Diego Martínez / @diegomtzsanchez
Oaxaca, en el sureste mexicano, es uno de los territorios con mayor biodiversidad en el mundo. Su basta riqueza natural, aunque contrasta con la marginación y pobreza en la que viven la mayoría de sus habitantes; es el eje de desarrollo que podría cambiar la “realidad histórica” de la entidad.
Sin embargo, la corrupción, complicidad y omisiones por parte de las autoridades en los tres niveles de gobierno, así como de un importante sector social, es el mayor impedimento. Sumado a la inacción de los organismos creados supuestamente, para la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales.
Desde la extracción maderera en la Sierra, la explotación marítima en la Costa, Minera en la Mixteca, Cañada y Valles; hasta la creciente problemática con el manejo de los desechos o la contaminación del Río Atoyac, entre muchas otras; son emergencias que parecieran pasar desapercibidas por la mayor parte de la población.
Pero un problema que afecta a todos o a la gran mayoría, es la escasez del agua para consumo humano. Pese a que Oaxaca es aún privilegiado en este recurso, eso podría cambiar de no establecer mecanismos para garantizar el abasto y un uso responsable, partiendo desde un tema cultural y social pero sobre todo, de responsabilidad compartida.
Porque el buscar culpar al ciudadano común, y limitar su derecho a este servicio, está lejos de ser una solución. Tampoco aumentar impuestos o establecer horarios, como lo hicieron en Nuevo León ante la sequía que golpeó con dureza a la segunda economía más importante del país, arrojará los resultados deseados.
La tarea principal es la regulación gubernamental y empresarial, ya que si bien es cierto que muchas empresas cumplen con los estándares internacionales en cuanto al manejo y reciclado de agua corresponde, la realidad para estados como Oaxaca, es que estos controles son prácticamente inexistentes, y no solo en el uso de este recurso, también en todos los que mencionamos anteriormente.
Basta con recorrer la Sierra oaxaqueña para ser testigo del brutal saqueo, o visitar las playas para conocer la nueva propiedad privada e invasión inmobiliaria que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Incluidos a aquellos que se oponen a estos proyectos, tanto públicos como de particulares.
Durante los sexenios anteriores, la entidad oaxaqueña ha enfrentado un robo sistemático y sistémico de sus recursos naturales, escenario que podría cambiar si el actual gobierno decide actuar y ejecutar políticas públicas que protejan pero también busquen preservar y restaurar el equilibrio natural en las ocho regiones, cuya complejidad tanto social, como política, demográfica, económica y cultural, será el primer reto a vencer. Así como acabar con la impunidad que permite a grupos criminales muchas veces confabulados con autoridades locales y federales, devastar los recursos de Oaxaca. Siendo el agua y sus beneficios, los de mayor interés.
Pero para lograr restaurar la balanza se necesita una coordinación interinstitucional y una participación social enfocada a resultados. Y uno de los primeros debe ser el regular y transparentar las concesiones de agua que ha entregado el Estado a particulares, así como las actividades productivas que hacen uso de este recurso, sobre todo en las zonas donde su impacto medioambiental afecta directamente a la población, muchas veces, de los sectores más vulnerables por ende, más ignorados y fáciles de violentar.
Ejemplos hay muchos, como el del manantial de Ayutla en la región Mixe, el cual fue despojado por otra comunidad supuestamente con ayuda de funcionarios del anterior gobierno, dando pie a un violento conflicto social que derivó en enfrentamientos y ataques armados incluso en contra de mujeres y niños. Además, pese a las resoluciones de la Corte para que se le restituyera el manantial a la comunidad original, fue el propio exgobernador Alejandro Murat, quien buscó todas las formas de no cumplir con el mandato judicial. Por lo que los propios habitantes lo acusaron de tener intereses económicos en la región. Dichos que por supuesto negó.
Otro problema es la edificación de importantes desarrollos turísticos en la Costa, en su mayoría de inversión extranjera y una que otra local, la mayoría de políticos o familiares. Sin importar que la zona sea de las que más carece de agua, aunado a la contaminación de mantos acuíferos, ríos y mares, así como la invasión y destrucción de zonas protegidas.
Eso solo por mencionar algunos conflictos, pero en cada región, en cada municipio y en cada casa, la escasez del agua se irá agravando, sobre todo cuando las industrias supuestamente “necesarias” para el desarrollo, comiencen a acaparar las reservas y fuentes del vital líquido. Una realidad que ya se vive en los estados del norte y centro del país, donde grandes trasnacionales y corporativos industriales, son los dueños del agua.
La labor del Poder Ejecutivo será titánica, y requerirá de toda la colaboración que el Congreso le pueda dar, sobre todo en materia de facultades y presupuestos, sin descuidar la vigilancia en el uso de los mismos, así como la planeación y ejecución de programas que aporten a la construcción de soluciones reales a los problemas de hoy, y acciones que prevengan los de mañana.
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