Ciudad de México.- El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) publicó el pasado martes 12 de abril, su informe sobre la visita a México que llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021.
Dentro de sus principales resultados, señala que sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre dos y seis por ciento, han sido judicializados, y únicamente en 36 casos ha habido una sentencia.
“La impunidad es casi total”, denunció la presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, indica el documento que fue desestimado este miércoles por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su estancia en México, la delegación del CED sostuvo reuniones con 88 autoridades y visitó 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Además, se tuvieron reuniones con autoridades estatales de alto nivel y se reunieron con colectivos de víctimas, llevando a cabo algunas actividades de búsqueda en campo.
La titular de este organismo, Carmen Rosa Villa Quintana, explicó que el informe presentado consta de dos partes y contiene 85 recomendaciones.
En las recomendaciones se señala, entre otras cosas, la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, al igual que las prioridades para atender dicha política y las condiciones mínimas para que esta sea “eficaz y efectiva”.
También se insta a fortalecer las instituciones nacionales y los procesos de búsqueda e investigación; de garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones y de remover obstáculos en la judicialización y crisis forense.
Adicionalmente, se recomienda facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con “enfoque diferencial” y a reconocer “el papel de las víctimas”.
“De igual modo, el comité reconoce importantes avances normativos, institucionales y jurisprudenciales en México como la adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (…) y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Víctimas”, aseguró la SRE.
El comité también destacó la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la creación de comisiones locales de búsqueda y de las fiscalías especializadas en la materia, entre otros puntos.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México acumula 98,877 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964 -cuando comenzaron los registros- a la fecha.
De estos, más de 73,800 son hombres y casi 25,000 son mujeres.
La tragedia de los desaparecidos, que se suma a una crisis forense, tomó fuerza a partir de 2006, coincidiendo con el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico en México.
Crimen organizado y agentes públicos responsables de desapariciones
El crimen organizado es el principal autor de miles de desapariciones forzadas que se registran cada año en México, pero el Estado mexicano también es responsable de este crimen cuando es perpetrado por sus funcionarios federales, estatales o municipales y se permite la impunidad, dijo hoy un grupo de expertos de la ONU.
“Agentes públicos y el crimen organizado son responsables del fuerte aumento de desapariciones forzadas”, según un informe publicado por el Comité que hace un seguimiento de esta problemática en el mundo.
“Se trata de una situación generalizada”, comentó la presidenta del grupo, Carmen Villa Quintana, quien dirigió una visita de trabajo que realizaron a México miembros de esta instancia entre el 15 y el 26 de noviembre pasado, una decena de días en los cuales ocurrieron 112 desapariciones.
El Estado “también es responsable cuando las organizaciones o grupos armados están de facto bajo el control de las autoridades estatales y reciben alguna forma de apoyo por parte de agentes estatales o existe un patrón conocido de desapariciones y no se toman medidas”, explicó la jurista en una rueda de prensa en Ginebra.
Desde 2017 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas ha incorporado cada año a 8,000 nuevas víctimas y ahora el total de casos documentados y sin resolver se eleva a unos 98,000.
Las desapariciones forzadas empezaron a aumentar de forma “exponencial” desde 2006 y el 98% de casos que figuran en el Registro Nacional ocurrieron a partir de ese año, detalló Villa Quintana.
“La impunidad es casi total”, denunció la presidenta del Comité, tras señalar que sólo entre el 2 y el 6% de casos de desapariciones han dado lugar a la apertura de un proceso judicial y a nivel nacional se han dictado solo 36 condenas.
Las víctimas de las desapariciones han sido habitualmente hombres entre los 15 y 40, pero las cifras oficiales indican un aumento considerable de caso entre menores a partir de los doce años, así como de mujeres.
Su propósito sería “ocultar las violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual”, explicó Villa Quintana, una destacada especialista en derechos humanos de la ONU que formo parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Otro de los aspectos que el Comité destaca en su informe como una grave preocupación es la desaparición de defensores de los derechos humanos dedicados a la lucha contra este mismo delito, así como de una treintena de periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado ni los autores sancionados.
Otros colectivos afectados por las desapariciones han sido las comunidades indígenas, en el contexto de conflictos sociales y territoriales, y personas LGTB, “con fines de limpieza social y explotación sexual, tras internamientos en los llamados centros de terapia de reconversión”.
La presidenta del Comité también relató episodios de desapariciones de conductores de camiones y de sus acompañantes en la carretera 85 de Monterrey a Nuevo Laredo, “que estarían relacionadas con el tráfico de combustible, para apropiarse de los bienes en los que estarían involucradas las autoridades municipales de Nayarit y desapariciones en los centros de internamiento de adicciones”.
El Comité de la ONU pidió al Gobierno mexicano abandonar su estrategia de militarización de la seguridad pública, por ser inadecuada para proteger los derechos humanos.
“La permanente participación de las Fuerza Armada en las labores de seguridad pública en México permite poner en duda su respeto a los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana”, sentenció Villa Quintana.
Estado mexicano acepta recomendaciones
El Gobierno mexicano se comprometió este martes a “implementar” las recomendaciones del informe presentado en Ginebra (Suiza) del Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas (CED) tras su visita a México a finales del pasado año.
“El Estado mexicano agradece el trabajo del comité y recibe sus recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe”, detalló en un boletín la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El comunicado explicó que será la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, “la institución encargada de coordinar los esfuerzos para trabajar en una estrategia de atención a las recomendaciones hechas por el CED”.
La visita fue “muestra del compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos, así como de la apertura al diálogo constructivo y la cooperación internacional”, indicó la SRE.
“En la presentación de su informe, el Comité CED agradeció el valioso apoyo y apertura del Estado mexicano para lograr la visita y que esta se diera en un marco constructivo. También hizo énfasis en los retos que enfrenta el país, así como la voluntad del actual Gobierno para enfrentarlos”, añadió la misiva.
No van a ponernos en el banquillo de los acusados: AMLO
“Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados, si estamos actuando con legalidad, con humanismo; si no permitiremos la corrupción y la impunidad”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia al informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Ellos no tienen toda la información. Con todo respeto, no están actuando con apego a la verdad”
AMLO sobre la ONU
“¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar, eso sí”, expresó el mandatario en su conferencia mañanera donde afirmó que los miembros de la ONU actúan sin apego a la verdad, además, reprochó que no hicieran estos llamamientos en el pasado, refiriéndose a los gobiernos “neoliberales”.
“La diferencia entre los gobiernos neoliberales y nosotros es que no permitimos como ellos, la corrupción y la impunidad, y el ejemplo más claro, notorio, aunque se oculta por conveniencia, es lo que sucedió durante el gobierno de Felipe Calderón cuando el secretario de Seguridad era Genaro García Luna y está preso en Estados Unidos, acusado de vínculos con la delincuencia organizada”, reiteró.
EFE, ONU, Agencias
