PRI, LUCHA INTERNA
Después de la derrota electoral en el 2018, muchos pensaron que el Partido Revolucionario Institucional no sobreviviría al primer gobierno de la Cuarta Transformación, sobre todo por la desbandada de militantes y simpatizantes hacia otros partidos, principalmente al Movimiento de Regeneración Nacional que fundó el hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, gracias a las alianzas con otros institutos políticos y particularmente a su “militancia histórica”, ha logrado sobrevivir y en algunos casos, recuperar espacios perdidos en el Poder Legislativo y algunos gobiernos municipales. No obstante los resultados electorales en las gubernaturas no los han favorecido, lo que agravó la crisis al interior del partido.
Una crisis que comenzó desde el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, cuya administración estuvo plagada de señalamientos por actos de corrupción y malversación de recursos públicos, al igual que la mayoría de los gobiernos priistas que regresaron al poder tras el fin de la transición panista, cuyo sello fue una fallida guerra contra el narcotráfico, que se tradujo en el rechazo social y el regreso del PRI a la Presidencia de la República.
Durante dicha administración, el partido tuvo ocho dirigentes siendo Enrique Ochoa, René Juárez Cisneros y Claudia Ruiz Massieu, los últimos tres en comandar el partido previó al proceso que llevaría a su antiguo correligionario a la titularidad del Poder Ejecutivo.
En el 2019, al inicio del gobierno del Presidente López Obrador, el PRI eligió al entonces gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas como su dirigente nacional, cargo que ha ejercido durante casi cuatro años, algo que no ocurría desde que Beatriz Paredes Rangel ocupó la presidencia de su partido del 2007 al 2011.
Y aunque ambos enfrentaron gobiernos de oposición, las circunstancias que vive Moreno Cárdenas son muy diferentes. Porque no solo recibió un partido fragmentado entre el grupo político del expresidente y sus detractores, los cuales han ido incrementando conforme avanza la narrativa nacional. También debe luchar en contra del Presidente con la mayor aprobación social en la historia moderna del país.
No obstante, en un inicio la relación entre el gobierno federal y el Revolucionario Institucional era tan cercana y cordial que se le dio el nombre de PRIMOR, pero algo cambió rápidamente, quizás como lo ha dicho el propio Moreno Cárdenas, los acuerdos no se cumplieron. Lo que llevó a un distanciamiento con el Presidente y su proyecto de nación, así como a una nueva confrontación al interior del tricolor.
Pero fue el rechazo a la Reforma Eléctrica lo que “derramó el vaso” y acabó con la paciencia del Ejecutivo Federal, quien fiel a su formación autoritaria bajo la escuela priista de los 70’s; ha empleado el aparato del estado para intentar comprar o en su caso, someter a quienes se oponen al avance de la Cuarta Transformación.
Lo mismo gobernadores, diputados o Senadores han tenido que enfrentar desde denuncias públicas, hasta investigaciones judiciales por no querer cooperar, aunque algunos han optado por negociar aceptando incluso traicionar a sus propios partidos, colaboradores y jefes a cambio de impunidad, ya sea disfrazada de Embajada o de algún cargo en la administración federal o estatal. Incluso se les ha premiado con puestos de elección popular bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional, sin importar su reciente militancia priista.
En el caso de Alejandro Moreno, quien llegó a la dirigencia de la mano del propio Enrique Peña Nieto, hoy enfrenta lo que él llama una persecución política por parte del Estado, que incluso ha incurrido en actos ilegales a través de la difusión de conversaciones privadas que son difundidas por un gobierno morenista, en redes sociales y medios de comunicación. Por lo que el Poder Judicial ha tenido que intervenir a favor del priista.
También enfrenta denuncias por corrupción durante su paso como gobernador de Campeche y aunque el gobierno federal filtró que la Fiscalía General de la República también lo investigaba, son las autoridades locales las que se han encargado de montar un espectáculo más mediático que judicial. Cateando casas con un uso excesivo de la fuerza pública, lo que fue criticado por el propio Presidente, para “exponer” una vida de “lujos”, la misma vida que se dan prácticamente todos los políticos sin distinción de partidos, como bien ha sido documentado en diversos casos.
Ante este escenario, el Presidente del PRI emprendió una gira internacional por Europa, Estados Unidos y América Latina, para denunciar los supuestos ataques del gobierno federal en contra de la libertad y la democracia. Así como la persecución política en contra de los partidos de oposición y el avance del crimen organizado por la inacción del gobierno mexicano.
El itinerario inició en Ginebra, Suiza, en donde la Internacional Socialista, organización que reúne a 132 partidos políticos con ideología socialdemócratas y socialistas laboristas, nombró a Cárdenas Moreno como su Vicepresidente.
Alejandro Moreno también denunció a López Obrador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Nueva York. Y aunque no explicó los alcances que podrían tener dichas denuncias, aseguró que agotará todas las instancias internacionales “para lograr que el gobierno le rinda cuentas a los mexicanos del desastre que hay en el país”.
A su regreso al país, tanto de Europa como de Estados Unidos, Alejandro Moreno fue retenido en la aduana mexicana por una supuesta alerta migratoria solicitada por la Fiscalía de Campeche, lo que fue calificado por el dirigente partidista como otro uso faccioso de las instituciones públicas.
Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado en reiteradas ocasiones que exista una persecución política en contra de Moreno Cárdenas, aunque reconoció que el Gobierno de Campeche, encabezado por la morenista Layda Sansores, hija del expresidente nacional del PRI, Carlos Sansores Pérez; sí tiene una investigación en contra del también exmandatario campechano.
Sobre una publicación hecha en la cuenta oficial del Gobierno de México en la que informaba que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Moreno Cárdenas por presunto tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, y que fue eliminado minutos después; López Obrador reconoció que fue un “error” y reiteró que es la Fiscalía de Campeche la encargada del proceso.
Amenazas, denuncias y demandas
A finales de mayo, Alejandro Moreno difundió un audio de una conversación que sostuvo con el Senador del Partido Verde, Manuel Velasco, quien le comparte un mensaje supuestamente del Secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández, en donde le advierte de fuertes represalias en su contra, si la bancada priista no votaba a favor de la Reforma Eléctrica del Presidente, la cual fue rechazada en la Cámara de Diputados.
En abril de este año, la Fiscalía General de Campeche a cargo de Renato Sales Heredia, Asesor del Gobierno del Distrito Federal durante las gestiones de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera; confirmó que existe una carpeta de investigación en contra del exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, por el delito de enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, al no existir avances sustanciales en las pesquisas, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores comenzó a difundir supuestas grabaciones de conversaciones que Alejandro Moreno habría tenido con otros actores políticos y empresarios, advirtiendo que incluso tenía fotografías y videos íntimos que legisladoras priistas habrían enviado al también diputado federal. No obstante, no aclaró cómo obtuvo dichos materiales.
Según la propia Sansores, estos representan más de 80 horas de audios y 43 mil 800 mensajes de WhatsApps enviados a Alejandro Moreno por diputadas locales, nacionales, gobernadores, empresarios y periodistas.
A través de sus redes sociales, en un programa que llama “Martes del Jaguar”, la gobernadora de Campeche compartía los audios en donde se hablaba de posibles delitos electorales, evasión fiscal, así como insultos e injurias a otros actores políticos e incluso comunicadores.
Por ello, tanto el partido Morena como Sansores, interpusieron una queja ante el INE, para que su Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), investigara las posibles conductas ilícitas relacionadas con los audios que involucran al presidente nacional del PRI. Pero al ser una investigación en curso, su difusión parcial o total se encuentra temporalmente reservada.
“Las denuncias presentadas en el caso de los audios atribuidos al dirigente nacional del PRI, dan lugar a un proceso de investigación amplio y exhaustivo, a cuyo cargo está la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Por su propia naturaleza, se trata de procedimientos que toman tiempo e involucran a diversas instancias, entidades, dependencias públicas, actores políticos y ciudadanas y ciudadanos, al final de los cuales se determinará si hay elementos que constituyan una infracción. Aquí se estudia la probable realización de actividades irregulares vinculadas con el financiamiento público y el gasto de los partidos políticos.” -INE
Fragmento del artículo publicado en la Revista POLIGRAFO, Política Gráfica Objetiva de Julio. Descarga gratis en el siguiente enlace:
