- Se trata de delitos con orígenes y alcances no solo nacionales, sino internacionales
La diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) propone considerar como amenaza a la seguridad nacional los delitos cometidos desde el ámbito digital o ciberespacio.
Mediante una iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana, señala que son amenazas a la seguridad nacional:
Todo acto, conducta, incidente o amenaza ofensiva o maliciosa con la capacidad de provocar un efecto adverso, una falla, un acceso no autorizado, una vulnerabilidad, pérdida, daño o un delito desde el ámbito digital o ciberespacio en contra de las personas, activos, información, infraestructuras de información, tecnologías de operación o instancias e instituciones del Estado mexicano.
El documento menciona que con ello no solo se da importancia a la gravedad de esos delitos, sino que se garantiza una atención multinstitucional y multifactorial.
Relata que, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Seguridad Nacional, al momento de incluir la ciberseguridad como tarea de seguridad nacional, el tema será objeto de atención del Consejo de Seguridad Nacional, instancia encargada de garantizar y asumir la materia.
Añade que la ciberseguridad debe ser una constante en la cual es necesario involucrar a todas las instituciones, ya que los ciberdelitos cada vez “nos amenazan y dañan a través de las redes digitales que tenemos hoy. Es un delito mundial que no atiende horarios ni zonas específicas; es decir, todos en cualquier momento, lugar y circunstancia podemos caer en sus garras y ser víctimas de su incesante voracidad y capacidad de hacer daño”.
Corona Nakamura expone que de acuerdo a información del Buró de Investigaciones Federales de los Estados Unidos de América (FBI) nuestro país es uno de los que más ataques cibernéticos registró en el mundo durante 2020 y ocupa el 9º lugar en esta lamentable lista.
“Nuestra población es víctima de un sinfín de delitos cibernéticos, de tal suerte que durante 2020 tanto empresas como personas en todo el país fuimos presa de una diversidad de estafas y de extorsiones”, precisa.
Indica que de acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), entre enero y mayo de 2021 hubo un alza de al menos 89 por ciento en materia de fraudes cibernéticos, en comparación con lo registrado en 2020.
A inicios del año pasado se cometieron un promedio de 463 fraudes cibernéticos en operaciones por comercio electrónico y banca móvil cada hora, agrega.
Conforme a sitios especializados, entre mayo de 2020 y mayo de 2021, al menos cinco instituciones federales fueron hackeadas y sus archivos vulnerados. Además, es muy amplio el catálogo de delitos que se derivan por cuestiones de ciberseguridad, los cuales van desde el ciberacoso, hasta la trata de personas, sustracción y robo de menores de edad, entre otros.
“Estamos ante un delito y un grave problema en materia de seguridad que cada vez está afectando a más personas y nos está exponiendo a diversos y muy graves delitos que nos afectan no solo en lo patrimonial, sino también atentan, en algunos casos irreparablemente, en contra de nuestra libertad, integridad y vida misma”, advierte.
Por ello, abunda, es necesario establecer este tipo de delito como una amenaza más que atenta en contra de la seguridad nacional, porque tiene orígenes y alcances no solo nacionales sino internacionales y sus daños son incuantificables, diversos y nos afectan a todos.
