5 agosto, 2020

Polígrafo Mx

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La energética Siemens Gamesa suspende pagos a ejidatarios de Oaxaca

Ciudad de México.- Mientras la eólica española Siemens Gamesa planea una expansión en varios países del mundo, en una pequeña comunidad de Oaxaca, México, suspendió los pagos a ejidatarios que le rentan los espacios donde coloca sus instalaciones, argumentando “insolvencia económica” por la pandemia de COVID-19.

Desde hace 10 años, los ejidatarios de Santo Domingo Ingenio, Oaxaca, arrendan sus tierras en calidad de “apartado o reserva” a la empresa Gamesa, que construiría los parques eólicos “Cerro Iguana” y “El Sauzal”.

Sin embargo, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales del lugar, Fernando García Ríos, precisó que Siemens Gamesa adeuda un año de renta a los 500 ejidatarios.

Dichos pagos corresponden a los bonos semestrales julio-diciembre de 2019 y enero-junio de 2020.

Detalló que es un bono de mil pesos por hectárea a cada ejidatario, correspondiente al año pasado; más uno de 2 mil 600 pesos por hectárea correspondiente al concepto de usufructo, y el bono de mil pesos por hectárea del primer semestre de este 2020.

Además, denunció que personal de la empresa acompañado de un notario público, está visitando casa por casa de los ejidatarios para obligarlos a firmar el documento por concepto de “dispensa temporal de pago” de por lo menos dos años, para que la deuda se liquide en diciembre de 2021.

Es decir, “si firmas, el primer pago te llegará en seis meses y el segundo será hasta diciembre de 2021”, señaló García Ríos.

La empresa eólica argumenta que pasa por una situación de “insolvencia económica” por la pandemia, y también por el nuevo decreto que emitió el gobierno federal, en marzo pasado, a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), por lo que los afectados pidieron la ayuda y asesoría del gobierno de Oaxaca, porque la empresa se niega a pagarles los adeudos, o los condicionan con que “si no firman, se disuelve el contrato”.

“Aún no hemos definido si vamos a cancelar o no los contratos, pero antes de todo exigimos nuestros pagos; confiamos en la empresa y ahora fácilmente nos dice que no tiene dinero, cuando sabemos que es una empresa trasnacional, que construye parques eólicos y ahora nos está defraudando”, se quejaron los ejidatarios.

Consultada con anterioridad sobre la situación que enfrentaban las comunidades con proyectos de energías sustentables en el estado, la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático, del Congreso local, Victoria Cruz señaló que ello no era parte de su competencia.

Tras haber presentado un exhorto en contra del decreto en materia de Energías Renovables que emitió la Sener, la diputada del PVEM señaló su preocupación “del impacto sobre el Medio Ambiente al frenar el desarrollo de este tipo de energías en el país”, sin embargo, reconoció desconocer la situación de los corporativos energéticos en la entidad que representa.

“Ahora bien, hablando particularmente de Oaxaca, considerada como la entidad número uno en generación de energía impulsada con el viento, aún no existe un reporte oficial exacto donde podamos conocer si ha disminuido la generación de energía ni en qué porcentaje durante la contingencia provocada por el COVID-19”, refirió.

Aunque reconoció que existen irregularidades dentro de los convenios entre las comunidades y las empresas, se justificó diciendo que “lamentablemente no está dentro de mis facultades revisar los contratos o intervenir en la formulación de los mismos”.

Por lo que se mostrará “respetuosa de la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas”.

“Sé que los contratos celebrados entre las empresas Eólicas y las comunidades, dicho por los afectados, se han realizado de dos formas, mediante el arrendamiento de las tierras y el suministro de energía, hoy, sé perfectamente que existe una falta de transparencia y un desaseó” reconoció Cruz Villar, aunque limitó su actuar legislativo a su coparticipación como la de todos los y las diputadas, en la elaboración de la Ley de Consulta Previa, la cual dijo “es una solución a las problemáticas constantes entre las empresas y las comunidades”, concluyó.