Diputadas y diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se reunieron con el auditor especial de desempeño, Agustín Caso Raphael, en torno a los resultados de la auditoría 1394-DE, relativa a la cancelación del proyecto del Aeropuerto de Texcoco.
Durante el encuentro, el auditor señaló que no existe un error en las primeras estimaciones que rondan los 330 mil millones de pesos en la cancelación del proyecto aeroportuario, reiterando que no se actúa de mala fe ni por intereses de terceros.
Al comparecer ayer ante los legisladores, aclaró que “es muy respetable la posición del secretario de Hacienda (Arturo Herrera, quien dijo que había errores ‘básicos’ en el 75 por ciento del informe)”, pero “son estimaciones, no cifras definitivas”, dijo.
Por su parte, la diputada Lidia García Anaya (Morena) dijo que la reunión obedece a la necesidad de llevar acabo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía, que permita conocer de manera certera los resultados de la auditoría 1394-DE. Inquirió si se puso en riesgo la credibilidad de la ASF por este tema.
También de Morena, el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez pidió al auditor que dé a conocer bajo qué criterio de selección de la ASF se contempló el Plan Anual de Auditorías y especialmente la del proyecto en Texcoco. ¿Por qué se determinó una de Desempeño y no la Financiera o Forense, y por qué la premura a retractarse de los resultados de la Auditoría y no apegarse al procedimiento ordinario de aclaraciones que establece la Constitución?
Por el PAN, la diputada Gloria Romero León consideró que se debió esperar a las mesas de confronta para que, por debido proceso, se permitiera el desahogo de todo el desarrollo que fue bastante complejo. “Las auditorías de Desempeño no son vinculantes, y por eso debió esperarse a que los entes auditados presentaran sus aclaraciones”. Preguntó ¿por qué no esperaron a que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y la SHCP presentaran sus memorias de cálculo y después ratificar dichos montos?
La diputada Marcela Guillermina Velasco González (PRI) pidió saber qué es la entrega de resultados preliminares, quiénes intervienen, cómo se llevó este caso y cuál fue el comentario del ente auditado al conocer los resultados. “Qué debe entenderse por una auditoría de Desempeño o Resultados, o la recomendación de desempeño?
Del PT, el diputado Alfredo Porras Domínguez indicó que el auditor precisó que no hay observaciones ni sanciones, sino que se busca generar la mejor información, lo que permitirá que de frente a la nación esto se convierta en un ejercicio normal. En su réplica, el diputado dijo que habrá más gastos adicionales que se presentarán, por lo que se deben esperar los resultados finales.
La diputada Ruth Salinas Reyes (MC) expresó que hay preocupación sobre si los errores que se han señalado en la metodología utilizada en la auditoría se han utilizado en otras auditorías, situación que sería grave. “Conviene aclarar si únicamente se presentó en la Cuenta Pública 2019 y por qué razón varió la metodología utilizada respecto de las cuentas anteriores”.
El diputado Jorge Casarrubias Vázquez (PRD) preguntó en qué consisten las inconsistencias señaladas en los sobrecostos y el impacto en los resultados finales. Además, pidió saber si la entidad fiscalizada tuvo conocimiento de manera preventiva de los hallazgos definitivos en la auditoría 1394-DE y si contó con la documentación y facilidades para aclarar o justificar los resultados y observaciones presentadas”.
Al responder, el auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, dijo que el tema de esta reunión de trabajo es revisar una de mil 400 auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2019.
“Así ha sido con ese volumen de trabajo, a profundidad e intensidad, a lo largo de 20 años. No es justo que por un informe individual dentro de mil 400 y otros tantos, se ponga en tela de juicio la credibilidad de una institución tan seria como la Auditoría Superior de la Federación”.
Aseguró que nunca ha sido presionado por nadie, ni agentes externos o internos, ni ha recibido presiones de alguna especie porque la ASF no obedece a intereses o influencias ajenas.
Explicó que el Informe Individual de Auditorías establece la metodología de desempeño focalizada en costos, que comprende los económicos invertidos en la construcción del proyecto, los montos erogados por la terminación anticipada de contratos y convenios, costos asociados a la recompra de bonos y liquidación y los costos legales.
Precisó que no se trata únicamente de medir indicadores de gestión o aspectos administrativos, sino verificar qué instituciones, programas, proyectos y política cumplan con sus objetivos y su razón de ser. “Lo sustantivo es evaluar los resultados del ejercicio de los recursos, el avance de la atención de los problemas públicos y el impacto real de la gestión”.
Además, subrayó que el ente auditado contó con todas las prerrogativas para presentar información, “se le dieron los tiempos procesales, se le dieron los resultados y se dio la oportunidad de confronta. No hay discrepancias, se sigue una metodología y hay derecho de réplica para solventar temas, en el marco de un proceso que permita arribar a un buen puerto con cifras y cantidades”.
Señaló que el proceso de cancelación de un proyecto de las dimensiones del nuevo aeropuerto de Texcoco, amerita una serie de procesos, metodologías, planteamientos muy complejos para llevarlo a cabo, y “la recomendación que nosotros emitimos está orientada precisamente a que el Grupo Aeroportuario tenga la capacidad y los sistemas de información que hagan transparente el proceso de cancelación”.
Durante la segunda ronda de preguntas y respuestas de la reunión de la citada comisión, la diputada Ruth Salinas Reyes (MC) preguntó al auditor cuál es su experiencia respecto de la auditoría al aeropuerto cancelado que, dijo, fue muy compleja. Comentó que los temas de infraestructura son de gran importancia porque son de interés público, por lo que es necesario dar certeza la ciudadanía.
Del PT, la diputada María Teresa Marú Mejía agradeció la presencia del auditor y le preguntó sobre la Auditoría de Desempeño del aeropuerto y si la ASF calculó el impacto mediático, las repercusiones para el país y la ciudadanía, y cómo se tenía que responder.
Por el PRI, la diputada Marcela Guillermina Velasco González solicitó saber cuáles son los tiempos establecidos que tienen los entes auditados para realizar las aclaraciones y solventar los temas de la auditoria en 1394-DE.
La diputada Josefina Salazar Báez (PAN) pidió que, derivado de los resultados que se presentaron en la Cuenta Pública 2019, profundizara en las acciones legislativas que se deben impulsar para que los resultados de la ASF se fortalezcan y en la prevención de errores o discrepancias se dé un mejor manejo de la información.
La diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena), preguntó si la ASF tiene un procedimiento específico para demostrar la naturaleza del error o si no lo hay. Además, ¿qué acciones debe tomar la ASF para probar la causa del error y qué metodología emplearán para el resto de las Auditorías de Desempeño, en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2019?
La diputada Edna Laura Huerta Ruiz (Morena) preguntó si hay otras Auditorías de Desempeño realizadas bajo su responsabilidad en la Cuenta Pública 2019 que requieran una revisión exhaustiva y si se puede confiar en que no habrá nuevas inconsistencias en la revisión de los resultados del resto de las auditorías.
Al dar repuesta, Agustín Caso Raphael explicó que la dificultad que se encontró con una auditoria de esta naturaleza fue que era una construcción que se interrumpió por cuestiones de Estado y que dio origen a otro proyecto que es el aeropuerto de Santa Lucía.
Señaló que lo más relevante es que las recomendaciones emitidas buscan establecer el mecanismo de control y seguimiento que permitan generar, integrar y reportar comunicación confiable. “Esto va a permitir transparencia y también certeza”.
Dijo que la ASF se apega a su debido proceso y aunque las auditorías sean distintas no hay dolo, mala fe, ni errores. “Sería una cuestión grave si en temas importantes del país la Auditoría actuara con mala fe o con interés creados”.
Añadió que no hay error, sino una metodología que arroja una serie de cifras. “Nadie está mintiendo, no hay dicotomía respecto a si una u otra visión es la correcta. Una, obedece a una metodología, ve la cancelación con una perspectiva amplia y la otra, de manera acotada y estricta”. Añadió que no son cifras definitivas, sino estimaciones, porque es la naturaleza misma del proceso económico.
Reiteró que en esta Auditoría no hay dolo ni mala fe y que las Auditorias de Desempeño están sujetas a proceso riguroso de verificación, fundamentado en normas de INTOSAI y eso da certidumbre de que están bien hechas. Además, dijo, “soy un firme creyente y siempre he apoyado el debido proceso en todos los órganos federales, estatales e internacionales donde he trabajado”.
También, explicó que el ente auditado tiene 30 días para presentar lo que a su derecho convenga, después hay 120 días que tiene al ASF para resolver en consecuencia.
Agregó que es necesario trabajar de manera coordinada y establecer un apartado en la ley que regule el procedimiento de cancelación de programas y proyectos de inversión; además, establecer la obligación de elaborar una evaluación económica que incluya la cuantificación de implicaciones económicas y financieras que se generaría con la cancelación.
En la reunión con la CVASF, presidida por el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), el Auditor Especial sostuvo que al no tener ningún elemento punitivo en los resultados, queda claro que no existe ni existió la intención de imputar alguna conducta ilegal a un ente o a un gobierno.
Apuntó que los resultados de la auditoría fueron ocho, y se puede verificar que en ningún momento se estableció un pliego de observaciones como cuantificación de presunto daño a la hacienda pública; tampoco existe ningún señalamiento a ningún servidor público, ni promoción de sanción por conductas graves ni no graves.
Las recomendaciones, dijo, carecen de ánimo punitivo porque su esencia es recomendar mejores procesos en la acción institucional, para tener una mejor calidad en el manejo del gasto desde su control. “Eso de ninguna manera entraña un ataque a la investidura presidencial ni a un gobierno”.
El Auditor Especial sostuvo que con esta auditoría no se presenta ninguna cifra definitiva que señale un daño materializado, porque el proceso de construcción y cancelación del aeropuerto aún no concluye, sólo se emiten recomendaciones de carácter preventivo, propositivo y de control para la mejora de la gestión
La auditoría 1394 señala un vacío legal
Caso Raphael indicó que la auditoría 1394 señala un vacío legal al no existir un proceso claro para determinar la valoración de un proyecto de construcción que se suspende o cancela. Por esta razón, refirió que existe un área de oportunidad para que las y los legisladores realicen reformas a la Ley Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria.
Consideró que es importante superar la falsa disyuntiva sobre dos criterios y enfoques metodológicos, porque ambos tienen sustento constitucional, legal y técnico. “No es la intención pretende imponer una cifra sobre otra, no sólo por su origen y naturaleza distintas, sino porque son hipótesis que se van a materializar cuando concluya el proceso de cancelación del aeropuerto, por tanto, sería inadecuado establecer en este momento cifras definitivas, más aún si el proceso de seguimiento de auditoría se está desarrollando”.
Explicó que los primeros recursos asignados al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son del Presupuesto 2014, cuya cancelación del proyecto no ha concluido. “No estamos ante un hecho completamente pagado y cerrado; se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos, financieros y económicos que pueden concretarse en 26 años”.
Sobre el costo, dijo, que se trata de un estimado, que incluye gastos ya erogados desde 2014 a 2019, así como bonos, contratos pendientes y demandas en proceso. Precisó que los gastos futuros son estimaciones porque los recursos no han sido pagados y algunos instrumentos financieros aún no se han cancelado y la carga financiera que implicará la recompra de bonos se materializará en un futuro.
Cuando se plantea una gran obra se tiene una estimación que cuando se ejecuta puede obligar a modificar los costos a varios años, es probable que la estimación sea otra, y no significa que exista una irregularidad y menos una acusación de corrupción.
La fiscalización se integra por los costos económicos, financieros y legales para el conjunto del Estado. Al mismo diseño de la auditoría aclara que el objetivo no es una revisión de cumplimiento financiero de un año, ni se aboca a verificar el cumplimiento y legalidad con que se manejan los recursos públicos.
En esta auditoría se valoran de forma amplia los tres tipos de costo que inició hace siete años y se presentan proyecciones a futuro, que son estimaciones, que pueden o no concretarse en los años venideros, dijo.
Indicó que se contemplaron dos grandes conceptos en el proceso de cancelación, 163 mil 540 millones de pesos erogados hasta 2019, y 168 mil 455 millones de pesos de costos adicionales.
Las conclusiones tienen un sentido positivo porque señala que en opinión de la ASF los resultados muestran, que en términos generales el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México cumplió con los procesos llevados a cabo para la terminación anticipada de los contratos, comentó.
Se congratuló porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esté cerca de la mesa de trabajo en que se realizará el seguimiento y aclaración que marca la ley, será un intercambio de opiniones en el que se valorarán costos y fuentes de financiamiento, entre otros elementos técnicos.
