Noriega Velasco, dictó prisión preventiva argumentando que la exfuncionaria podría darse a la fuga, ordenando su reclusión en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en la ciudad de Xalapa. No obstante, a otros dos excomisionados acusados de los mismos cargos sí han podido llevar si proceso en libertad.
Ante todas las irregularidades cometidas, familiares y colaborares de García Álvarez, quien lleva presa casi dos años, han denunciado que es una venganza del gobernador Cuitláhuac García, por las resoluciones de la entonces Comisionada. Como el ordenar a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz transparentar la compra de 160 patrullas, información que el mandatario intentó reservar por cinco años.
Otro caso que detonó la furia del gobernador fue que el pleno del IVAI ordenara a la Contraloría General del estado entregar información sobre un funcionario de la secretaría de Finanzas y Administración, que creaba un conflicto de intereses al ser familiar directo de García Jiménez.
Por ambos casos la excomisionada habría recibido amenazas y advertencias, que según su esposo, se cumplieron un día después de que dejara el cargo y fuera arrestada, convirtiéndose en una presa política.
