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mayo 15, 2026

Polígrafo Digital

Noticias y Análisis Político

Diputados reservan por 5 años expedientes sobre elección de consejeros del INE; alegan “seguridad nacional”

MÉXICO — En un movimiento que sepulta la rendición de cuentas, el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados clasificó como seguridad nacional y reservó por cinco años la totalidad de los expedientes, evaluaciones y documentos del proceso de selección de los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

La polémica resolución, impulsada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a cargo del morenista Ricardo Monreal, blinda por completo la información generada por el Comité Técnico de Evaluación entre el 19 de marzo y el 21 de abril de 2026.

Con este veto, los detalles sobre las trayectorias y exámenes de más de 300 aspirantes permanecerán bajo llave hasta mayo de 2031.

El blindaje informativo recae directamente sobre el proceso donde resultaron electos Blanca Yassahara Cruz García, Arturo Manuel Chávez López y Frida Denisse Gómez Puga, quienes asumieron el cargo el pasado 22 de abril para un mandato de nueve años.

La designación de estos perfiles ya arrastraba severos cuestionamientos debido a presuntas filtraciones del examen teórico. El caso más crítico fue el de Arturo Chávez, quien obtuvo una calificación casi perfecta de 99 puntos a pesar de carecer de antecedentes y experiencia en la materia electoral, lo que despertó alertas de imposición.

La decisión de catalogar como “riesgo a la seguridad nacional” la elección de un árbitro civil encendió las alarmas en el Congreso y la sociedad civil.

Bloques de oposición calificaron la reserva como un acto de cinismo burdo. Aseguran que ocultar las actas solo confirma que se privilegió la lealtad partidista sobre la capacidad técnica.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Kenia López Rabadán, rechazó formalmente la medida. La legisladora advirtió que la legitimidad de las elecciones de la próxima década depende de la máxima publicidad, no del secreto de Estado.

Con este acuerdo, el Poder Legislativo impone un apagón informativo sobre las calificaciones de quienes vigilarán los próximos comicios federales, debilitando la confianza ciudadana en el sistema democrático.


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