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• La designación de magistrados de forma directa del Ejecutivo impide una impartición transparente: Zepeda
Oaxaca.- La división de poderes debiera ser el garante de equilibrio entre las principales fuerzas sociales, políticas y jurídicas que integran al Estado, sin embargo la realidad es muy distante a la teoría.
La lucha de control político y económico que se da entre el Poder Ejecutivo para controlar al Legislativo, o el del Legislativo para influir en el Judicial, así como el Judicial en el Ejecutivo o viceversa, es una constante que se repite a nivel federal y estatal, por lo que Oaxaca, no es la excepción.
Desde 1987 gracias a diversas adecuaciones a las leyes, el nombramiento de las y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Laboral, es por elección directa del gobernador, contexto que “pone en duda la transparencia y autonomía de las y los integrantes de los tribunales”, asegura la diputada Elisa Zepeda.
Ante ello, la legisladora morenista presentó una propuesta para que esta facultad recaiga en manos del Congreso del Estado y la designación sea a través de la comisión de Administración y Procuración de Justicia, la cual, ella preside.
Zepeda Lagunas expuso que en el estado de Oaxaca, el 94 por ciento de los delitos que se denuncian permanecen en la impunidad, porcentaje que ligeramente se encuentra por debajo del promedio nacional que es de 96.1 por ciento, de acuerdo con el Índice de Impunidad en el Sistema de Justicia Penal 2018.
Por otra parte -agregó- en el Ranking de opacidad judicial realizado por Equis Justicia para las Mujeres, el 96 por ciento de los Tribunales locales del país no difunden sus sentencias, por lo que no podemos conocer la sustancia de su trabajo.
“El problema de acceso a la justicia tiene muchas aristas, pero una de ellas es la forma de designación de las magistradas y magistrados, ya que venimos de una tradición poderosa de influencia del Poder Ejecutivo en la integración del Poder Judicial, en ese sentido es difícil mencionar que exista autonomía y división de poderes entre estos órganos que integran el estado”, espetó la representante popular.
Elisa Zepeda dejó claro que el hecho de que sea el gobernador quien determine definitivamente quiénes serán las y los Magistrados, provoca que desde su integración el sistema de justicia tenga poco contrapeso real con los otros poderes.
Indicó que en la legislación actual, “no hay ninguna medida afirmativa e incluso una ventana de oportunidad para que durante la designación de magistradas y magistrados se puedan realizar acciones afirmativas para que alguna persona proveniente de población afrodescendiente o indígena pueda formar parte del órgano máximo de administración de justicia”.
Por ello la propuesta establece una reforma a la Constitución local en la que a letra expresa diga:
Para nombrar a las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Laboral, el Congreso del Estado a través de su Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, desarrollará un proceso bajo los principios de transparencia y máxima publicidad, en el que realizará una convocatoria abierta, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 101.
En el caso de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Laboral, El Consejo de la Judicatura certificará el cumplimiento de los requisitos de ley y aplicará los exámenes de oposición.
Una vez concluidos éstos, remitirá al Congreso del Estado una lista que contenga ocho candidatos, de los cuales la Comisión Permanente de Administración de justicia remitirá al pleno, una para que que se elija a quien debe ser magistrada o magistrado.
