25 mayo, 2020

Polígrafo Mx

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Exfuncionarios de Javier Duarte confiesan desvío de recursos

Javier Duarte

Se estima que el daño al erario asciende a más de 3,600 millones de pesos

Veracruz.– Las acusaciones en contra del exgobernador Javier Duarte, han tomado un giro con la confesión de 25 empleados y exfuncionarios que formaron parte de la red de empresas fantasmas que Duarte de Ochoa habría empleado para desviar más de 3 mil millones de pesos del erario público.

De acuerdo a las confesiones recabadas por la Fiscalía General del Estado, la exjefa de licitaciones del DIF Veracruz cuando la esposa de Duarte era la Presidenta Honoraria; sostiene que en 2017 quiso confesar todo tras enterarse de las empresas fachada, pero su exjefe le advirtió que los que estaban detrás de todo “eran personas muy peligrosas”, por lo que -dijo- actualmente teme por su vida.

Las declaraciones fueron recabadas entre enero y marzo de este año por la Fiscalía y forman parte del expediente con el cual se solicitó a un juez órdenes de aprehensión en contra de 25 personas, entre los que se encuentra el exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá y el contador Víctor Manuel López Gachuz, propietario del despacho de contadores implicado en la creación de las empresas fachada.

Por ahora las investigaciones se han centrado en los pagos por poco mas de 100 millones de pesos que salieron del DIF de Veracruz a seis empresas fantasma, en los dos primeros años del sexenio de Duarte.

Las doce personas que figuran como accionistas de las empresas fantasma confesaron que no son empresarios y que varios de ellos accedieron a firmar papeles cuyo contenido no conocían, mientras que a algunos de ellos sí les dijeron que estaban relacionados con alguna empresa, pero sin saber que serían utilizadas para desviar recursos públicos.

Peritajes practicados a los contratos que signó el DIF de Veracruz con dichas compañías, confirmaron que las firmas fueron falsificadas en los documentos.

De los 12 implicados, ocho laboraron como trabajadores o colaboradores del despacho de López Gachuz. Entre ellos hay una secretaria, una recepcionista, dos trabajadores de mantenimiento, una auxiliar de oficina, un mensajero, un velador, y una auxiliar de contabilidad.

Los testimonios también señalan irregulares de los notarios públicos que constituyeron estas empresas dando fe de hechos que eran falsos, y el involucramiento del despacho de contadores.

Entre los otros empresarios se encuentran choferes de mudanzas, estilistas, y hasta un albañil que no sabe leer ni escribir. Personas de bajos recursos que fueron convertidos, en el papel, en exitosos empresarios.

Se estima que el daño total al erario, asciende a más de 3,600 millones de pesos que debían llegar a los sectores más vulnerables de la población por medio de programas y apoyos sociales.

De las 25 órdenes de aprehensión, 10 ya fueron ejecutadas por la autoridad ministerial y, el pasado jueves un juez determinó vincularlos a proceso por diversos delitos entre ellos el de asociación delictuosa. Otros 15 imputados, entre ellos Tarek Abdalá y López Gachuz continúan prófugos.

En días pasados, Javier Duarte de Ochoa -actualmente preso- solicitó una suspensión provisional contra cualquier posible nueva orden de captura, comparecencia o localización en su contra por parte de Fiscalía General de la República (FGR), la cual le fue otorgada por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México.

Para que surta efecto la medida, el juez le impuso el pago de una garantía de 90 mil pesos y pidió a jueces de control de los Centros de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México y Veracruz rindan sus respectivos informes justificados para conocer si la FGR ordenó una nueva orden de aprehensión.

El juez fijó el próximo 6 de mayo para que se lleve a cabo la audiencia constitucional donde decidirá si le concede o no la suspensión definitiva contra los actos reclamados al ex gobernador, quien cumple una condena de nueve años por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Pena que de acuerdo a los beneficios que le otorga el nuevo sistema de justicia penal, podría continuar en libertad a partir de este o el próximo año.

Con información de Animal Político y La Jornada