Para el desarrollo de esta iniciativa se va a buscar un diálogo con especialistas y organizaciones de la sociedad civil en este Congreso. 

El día de hoy, en rueda de prensa, Pedro Kumamoto, Susana De la Rosa y Lucía Almaraz, presentaron un posicionamiento sobre el recorte presupuestal a la seguridad pública en Jalisco, así como una propuesta para evitar que esto se repita. 

“El pasado 22 de noviembre, la alianza legislativa Morena-Movimiento Ciudadano impulsó la aprobación anticipada del Presupuesto del estado de Jalisco para el año 2023. El Congreso tenía hasta el 15 de diciembre para analizar y aprobar este presupuesto, periodo en el cual se debía de revisar y discutir a profundidad el destino de los impuestos de las personas de Jalisco, escuchando las opiniones de la prensa, de la sociedad civil, de especialistas, etc.  Sin embargo, esto no sucedió. El Gobierno de Alfaro quería que el presupuesto se aprobará sin discusión y sin que nadie se diera cuenta. Y así sucedió”  Aseveró De la Rosa.

En Jalisco los niveles de inseguridad son alarmantes. Somos una de las cinco entidades con el mayor número de homicidios dolosos y el primer lugar con personas desaparecidas y no localizadas. Según la ENVIPE, el 79% de los jaliscienses percibe como inseguro el estado.

A pesar de eso, Jalisco es una de las entidades que menos recursos gasta en seguridad en relación a su población. Si el presupuesto del estado fuera un billete de 100 pesos, solo 6 pesos se destinan a seguridad pública e investigación de los delitos. Además, para el próximo año, los recursos totales con los que contará el Gobierno del estado crecerán 10.8% en términos reales, pero las asignaciones totales a instancias encargadas de labores de seguridad y de impartición de justicia bajarán en 1%. 

El presupuesto ejercido por la Secretaría de Seguridad en 2021 fue de 520 pesos por habitante. Esta cifra nos pone muy lejos de entidades como la Ciudad de México, que ejerce 4 veces más recursos por habitante; de Yucatán, la entidad más segura del país, que ejerce el triple; y de Nuevo León, una entidad comparable a Jalisco en su desarrollo económico y población, que ejerce casi el doble que nuestra entidad. ” informó Kumamoto.

Por eso el día de hoy se presentó la primera parte de Seguridad Como Prioridad, una propuesta para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia de Jalisco. 

Para el desarrollo de esta iniciativa se va a buscar un diálogo con especialistas y organizaciones de la sociedad civil en este Congreso

Lo que se busca son 3 cosas:

  1. Que en los años en que el aumento del presupuesto estatal sea superior a la inflación, el presupuesto destinado a labores de seguridad pública se incremente al mismo nivel que el presupuesto. Como este año.
  2. Que en los años en los que la inflación sea superior al porcentaje de cambio real en los ingresos totales del gobierno del estado, el incremento a las labores de seguridad pública y de impartición de justicia sea igual a la inflación. Es decir, que el presupuesto de seguridad nunca sea superado por la inflación. 
  3. Que el monto presupuestado a las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia nunca pueda ser menor que el del año anterior en términos reales. Es decir,que por lo menos el presupuesto de seguridad se mantenga estable y sin disminuciones. 

También se buscará que en las leyes de Jalisco se establezca un mecanismo de rendición de cuentas, para que un órgano ciudadano independiente, conformado por distintos sectores de la sociedad civil organizada o el propio Consejo Ciudadano de Seguridad revise periódicamente los informes de gasto de las dependencias en cuestión, a fin de garantizar una correcta gestión de los recursos públicos y la rendición de cuentas sobre el gasto en el tema que más preocupa a la sociedad: la seguridad y la justicia. 

Vamos a empujar que en Jalisco se dé una verdadera reforma policial y de procuración de justicia, que fue un compromiso de la actual administración de Enrique Alfaro, después de sus actos represivos del 4,5 y 6 de junio de 2020.  El punto de partida es dar a las instituciones de seguridad las condiciones presupuestales necesarias para que hagan bien su trabajo.” Concluyó Susana.

About The Author

Deja un comentario