Senador propondrá prohibir venta de alimentos chatarra a menores de edad

Ciudad de México.- El Vicepresidente del Senado, Salomón Jara Cruz, informó que presentará una iniciativa que modifique la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para prohibir la venta de alimentos y bebidas “de alto contenido calórico” a personas menores de 18 años en todo el país.

Adicionalmente propondrá que el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) a alimentos procesados y bebidas azucaradas de alto contenido calórico, sea el equivalente a la mitad de su precio. Y que los recursos recaudados por este impuesto, se destinen a atender los “problemas y enfermedades asociados a la obesidad y malnutrición”.  

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el primer consumidor de refrescos a nivel mundial con 163 litros por persona al año, consumo 40% mayor que el de un estadounidense promedio con 118 litros al año. También es el mayor consumidor en América Latina de productos ultra procesados.

Lo que se traduce en que cerca del 73% de la población padezca obesidad y de este porcentaje, el 34% sufra obesidad mórbida. Colocando a México como el país con mayor obesidad infantil del mundo y el segundo en obesidad entre adultos.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha advertido en reiteradas ocasiones que la obesidad infantil en México es una emergencia de salud que afecta el crecimiento y el desarrollo de los niños.

Al menos 1 de cada 20 niños y niñas menores de 5 años padece obesidad, lo que favorece el sobrepeso durante el resto de su vida y los pone en riesgo de sufrir enfermedades.

Estudios de la OMS señalan que siete de cada 10 adultos, 4 de cada 10 adolescentes y 1 de cada 3 niños y niñas, presentan sobrepeso u obesidad.

La UNICEF ha señalado entre las principales causas de esta situación, la falta de acceso a alimentos frescos y saludables, “la comercialización agresiva de productos alimenticios dirigidos a niños y la alta exposición a alimentos ultraprocesados en hogares, escuelas y mercados”, lo que genera un “ambiente poco saludable” que promueve la obesidad.

Destaca el consumo de alimentos procesados con altos niveles de azúcar, grasas trans y sal, así como de bebidas azucaradas, los cuales considera “son muy fáciles de adquirir por su amplia distribución, bajo costo y su promoción en medios masivos”. 

La OMS, la Organización Panamericana de la Salud y la UNICEF, han señalado que el exceso de peso durante la infancia afecta el crecimiento y el desarrollo de los niños y puede aumentar las posibilidades de enfermedades en la edad adulta, como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.

Y de no controlarse a tiempo, las crecientes tasas de niños con sobrepeso tendrán un impacto negativo en la economía, la productividad y el bienestar general de la población mexicana.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2010 el gasto de las familias mexicanas en bebidas no alcohólicas (incluyendo refrescos) representó el 7% del gasto en alimentos.

Es decir que los hogares mexicanos destinaron la misma cantidad de dinero en refrescos que en carne de res y ternera, puntualiza el estudio.

Ante este panorama, en días recientes el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma sin precedentes, que prohibe la venta de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a menores de edad, siendo los padres o tutores el único medio de acceso a estos productos.

Dicha norma ahora busca ser replicada en entidades como Tabasco y la Ciudad de México, así como a nivel Federal desde el Senado de la República.

En contra de estas modificaciones se han posicionado organismos empresariales como la Coparmex, quienes señalan que tan solo en la entidad oaxaqueña, se verán afectados más de 58 mil pequeños comercios que expiden este tipo de productos. Aunque los legisladores proponentes han reiterado que no se prohibirá su comercialización, solo su venta a menores de edad.

De igual forma representantes de los partidos políticos de oposición particularmente el PRI y PAN, se han mostrado en desacuerdo con la iniciativa, argumentando afectaciones a la economía y una falta de consensos con los sectores sociales.

Por parte de la sociedad, la respuesta ha sido dividida entre quienes apoyan la medida al considerarla necesaria y, quienes la rechazan señalándola de arbitraria e irreal.