En el foro 7 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, convocado por la Junta de Coordinación Política, se abordó en las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral y de Puntos Constitucionales, el tema de las modificaciones a la estructura orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
De forma virtual, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) consideró importante tener nuevas reglas democráticas para la designación de magistrados, consejeras y consejeros electorales “para que no sea esto producto de cuotas, sino que se garantice la idoneidad de los perfiles”. Agregó que la intromisión del Tribunal Electoral en los temas de la Cámara de Diputados nos hace pensar que ya llegó la hora de una nueva generación de reformas electorales.
Vía zoom el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), afirmó que falta definir las facultades del TEPJF y de las autoridades electorales porque “al paso del tiempo, igual que el Poder Judicial, han estado creando principios jurídicos sobre los cuales resuelven, independientemente de lo que digan las leyes”.
También vía zoom, la diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) preguntó cuáles son las resoluciones que muestran cómo, tanto la autoridad del Instituto Nacional Electoral como los Tribunales Electorales, han tomado decisiones y atribuciones que no tienen conforme a la ley. También cuestionó ¿por qué introducir la suspensión de la resolución de los procesos electorales sujetos a elección popular?
Del mismo grupo parlamentario, el diputado Hamlet García Almaguer, solicitó información sobre el procedimiento paralelo por parte de la SCJN y la Sala Superior del TEPJF de casos que están relacionados, por ejemplo, con la revocación de mandato. La duda es: ¿si cuando la Suprema Corte toma conocimiento de un asunto no debería de prevalecer sobre cualquier otro tribunal, incluyendo la Sala Superior, para evitar la posibilidad de que existan sentencias contradictorias?
El diputado Pedro Vázquez González (PT) expresó vía zoom que la iniciativa de su bancada propone candados sobre la forma de no resolver acciones afirmativas una vez que ha iniciado el proceso electoral, con el fin de que no se repitan casos como “el de experiencias pasadas, que ya prácticamente resueltas la totalidad de las candidaturas por los partidos políticos de última hora se presentaron mediante sentencia acciones afirmativas que tuvimos que remontar tiempos para poder cumplir”.
El diputado del PVEM, Juan Luis Carrillo Soberanis, señaló que en los hechos los tribunales electorales locales no brindan certidumbre jurídica, ni cumplen a cabalidad con el objetivo para el que fueron creados, siendo en muchos casos una estructura burocrática que duplica las funciones que de todos modos llevan a cabo otros órganos, pues 7 de cada 20 asuntos que resuelve el Tribunal Electoral Federal se refieren a procesos locales, por lo que preguntó ¿qué razón tienen de ser?
Del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell indicó que es importante garantizar la capacidad técnica y que en el proceso de selección intervengan uno o más poderes independientes al Poder Judicial o incluso al Tribunal como el órgano autónomo que es. Además, no sería mal, para garantizar la independencia, un proceso de insaculación tras uno donde hayan participado ya los órganos que legitimen. Enfatizó que sí sería imposible que sean elegidos popularmente, pues se perdería la autonomía y la imparcialidad, por lo que estarían vinculados a un partido o estructura.
Para fortalecer al Tribunal Electoral es importante contar con carrera judicial
Angélica Manríquez Pérez, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró que la reforma electoral debe partir de la independencia judicial, pues “necesitamos contar con órganos independientes y autónomos. Si queremos avanzar hacia el fortalecimiento de las instituciones electorales debemos centrarnos en la carrera judicial, en el ingreso y la permanencia y evaluación de los funcionarios”.
Puntualizó que es tiempo de pensar en una reforma constitucional que plantee la posibilidad de la suspensión en materia electoral, sobre todo porque “ahora vemos procedimientos donde ya las personas físicas y morales pueden ser sujetas de procedimientos sancionadores. Es importante pensar en la irreparabilidad de los actos en materia electoral”.
Las autoridades electorales no deben hacer interpretaciones directas de la Constitución
Vía plataforma digital, Eduardo Andrade Sánchez, abogado por la UNAM, puntualizó que hay un exceso de atribuciones del Tribunal Electoral cuando pretende intervenir en la integración de un órgano del Congreso como es la Comisión Permanente. “El método que han seguido las autoridades electorales, en lo que se está convirtiendo en una invasión al Poder Legislativo, se basa en el artículo 1º constitucional”.
Consideró que es importante que se delimiten con toda precisión las posibilidades interpretativas de que puedan disfrutar las autoridades electorales. “Creo que hay que establecer una limitación muy especial porque la independencia judicial no puede ir al extremo de pasar por encima de las facultades del Poder Legislativo”.
No hacer constituciones ni leyes que sean monopolio de unos pocos
Jorge David Aljovín Navarro, analista político y observador electoral, afirmó que se tiene que buscar desincorporar, como se hizo en la reforma de 2014, a lo que se denominó el procedimiento especial sancionador para determinar una autoridad que instruya y una que resuelva y esto es lo mismo que debe ocurrir con la Unidad Técnica de Fiscalización.
“Respetemos los momentos constitucionales y no hagamos constituciones ni leyes que sean monopolio de unos pocos; demos el espacio para discutir una justicia dialógica y abierta. Controles y declaraciones patrimoniales para todos los funcionarios judiciales es muy importante para evitar el nepotismo que es una de las grandes raíces de la corrupción”, puntualizó.
Se debe implantar una auténtica carrera judicial
Silvia Gabriela Ortiz, secretaria de Estudio y Cuenta comisionada a las ponencias de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, cuestionó por qué no implantar una auténtica carrera judicial al interior del Tribunal Electoral pero que cubra hasta magistrados de sala regional; “se garantizaría que dichos magistrados tengan el perfil idóneo, así como ventajas, donde la meritocracia y el profesionalismo sea el que permita arribar a los cargos, además de que les dará estabilidad y permanencia”.
Aseguró que las salas regionales son una oportunidad muy grande para fortalecer la independencia mediante la carrera judicial. “Es una propuesta que dejo en la mesa y sería una vía para fortalecer la independencia, imparcialidad y objetividad de los magistrados”.
Legitimar la elección de una autoridad electoral
Carlos Daniel Luna, asesor externo de Morena en la representación ante el Consejo del Instituto Nacional Electoral, dijo que se debe plantear la pregunta de cómo legitimar la elección de una autoridad electoral, ya que están encargadas del sistema democrático, pero son personas que no son elegidas mediante un mecanismo democrático.
Subrayó la necesidad de poner un alto al Tribunal Electoral en cuanto a la invasión de otras esferas competenciales de autoridades. “Se debe fortalecer sin dejar de lado a otros poderes que tienen que ser respetados”
Designación de magistrados debe ser un acto democrático
Flavio Galván Rivera, coautor de diversas publicaciones en materia de Derecho, aseguró que la designación de magistrados debe ser un acto democrático, pero no por voto, sino mediante una convocatoria abierta para todos aquellos que reúnan formalmente todos los requisitos exigidos en la Constitución y en la ley, así como una Comisión de la Cámara de Senadores que cumpla la satisfacción de los requisitos y quienes lo cumplan, sean sometidos a examen de conocimientos de experiencia que realizará un comité académico y jurisdiccional.
“Una vez que se tenga a todo el cuerpo de personas con la capacidad profesional de ocupar la magistratura, lo designen de la forma que crean mejor, incluso mediante tómbola, ya que todos son capaces y aptos para ocupar el cargo”.
Respuestas de ponentes
Al responder a cuestionamientos de las y los diputados, Eduardo Andrade Sánchez afirmó que el mayor peligro está en las propias disputas internas entre legisladores o miembros de un partido, “Creo que la clase política debe entender que los conflictos políticos se resuelven por medios políticos. En la medida que los miembros de partidos o legisladores quieren introducir la jurisdicción a sus territorios para defender posiciones políticas, ponen en riesgo la política y la justicia”.
En su oportunidad, Jorge David Aljovin Navarro afirmó que se tiene que evitar la supremacía judicial y apostar a la supremacía constitucional, porque se debe evitar el protagonismo de los jueces que se inmiscuyan en zonas donde no les corresponde y uno de estos casos sería el ámbito legislativo.
Angélica Manríquez Pérez aclaró que su propuesta sobre la suspensión en materia electoral no se refiere a la suspensión del proceso electoral; de hecho, es una de las razones por las cuales no se incorporó la figura de la suspensión en un inicio en la Constitución. “Me refiero al artículo 41, fracción sexta, que señala que la interposición de los medios de impugnación en materia electoral no generará efectos suspensivos. Mi propuesta va en el sentido de que repensemos esta figura cuando se interpongan los medios de impugnación en materia electoral”.
A su vez, Flavio Galván Rivera señaló que “la Constitución establece el orden y función de los Poderes y se debe respetar si queremos un verdadero Estado de derecho”.
Silvia Gabriela Ortiz contestó que un juzgador no se improvisa ni tampoco su conocimiento para resolver los conflictos electorales, por lo que no se debe confundir la legitimidad de los juzgadores, pues es mediante sus resoluciones como se logra y no debe ser mediante elección popular. Apuntó que los tribunales locales tienen relevancia pues son estados libres y soberanos como lo marca la Constitución.
Por su parte, Carlos Daniel Luna cuestionó si realmente la legitimidad está en las sentencias de las autoridades, ya que hay sentencias irrisorias donde se imputa responsabilidad a altos funcionarios públicos, como ha sido el caso del presidente de la República. “Debemos ponderar la participación de poderes públicos y de la propia ciudadanía. La iniciativa presidencial da una solución”, expresó.
Con información de la Cámara de Diputados
