Gobierno de México limita energías renovables para beneficiar a CFE y PEMEX

Ciudad de México.- La Secretaría de Energía publicó en la edición vespertina de este viernes, del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional del Centro Nacional de Control de Energía.

Horas antes, el ahora extitular de la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer), César Emiliano Hernández Ochoa, presentó su renuncia ya que dicha medida no fue sometida al proceso de mejora regulatoria que podría demostrar las consecuencias negativas de las nuevas reglas en el sector.

El acuerdo entra en vigor este sábado 16 de mayo junto a una serie de medidas respecto al crecimiento y operación de las energías renovables que, según el gobierno mexicano, dotarán de confiabilidad al sistema eléctrico nacional.

Este acuerdo establece limitaciones a la emisión de permisos para plantas eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares con poca capacidad de transmisión, además de imponer una serie de pruebas a las centrales renovables.

También suspende las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes solares, eólicas y fotovoltaicas, pues considera que no generan certidumbre en la confiabilidad en la generación de electricidad continua al ser energías intermitentes.

Añade limitaciones a las ofertas de las centrales de estas tecnologías existentes, ya que el criterio de despacho será el “must run”, que privilegia a las centrales que pueden encender más rápido y que técnicamente son las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, se aplicarán acciones y estrategias para fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Especialistas aseguran que la decisión se tomó para utilizar el combustóleo remanente de Petróleos Mexicanos (Pemex) en época de aumentar la refinación porque los acuerdos globales implican exportar menos y los precios del crudo se encuentran deprimidos.

Al darse a conocer este medida la noche del viernes, la embajada de Canadá en México, así como los representantes de la Unión Europea, alertaron sobre los riesgos en las inversiones extranjeras en el sector de las energías renovables.

A través de un documento dirigido a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, expusieron que las acciones y estrategias de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad pondrán en riesgo las operaciones de proyectos canadienses, además de poner en duda la continuidad e inversión de los mismos.

“Este acuerdo se une al resto de medidas, cambios en las leyes y políticas que atentan contra la inversión de energía renovable en el país. En los últimos meses, empresas canadienses con inversión en el país, han enfrentado diversos desafíos, manifestado su preocupación por la política de cancelación de subastas de energía limpia”, apuntaron.

Además, aseguraron que son empresas como ATCO, Canadian Solar, Cubico Sustainable Investments y Northland Power las que generan más de 1000 empleos e invierten cerca de 450 millones de dólares.

Por su parte, los embajadores de la Unión Europea solicitaron una reunión con la titular de la Secretaría de Energía para llegar a acuerdos entorno a las energías limpias y el cambio de la regulación de los certificados. Agregaron, sin embargo, no han obtenido respuesta.

“Esta decisión amenaza desincentivar la inversión privada, incluida la extranjera, según nos trasladan varias empresas europeas”, aseguraron en el documento.

Agregaron que la publicación de dicho acuerdo impactará negativamente en 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados de la República. Las inversiones que peligran, aseguraron, alcanzan un monto de 6,400 millones de dólares.

“Comprendemos que la crisis del COVID-19 requiere medidas sin precedentes para minimizar el impacto económico y edificar lo antes posible un camino, para que el país se recupere, con lo cual expresamos nuestra sincera voluntad de cooperar”, escribieron.

Hasta el momento, no han obtenido respuesta de Rocío Nahle, titular de la Sener, ni del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En caso de no tener una respuesta satisfactoria a sus inquietudes por parte del gobierno mexicano, las empresas canadienses afectadas por las medidas promovidas por la Sener podrían iniciar un proceso legal en contra de estas, acogiéndose al Capítulo 11 del todavía vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Dicho capítulo, que trata sobre las reglas de trato para los inversionistas de los países miembros, establece que un inversionista que alegue que un gobierno anfitrión ha violado sus obligaciones de inversión, podrá someter la reclamación a arbitraje.

En este caso, el inversionista deberá notificar por escrito a la parte contendiente su intención de someter una reclamación a arbitraje con un mínimo de 90 días antes de que se presente formalmente la demanda.

El inversionista podrá optar por las reglas procesales de uno de los siguientes mecanismos de arbitraje (artículo 1120):

• El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial;
• El Mecanismo Complementario del CIADI; o
• La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Se constituirá un tribunal integrado por tres árbitros. Cada una de las partes contendientes nombrará a uno de los árbitros, y el tercero, quien será el presidente del tribunal arbitral, será designado por común acuerdo de las partes. El tribunal seguirá las reglas procesales aplicables al mecanismo de arbitraje elegido, salvo en la medida de lo modificado en el TLCAN.

El próximo 1 de julio, el TLCAN será remplazado por el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), pero al margen de eso, los procedimientos iniciados bajo el amparo del Tratado serán resueltos bajo sus reglas independientemente de la puesta en vigor del nuevo acuerdo.

Desde el inicio de la actual administración la política energética de López Obrador ha estado enfocada en la producción de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, convirtiendo en prioridad nacional la remodelación de las seis refinerías que existen en el país así como la construcción de una nueva en Dos Bocas, Tabasco.